El domingo La Directa sacó a la luz el segundo caso de un agente de la Policía Nacional (D.H.P) infiltrado en los movimientos sociales, políticos y sindicales en Catalunya. El agente ha estado durante dos años en el movimiento libertario de Barcelona, especialmente en el barrio de Sant Andreu. En esta ocasión, se destaca la utilización de las relaciones sexoafectivas como método para lograr ganarse la confianza.
Ayer, cinco de las activistas afectadas por el caso se personaron como acusación particular con el apoyo jurídico de CGT e Irídia contra el policía y se querellan además contra su superior jerárquico. Denuncian cuatro tipologías de delitos diferentes cometidas por el agente contra cada una de las afectadas. Según recoge la CGT, constan de “cinc delitos de abusos sexuales continuados, cinc de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, cinco de descubrimiento y revelación de secretos y, finalmente, cinco de impedimento del ejercicio de derechos cívicos.”
Cabe recordar que la infiltración de agentes únicamente está justificada legalmente cunado se trata de casos de lucha contra el crimen organizado, tráfico de drogas o terrorismo. Sin embargo, aquí se trata claramente de una actuación dedicada a perseguir a movimientos sociales y sindicales.
Sobre los delitos de abuso sexual continuado, sostienen que las leyes se basan en la idea del consentimiento y, dadas las circunstancias, debe considerarse viciado en los hechos. Además, la querella apunta lo siguiente:
“En el presente caso, la conducto de D.H.P no solo transgrede los límites legales de la actuación de los cuerpos policiales, sino que el mismo traspasa límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de aquellas mujeres y su autonomía sexual.”
En relación con el delitos de tortura y subsidiariamente delitos contra la integridad moral, las abogadas de las activistas lo justifican así:
“La privación de la condición de persona mediante un uso instrumental de las querellantes, así como la generación de un sufrimiento innecesario en ellas, son elementos que configuran un delito contra la integridad moral”.
Por último, consideran que se ha producido una vulneración del derecho a la vida privada y familiar, ya que el agente tuvo acceso a información tanto política como personal de las afectadas. Asimismo, la infiltración constituye un atentando contra el derecho fundamental de asociación y sindicalización de las activistas.
La denuncia quiere esclarecer los responsables, apunta hacia los superiores y señala directamente la responsabilidad del Ministerio del Interior en este y otros casos acontecidos durante los últimos años entre los cuales se encuentra otro policía infiltrado (M.H.P) en la Esquerra Independentista y el espionaje a través del Pegasus.
