Esta movilización se produce ahora, en 2023, a menos de un año de las anteriores jornadas de movilización históricas del sector educativo del 2022. Pero esto no quiere decir que el deterioro de la situación en las aulas catalanas tenga raíces cortas, más bien todo lo contrario.

En los últimos 20 años, y bajo la batuta de los diferentes gobiernos autonómicos, la inversión en educación nunca ha superado el 4,5% del PIB. De hecho, tal como señalan los datos del propio Departament d’Ensenyament, comparando el porcentaje de gasto en Educación respecto al PIB entre 2005 y 2020, solo hay un aumento del 8,57%. Un aumento que queda muy por detrás del aumento de alumnos entre ambas fechas, que se sitúa en el 13,22%. Más del 4,5% de diferencia entre el porcentaje de gasto destinado a Educación y el aumento de alumnos, y por tanto de necesidades en infraestructuras, personal, formación, etc.

Los datos anteriores muestran ligeros aumentos, insuficientes, pero aumentos. Pero ¿Con que se contrapone esta inversión? ¿Sobre qué situación se actúa? Pues bien, durante la crisis del 2009 y 2014, el recorte en educación en Catalunya, según fuentes del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadística (INE), fue del 26,3%, mientras que el aumento de inversión, que se empieza a realizar en el periodo 2014-2018 es del 18,7%. Por esto, aunque en el último periodo los números sin contexto nos hablan de aumentos, se hacen sobre unos recortes muy mayores que ni siquiera se llegan a revertir.

El último informe del Departamento de Presidencia de la Generalitat concluye que la inversión en Educación en 2019, en relación con el PIB, consiguió el 4,2%, muy lejos del 6% que exigen desde los sindicados de docentes y personal educativo.

Además, estas cifras juegan con la situación producto de la crisis que provocó la pandemia. Es decir, este ligero aumento en la inversión en educación respecto al PIB se secunda también precisamente en una caída del PIB, haciendo en términos absolutos que este aumento sea menor y totalmente insuficiente. Es claramente insuficiente porque más allá que se maquillen los números, el gasto por alumno del Departament d’Essenyament en el periodo 200-9-2019 cayó un 11,5% según precios corrientes (23,2% según precios constantes), algo que en términos absolutos es pasar de un gasto por alumno de 4,490€ a 3.973€, tal como recoge el informe anual de la Fundación Bofill.

Esto provoca que las familias catalanas tengan que invertir más porcentaje de sus ingresos, golpeados por la crisis e inflación, en la educación de sus hijos e hijas. De media en Cataluña las familias invierten en educación cerca de 880€ anuales, algo que supone 400€ más que la media de gasto en el resto del Estado español, excepto en la Comunidad de Madrid, que se encuentra por delante.

Hablamos de crisis e inflación, porque la situación y las necesidades de la educación catalana no se pueden separar de la situación social y política. Las crisis del 2008 y pandemia, sumado a la actual crisis inflacionaria, ha modificado la cara de la pobreza, haciéndola trágicamente más infantil.

En 2007 la pobreza infantil se situaba en Catalunya en torno al 20%, mientras que en la actualidad se sitúa por encima del 30%, una cifra que no se había conseguido en los últimos 20 años, según datos del IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya). Esta situación tiene un impacto terrible en la calidad de la docencia para todos estos alumnos y para sus familias que, además, durante la pandemia y las clases en línea, se agravó mucho más.

Se estima que la diferencia de adquisición de competencias entre alumnas que se encuentran en situación de pobreza y los alumnos que no, es de dos cursos académicos. Y frente a esta situación solo se toman medidas tímidas e insuficientes.

El sistema de becas en Catalunya ha aumentado su inversión, pasando del 0,53% en 2010 (respecto al total del gasto en Educación) al 2,38% actual. Pero esto no es suficiente para la gravedad de la situación. Catalunya se sitúa a la cola de la Unión Europea, y el porcentaje de alumnado becado es 6 puntos menos que en el resto del Estado. ¿El resultado? Todavía el 50% del alumnado en riesgo o situación de pobreza se encuentra sin acceso a becas.

