La consejera de Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, abrió el pasado 13 de noviembre un acto organizado por la Asociación Española contra la Despoblación, que lejos de dar una solución a este problema en la región, nos ofrece como alternativa precariedad o especulación con la vivienda a través del ‘coliving’ o el ‘cohousing’, a la par que se pretenden construir nuevas viviendas mientras muchas otras quedan vacías.

Hace no mucho que se hablaba de la “moda” de compartir una vivienda como la nueva forma de vida entre la juventud trabajadora, pero esto no es ninguna elección, los jóvenes se ven obligados a compartir sus gastos debido a los trabajos precarios y temporales que tienen, sumado a los desbordados precios de alquiler, fruto de la especulación como ya ocurre en las ciudades.

Estas propuestas no son más que otra forma de precariedad para los jóvenes y la clase trabajadora, ya que promueven una precarización del espacio personal y de los cuidados de nuestros mayores, vendiendonos que estos, participando en el ‘coliving’, dispondrán de mayor “privacidad y autonomía” que en una residencia, cuando tienen el derecho a que sus cuidados sean atendidos a través de un servicio público. Si ya es penoso que el “coliving” se muestre como la nueva tendencia de vivienda en los jóvenes, que se plantee también para las personas mayores es aún más vergonzoso.

Impulsar este tipo de prácticas es, además, incoherente con otras políticas del Ejecutivo cántabro para combatir la despoblación, como la Ley del Suelo, que facilitará la construcción de nuevas viviendas en suelo rural, medida que no tiene ningún sentido mientras existen otras tantas vacías y abiertas a la rehabilitación. La despoblación no puede combatirse a través de la simple construcción de nuevas viviendas y mucho menos si estas son para segundas residencias. Además esta ley facilita el acceso a la construcción a través de grandes superficies, cuyo acceso se ve reducido a aquellos que puedan permitírselo, tales como empresas constructoras con el objetivo de especular con este derecho básico.

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Estas propuestas forman parte de un plan estratégico contra la despoblación impulsado por el Gobierno de Cantabria, pero este no deja de ser un puñado de promesas disuasorias que hacen para ofrecer una mejora mínima en estas localidades y que ni se acerca a ofrecer un plan realmente democrático sobre la ordenación del territorio ni la conservación de nuestros pueblos con la participación activa de todos sus habitantes. No podemos esperar, por ejemplo, una mejora del transporte entre las distintas zonas rurales de Cantabria, si no se dispone siquiera de buena conexión en las áreas urbanas.

La repoblación y conservación de los pueblos debe venir acompañada de una mejora de los servicios públicos, tales como las residencias, el transporte, la educación o la sanidad, y garantizando el derecho a la vivienda mediante la rehabilitación de casas vacías, y la construcción, si hiciera falta, con una justa conservación del suelo a través de la organización democrática de la clase trabajadora presente en los pueblos para la conservación del patrimonio natural y cultural presente en todas las áreas rurales.