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Colapso de la atención primaria. Las Comunidades se niegan a contratar más personal

El colapso de la Atención Primaria se agudiza. Sanitarios y sindicatos exigen planes de urgencia inmediatos para descongestionar las consultas, apuntan a que es preciso que se contrate más personal y se refuercen los recursos. Sin embargo, las Comunidades Autónomas se niegan a reforzar la sanidad pública.

Elías Lavín

Viernes 14 de enero
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El grueso del debate se centra en el problema que supone para los y las sanitarias tramitar las bajas laborales. Buena parte de los sanitarios de los centros de atención primaria se encuentran atrapados en trámites burocráticos ante la falta de personal administrativo. Tan solo el mes pasado se tramitaron 600.000 bajas laborales. Esta actividad administrativa, que se suma a la sobrecarga de pacientes ante el número de infectados por Covid, bloquea la capacidad asistencial de médicos de familia y pediatras.

"Tenemos consultas con muchas más citaciones de las que deberían y con algún día con el 90% por trámites de altas y bajas", relata Rafael Ortega, médico de familia en un centro de salud de Madrid y presidente de la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM).

Sin embargo, los propios sanitarios advierten que no basta con agilizar estos trámites burocráticos, sino que hace falta un “refuerzo real” de la atención primaria. Así lo lleva reclamando el citado INCOEM. Y esto implica contratar a más personal y reforzar los recursos físicos de los centros.

Las Comunidades Autónomas hacen caso omiso a las advertencias de los trabajadores sanitarios. Ante la saturación optan por tomar cualquier tipo de medidas excepcionales antes que llevar a cabo dicho “refuerzo real” de la Atención Primaria. Valga de ejemplo las declaraciones de este miércoles de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando afirmaba que ya es posible en algunas comunidades emitir en una sola visita al médico la baja y el alta por Covid.

Catalunya, Murcia o Valencia han aprobado, incluso, la gestión automática de bajas y altas. Asturias, por su parte, ha optado por repartir las cargas burocráticas con los rastreadores. En Euskadi o Canarias se ha habilitado un formulario web y un número de teléfono para que se pueda solicitar desde casa.

Sin embargo, pasados dos años de pandemia, ninguna Comunidad Autónoma está llevando a cabo planes de fondo que permitan al sistema de salud afrontar el nuevo repunte de contagios. Ante la nueva ola prácticamente ninguna comunidad ha contratado nuevo personal, sino que optan por “tirar con lo que ya hay”. Varios sanitarios como Rafael Ortega, vocal del INCOEM, afirma que no es un problema tan solo una mayor carga de trabajo, sino que fundamentalmente hay falta de profesionales y recursos.

A la sobrecarga de trabajo ante el nuevo repunte se le suma el agotamiento acumulado de los y las trabajadoras de la salud tras dos años de pandemia. El estrés, el cansancio y las bajas laborales en los centros están haciendo mella, dejando la sanidad pública devastada. La ratio ideal de pacientes, entre 35 y 40 al día, hace mucho que ha dejado de cumplirse.

La semana pasada, en Vigo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ordenaba a los facultativos de 14 centros de salud que solo atiendan casos de covid, procediendo a anular citas. En Andalucía: “hay una barbaridad de infectados y calculamos que llegan a 7.000 enfermeros los positivos, un 30% de los 20.000 en plantilla”, apunta el sindicato de enfermería Satse. La Junta despidió el pasado 1 de noviembre a 8.000 sanitarios y sanitarias. En Cataluña, según datos de la Generalitat, hay 2.500 sanitarios de baja. En Madrid ni siquiera hay datos actualizados. El 27 de diciembre de 24.213 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, había 1.377 de baja por covid, un 5% de los profesionales.

En 20 meses de pandemia bien se podría haber revertido esta situación. Con un plan sanitario de emergencia que, además de reforzar hospitales reforzara la atención primaria tomando las reivindicaciones de sus trabajadores y trabajadoras. Esto es: la contratación directa de más personal sanitario, además de administrativos y rastreadores. Es preciso, asimismo, sufragar esta inversión como impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales, en vez de hacer recaer el peso de estas medidas sobre los bolsillos de la mayoría trabajadora, o destinar los fondos europeos a esta cuestión de emergencia. Asimismo, se deben establecer licencias laborales pagas para el contagiado y quienes le cuiden. De igual modo, hace falta la intervención estatal inmediata de todas las clínicas privadas, farmacéuticas y laboratorios, para integrarlos junto al resto del sistema de salud pública dentro de un plan de emergencia que permita descongestionar hospitales y centros de Atención Primaria.


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Elías Lavín

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