Esta evolución de recortes y de infrafinanciación se ha sucedido legislatura tras legislatura sin importar el color político del partido o partidos que ocuparan la Generalitat. Desde Pujol, pasando por el Tripartito, Mas, Puigdemont, hasta el actual Gobierno de ERC, todos ellos son responsables de la situación límite que vive la educación catalana.

Esto no es por falta de dinero en las arcas públicas, sino por decisiones políticas en la hora de preparar los Presupuestos y de decidir en que se gastan el dinero. Si por algo es conocida la Educación en Catalunya es por su amplia red de escuelas concertadas, esta que además de recibir el dinero de las cuotas por parte de las familias, reciben también financiación pública.

Los centros concertados representan nada más y nada menos que un tercio (el 32%) de los centros en el territorio, y aun así estos se llevan el 43% de la partida presupuestaria de Educación según denuncia la CGT. Y, si miramos quién se beneficia, la respuesta es todavía más indignante: fundaciones, sociedades mercantiles y la Iglesia. Precisamente, las congregaciones religiosas y órdenes católicas representaban más del 33% de este tipo de centros en el curso 2019-2020 según el informe de la Fundación Bofill.

Esta configuración de la red educativa tiene también sus consecuencias segregadoras del alumnado. Por un lado, 2 de cada 3 niños y niñas con dificultades socioeconómicas se encuentran en la pública. En cuanto a la inclusión, los centros de complejidad mediana-alta, alta o muy alta eran de un 61,3% en la red pública ante el 25,4% de la concertada. Por otro lado, la Iglesia, las fundaciones y las sociedades mercantiles son los grandes beneficiados, puesto que constituyen más del 68% de los centros concertados.

No es mejor la situación en lo que a la Formación Profesional se refiere. Solo pueden estudiar en centros públicos 4 de cada 10 jóvenes, según datos de CCOO y UGT para el curso 2022-2023. Además señalan que los largos tiempos de inscripción y las trabas burocráticas propician un trasvase de alumnos a la red privada, favoreciendo nuevamente el negocio a estas instituciones en el sector de la Formación Profesional.

Esta es la foto completa por la cual los trabajadores y trabajadoras salen nuevamente a las calles este 25 y 26 de enero junto a los y las profesionales del sector sanitario. Para denunciar la falta de profesorado, aulas masificadas, elevada tasa de interinos, falta de presupuesto, sobrecarga de trabajo, escasa democracia interna en los centros, currículums de estilo neoliberal: esta es la realidad del sistema educativo en Cataluña.

Las próximas movilizaciones tienen denuncias y reclamaciones claras. Cómo señalan desde la CGT Enseyament: "No avanzamos hacia el 6% (de inversión del PIB), no se deroga el decreto de plantillas, la democracia en los centros brilla por su ausencia, no se acuerdan unos currículums que garanticen el acceso al conocimiento para todos, no se reducen las ratios, estamos viviendo un proceso de estabilización del personal docente y educativo (concurso de méritos y oposiciones light) insuficiente tanto en número de plazas como en los criterios que están usando y que no garantizan la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras en fraude de ley".

Además, a lo largo de la negociación, no han sido escuchadas ni una sola de las reivindicaciones del Personal de Atención Educativa (PAE): estabilización de todas las trabajadoras, aumento de plazas y equipos PAE, nombramientos transparentes, garantizar todas las sustituciones, reconocimiento de sus funciones, etc.".

Una situación insostenible para la educación en Catalunya, pero que lejos de callarse, con las históricas jornadas de movilizaciones del 2022 y las nuevas jornadas de huelga del 25 y 26 de enero, vuelve a ponerse de pie para luchar en defensa de este servicio público esencial.

Unas movilizaciones que esperamos que sirvan como primer impulso para una gran jornada de lucha y coordinación de los servicios públicos en todo el Estado español, en el camino de conquistar una educación y sanidad que no sea un negocio para algunos pocos, 100% pública, gratuita y de calidad, sin precariedad para sus trabajadores y trabajadoras y al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares.