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Aumento de salario para la Policía bonaerense mientras estatales y docentes luchan por paritarias

El Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, analiza un nuevo aumento salarial para la Policía Bonaerense. Además aumentó las horas Polad hasta un 190%. Estatales y docentes pelean por reapertura de paritarias

Paula Ruiz Surós

Lunes 26 de septiembre de 2016
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Según trascendió en las últimas horas, el gobierno de la provincia estaría analizando un incremento salarial para la policía bonaerense que sería retroactivo al 1º de agosto. De concretarse, el ingreso mínimo para la fuerza de seguridad sería de unos 15.500 pesos. Nada mal tendiendo en cuenta que los salarios docentes y estatales están muy por debajo de esa cifra y no alcanzan a cubrir la canasta básica estimada por el Indec que es de 12.489,37 pesos.

Esto demuestra la necesidad que tiene el gobierno de María Eugenia Vidal y Cambiemos de mantener contento al brazo represivo del Estado, encargado de “contener” el descontento social que viene creciendo de la mano de los tarifazos, la devaluación y las paritarias a la baja.

Como si esto fuera poco, el ministerio de Seguridad puso en vigencia la resolución 1.468 que hace efectivo el aumento de hasta un 190% en el valor de los adicionales que realizan los efectivos en concepto de horas Polad (custodia de edificios públicos, bancos o espectáculos deportivos), que había dispuesto en marzo. Los nuevos montos serán retroactivos al 1º de septiembre.

Con esta resolución, el servicio de custodia de espectáculos, hospitales o reuniones se eleva de 40 a 88 pesos por hora (120% de aumento); la custodia de bancos, instituciones de créditos o locales que guarden valores pasa de 45 a 120 pesos (166% de incremento); y el acompañamiento de pagadores, recaudadores, traslado de valores y seguridad de personas o bienes que se venía pagando 50 pesos la hora, será de 145 pesos (un 190% de aumento).

Está más que claro que el incremento salarial y de adicionales a las fuerzas represivas tiene que ver con una clara política de mano dura que intenta criminalizar la pobreza y la protesta social, y dar más poder a la policía que organiza el gran delito.


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