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CCOO y UGT llevan al Congreso una renta básica

Este jueves se aprobó la tramitación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el aval de 700.000 firmas para implementar una renta básica.

Asier Guerrero

Viernes 3 de febrero de 2017
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Se trata de una iniciativa que se propone crear una prestación de ingresos mínimos de 420 euros para los trabajadores que han dejado de percibir las prestaciones por desempleo.

La iniciativa ha contado con el respaldo de 177 votos de PSOE, Podemos, y Grupo Mixto y 165 en contra del PP y Ciudadanos. Esto significa que da entrada para que se empiecen a presentar enmiendas en las comisiones de trabajo del Congreso, para su votación posterior.

Los requisitos básicos para obtener esta prestación, como explica CCOO, sería “tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo, carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del SMI. La cuantía general a la que se genera derecho es la equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes)”. Y de acuerdo a los datos del INE, “el número potencial de beneficiarios directos de esta prestación será de 2,4 millones de personas, de los que el 62% son mujeres”. El coste total de esta medida supondría, según CCOO, unos 12.000 millones de euros (1,05% del PIB).

Esta medida se acerca a la propuesta de un ingreso mínimo de 600 euros que hizo tiempo atrás Unidos Podemos. Por esta razón, Iñigo Errejón planteo que la ILP podrían ser más “ambiciosa” que los 420 euros propuestos.

Por parte del PSOE, el portavoz Antonio Hernando, ya había dejado claro que apoyaría la iniciativa, y sin perder tiempo, ha sido el primero en hacerse la foto con los líderes sindicales de UGT y CCOO, Álvarez y Toxo, para “apuntarse el tanto”. Incluso Toxo ha tenido que salir a corregir a la prensa para decir que la iniciativa no salió de la reunión que mantuvieron con el PSOE esta semana.

Por el contario, la crítica hacia el anuncio ha venido por parte del Partido Popular, que ha votado en contra, remarcando que la intención del PSOE solo es “quedar bien”. Rafael Hernando, portavoz popular, ha retado al PSOE a plantear esta medida en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017. Lógicamente, con la intención de ver si la defendía consecuentemente en unos presupuestos que ya vienen bastante atados bajo el ojo avizor de los banqueros de la Troika. Hernando ya ha dejado claro que los gastos comprometidos por el Gobierno “son del 85% de los presupuestos, con lo que solo hay un crédito de 20.000 millones de euros”. Importe que ha amenazado en recortar en los gastos de educación, investigación y obra pública si van destinados a esta medida legislativa.

Los sindicatos UGT y CCOO ya han dicho que es perfectamente asumible. Para sorpresa de todos, el presidente de la patronal Juan Rosell ha afirmado que la renta mínima es un “buen” recurso para ayudar a que subsistan las personas “que se han quedado en el camino”. Sin embargo, Rosell ha asegurado a continuación que habrá que ver si “se lleva a cabo”.

Por otro lado, el partido de Albert Rivera, que junto al PP ha votado en contra de la tramitación de la ILP, considera que es mejor defender “un complemento salarial” frente a un “ingreso mínimo”. Un recurso que podría ser saludado por las empresas para dejar de hacerse cargo de una parte del salario de los trabajadores.

Esta iniciativa ha vuelto a poner en el centro del debate público la cuestión de la Renta Básica Universal, que han venido planteando con cada vez más fuerza distintas corrientes al calor de la crisis. Esta buscaría que todo ciudadano (en este punto sin diferenciar si son trabajadores, desempleados, cuentapropistas o pequeños empresarios) recibiese un ingreso, independientemente de estar trabajando o no.

Algunos partidos han asumido esta reivindicación. Podemos propuso en su programa para las europeas de 2014 una renta universal, pero en las elecciones generales de diciembre de 2015 bajó esta propuesta (como parte de su giro a la moderación y la centralidad política) para dejarla como una “garantía mínima de ingresos” para personas de bajos recursos, parecida a la que se aplica en la comunidad vasca. Esta misma propuesta también la hizo el PSOE con su llamado “Ingreso vital mínima” en las mismas elecciones. Y sorprendentemente, estos meses vimos que el Foro Económico Mundial, donde se reúnen los grandes magnates de los negocios, en su web ha empezado a plantear también una forma de Renta básica.

La ILP presentada se queda lejos del SMI actual y reproduce salarios de miseria, es insuficiente. Pero tampoco la Renta Basica Universal resuelve las consecuencias de la crisis capitalista.

Pero más allá de la ilusión de acabar con todos los problemas de la humanidad con la llamada RBU la realidad es que no solo no se plantea como se forzará a los capitalistas a pagar los ingresos de los trabajadores, sino que una RBU, en el marco de la propiedad privada, lo más probable es que presione a una caída generalizada de los salarios, puesto que en el fondo abre la posibilidad de que los capitalistas dejen de pagar los salarios de los trabajadores por tener asegurados a priori gran parte de ese salario por parte del Estado, financiado por los mismos trabajadores.

En ese sentido, sería más realista defender el reparto de horas entre todas las manos disponibles permitiendo reducir el tiempo de trabajo sin reducción salarial, y una escala móvil de los salarios ligado a un IPC real elaborado por los propios trabajadores y costeado por los capitalistas, a la vez, que la defensa de un subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar trabajo y ligado a la escala móvil de salarios.


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Asier Guerrero

Delegado sindical de CGT Telepizza y militante de CRT

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