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MADRID VIVIENDA

Carmena contra las okupaciones cuando el propietario reclame el inmueble

La alcaldesa sale en defensa de la propiedad privada y en favor de la persecución de las okupaciones “ilegales”. Ahora Madrid se aleja cada vez más de dar soluciones efectivas al problema habitacional.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Jueves 9 de junio de 2016 | 16:07

Foto: EFE

La alcaldesa Manuela Carmena realizó el sábado pasado unas reveladoras declaraciones en relación a la ocupación de edificios vacíos por parte de colectivos okupas, en las que destacó que “lo suyo es que, cuando los propietarios reivindiquen la propiedad, las personas se marchen y dejen la propiedad”.

Estas palabras definen claramente el posicionamiento de la Alcaldesa del “cambio” de Madrid en favor de la defensa de la propiedad privada. No olvidemos que la inmensa mayoría de esos propietarios son la banca y los especuladores del suelo.

La justificación política y social de muchas de esas ocupaciones es precisamente cuestionar la propiedad privada y luchar contra los intereses de las élites financieras y económicas que dibujan el paisaje urbano capitalista, frente a la escasez de espacios para las clases populares.

Las polémicas declaraciones las realizó además en el marco del juicio contra el concejal Guillermo Zapata, por un presunto delito de usurpación a raíz a su participación en la ocupación del emblemático centro social Patio Maravillas, antes de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid.

La alcaldesa reflexionó también en el sentido de que la ocupación supone una “invasión” de la propiedad privada, pero consideró que “la utilización de los edificios en desuso no es una ocupación como tal”, por lo que a su juicio puede estar en un marco de “tolerancia, si no hay interés de tener una posesión activa”.

Sin embargo, el equipo de Ahora Madrid nunca ha planteado una alternativa ante esta necesidad social. El municipio cuenta con los medios y la capacidad para legislar e intervenir en apoyo a las iniciativas sociales que tratan de buscar una solución al problema de la falta de viviendas o de espacios socioculturales. No basta con meras declaraciones de intenciones. Sin embargo, hasta ahora no ha expresado ninguna intención de dictar alguna normativa municipal que pudiera facilitar las ocupaciones y la dedicación para fines sociales de los inmuebles vacíos.

Más bien al contrario. Al principio de su mandato el intento de obtención para el Ayuntamiento de Madrid de viviendas para uso social pertenecientes al SAREB o a BANKIA -ambas entidades sufragadas con fondos públicos- para atender las urgencias habitacionales derivadas de los desahucios, quedó en un “bluf”. En ningún momento se hizo otra cosa que conformarse con los libremente cedidos por los estos grandes especuladores y responsables de los miles de desahucios y al precio que voluntariamente quisieron ofrecer. De medidas punitivas, sanciones y mucho menos expropiaciones, ni una palabra. Todo además con el agravante de ayudar a lavarse la cara a las entidades, presentándolas no como el problema, sino como la solución.

Por otra parte, la Delegada del Gobierno del PP en Madrid Concepción Dancausa, anunció que la ocupación ilegal de viviendas en Madrid sería perseguida intensamente. Para facilitar esta persecución se ha creado la figura del “comisario antiokupa”. Figura que corresponde a la de un coordinador especializado de la Policía Nacional que “centralizará las acciones y favorecerá que la lucha contra estas usurpaciones de viviendas sea cada vez más efectiva”. Además de profundizarse toda una campaña mediática contra el movimiento okupa, en el mismo sentido que la desplegada en Barcelona tras el desalojo del Banco Expropiado.

El plan de acción contra las ocupaciones de viviendas comenzaría por facilitar la pronta denuncia de los propietarios de las viviendas ocupadas, la mayoría perteneciente a los bancos estafadores, para que se aborde su desocupación mediante la fórmula de los juicios rápidos y se impongan medidas cautelares que permitan los desalojos inmediatos.

En la misma línea, la alcaldesa Manuela Carmena dijo que hay luchar contra las ocupaciones ilegales “de la patada en la puerta” porque son un delito y las perpetran fundamentalmente mafias que “hacen su ilegal negocio” cuando “las instituciones no son respetuosas” con los ciudadanos que necesitan una vivienda.

Curiosamente, todo esto ha coincidido con otra noticia que ejemplifica perfectamente la política errática sobre la vivienda social del Ayuntamiento de Madrid. La Oficina de Intermediación Hipotecaria, una de sus promesas electorales estrella y que pretendía poner “todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y garantizar una alternativa habitacional”, quedará clausurada en agosto.

Totalmente alejado de la denominación y fines de la oficina, ya el día de su inauguración Marta Higueras, concejal de Servicios Sociales, declaró muy enfáticamente: “No me molesta que digan que tenemos una fijación con los desahucios, abrimos la oficina para evitar que nadie se quede en la calle; la vivienda es un derecho y trabajaremos para que sea así”. El fracaso ha sido estrepitoso como demuestran las duras críticas a su actuación realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La PAH acusó a esta oficina de intermediación de posicionarse sistemáticamente en favor de los grupos inmobiliarios y las entidades financieras con la connivencia del Ayuntamiento de Madrid.

Ya sonó a “chusco” que todo el personal que tuviera la Oficina fueran tres trabajadores sociales y tres administrativos para recibir a las familias afectadas y darles una solución. Además, el servicio fue privatizado y este personal ha estado actuando al servicio de la oficina notarial Signum, experta en intermediaciones y con quien el Ayuntamiento “del cambio” efectuó el servicio de “defensa del derecho a la vivienda”. Algo surrealista si quien lo tiene que gestionar no es precisamente un defensor de ese derecho sino más bien al contrario un facilitador y cómplice del negocio estafador de la vivienda, como denuncio muy justamente la PAH.

Ahora, y coincidiendo con las críticas de la PAH, se abrirá una nueva oficina que se pretende que no solo se centre en los desahucios por hipotecas no pagadas, sino que abordará impagos de alquiler y ocupaciones de distintos tipos.

Marta Higueras indicó que tanto para alquileres como para las ocupaciones se estudiarán los casos. En lo que fue tajante y muy clara fue en que si no cumplían los requisitos considerados “… los echaremos”, y que todos aquellos que están ocupando deberán llevar viviendo en el piso como mínimo un año para que valoremos su situación. Algo que se hará impensable con la aprobación del programa de “desalojo express” recientemente firmado con la Delegación del Gobierno del PP en Madrid.

Todo ello pese a reconocer que el Ayuntamiento tiene un problema de falta de pisos sociales para albergar a los interesados -4.000 en listas de espera-, consecuencia de la venta a fondos buitre del patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). Aún así el mensaje para los afectados es que tienen que quedarse en la calle y no ocupar, a la espera de un solución que nunca llega y que si se deciden a hacerlo, se enfrentarán a la persecución conjunta del equipo municipal y la Delegación del Gobierno.

Esta es la política social del “Ayuntamiento del cambio”, más bien de continuidad con las políticas neoliberales del PP con una pátina de falso humanismo que no va más allá de las meras declaraciones y soluciones epidérmicas sin abordar la solución estructural a los problemas de escasez habitacional a precios asequibles y en relación a los niveles de ingresos de la clase trabajadora y las clases populares.






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