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CASO NÓOS

Aunque Urdangarin vaya a prisión la justicia no es “igual para todos”

Aunque Urdangarin haya sido condenado, es muy difícil poder decir que la justicia es igual para todos como muchos quieren presentar a raíz de esta sentencia.

Federico Grom

Barcelona

Miércoles 13 de junio | 18:16

Foto: EFE /Ballesteros

El Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y diez meses de prisión al esposo de la Infanta Cristina y cuñado de Felipe VI. Esta sentencia supone una rebaja de cinco meses con respecto de la pena que le impuso la Audiencia de Palma por el caso Nóos el 17 de febrero de 2017.

Diego Torres, el socio de Urdangarin, ha sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión, una reducción de dos años y diez meses de condena y tiene hasta el lunes junto con Urdangarin para ingresar a prisión. Al expresidente del Govern de las Islas Jaume Matas se le ratifica la condena de tres años y ocho meses de prisión y ha ingresado este miércoles en la cárcel de Aranjuez (Madrid).

Cristina de Borbón, absuelta anteriormente en la Audiencia de Palma, es señalada por el Supremo como responsable civil a título lucrativo por un delito de malversación de caudales públicos y fraude por los que se condenan a su esposo. Deberá devolver 136.950 euros, pero se anula su responsabilidad por los delitos fiscales.

Un caso en la que la casa real se ve salpicada por las propias declaraciones de Urdangarin del conocimiento de ésta de sus actividades delictivas, pero que sin embargo sale limpia judicialmente. De hecho Juan Carlos I no ha llegado ni a declarar ya que “es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”.

Vale la pena recordar que entre la condena de la Audiencia de Palma y la ratificación del tribunal, el exduque ha gozado de la libertad sin fianza alguna y el permiso de residir en Suiza.

Después de intentonas varias, en especial con respecto a la Infanta Cristina, por beneficiar y lograr un trato de favor e influir en las decisiones, la entrada en prisión de Urdangarin parece inevitable.

Sin embargo, incluso para el propio juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, al conocer la sentencia declaró que era “una condena benévola, de saldo". Castro, que ya opinaba que la condena de la Audiencia de Palma era leve, suma a sus palabras “imagínate ahora que el Supremo ha rebajado 5 meses la condena para Urdangarin”. Para el magistrado "con el Código Penal en la mano no hay otra solución que decretar el ingreso en prisión de este señor" sostiene.

Por su parte Pedro Horrach, el fiscal del caso Nóos, en una entrevista pocas horas después de conocerse el fallo del Supremo se pronunció por la blandura de la condena: "No comparto el criterio del Supremo, pedí 19 años de cárcel" sostuvo. Aunque cabe destacar que a su vez pidió la absolución para la Infanta.

Según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias, el cuñado del rey Felip VI podría escoger cualquier centro del estado español si se presenta voluntariamente, aunque se cree que elegiría Barcelona o Menorca como destinos, ya que le facilitaría conseguir un trabajo para gozar de permisos.

Urdangarin aún puede pedir el indulto, pero eso no le asegura librarse de ingresar a prisión ya que este se puede resolver después de su entrada, o puede intentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que sin embargo no tiene muchos visos de prosperar.

Sin embargo Urdangarin podrá, a los dos meses de ingresar en prisión, optar al tercer grado, decisión que estará en manos del nuevo ministro Marlaska. Cumplidos una serie de requisitos, podría acceder a este grado, lo que implica salidas de la cárcel los fines de semana y de lunes a viernes si son para trabajar.

Superados los 15 meses de prisión - una cuarta parte de la condena-, el marido de la Infanta podrá acceder a permisos penitenciarios: un total de 48 días al año en el tercer grado y de 36 días si es en el segundo. Además podrá pedir la libertad condicional anticipada, antes de cumplir los cuatro años de prisión.

Una justicia de clase

Lo que está claro, es que para esta justicia para ricos una pelea de bar puede costar hasta trece años. Llevar adelante el mandato de realizar un referéndum sobre la relación con el Estado español por el cual los políticos catalanes fueron elegidos puede costar hasta treinta años.

Mientras que el desfalco de dinero público por parte del cuñado del rey y sus socios no llegan a seis de prisión con destino a elegir incluido y con reducción de pena y condiciones asegurada en poco tiempo. Y claro, la casa real de rositas, mientras crece la lista de condenados, imputados y multados por “injurias a la corona”.

Desde el Palacio de la Zarzuela han aprovechado para sostener su “respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial”.

Lejos de esto, esta sentencia no cambia en absoluto el carácter de la justicia en el Estado español. Un aparato judicial heredado del franquismo que apenas ha tenido algunos cambios de nomenclatura.

Un sistema judicial de clase, machista y conservador, con una muy cuestionada independencia política, diseñado para proteger los intereses de los ricos y castigar a los pobres, al que protesta o es crítico del régimen.

Régimen donde el enaltecimiento del terrorismo de Estado de carácter fascista no solo es tolerado sino también financiado con dinero público- como lo es la Fundación Francisco Franco-, donde los nombres de personeros de la dictadura persisten en las calles y monumentos, mientras el delito de “enaltecimiento de terrorismo” o las “injurias a la corona” son utilizados a discreción para la persecución judicial y policial de las ideas disidentes de izquierda entre los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Una persecución que busca censurar a periodistas, twitteros, artistas y a cualquiera que no comulgue con este régimen y el sistema al que sostiene para perpetuarse.






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