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BRASIL

Combatir las operaciones del poder judicial requiere una política independiente del PT

La profundización del giro represivo del poder judicial se expresó en el cerco en la ciudad de Curitiba. Cómo enfrentar estás medidas que se volverán contra las organizaciones de los trabajadores.

Felipe Guarnieri

Trabajador Subte San Pablo

Maíra Machado

Docente en Santo André, ABC paulista

Viernes 12 de mayo de 2017

Con el cerco armado en la sureña ciudad de Curitiba este miércoles, día en que el expresidente Lula da Silva declaró a la justicia, se profundizan los elementos represivos del poder judicial. El PT, que con su estrategia de conciliación con los empresarios le abrió camino a la derecha durante sus gobiernos, hoy es blanco de esas medidas que luego se volverán contra las organizaciones de la clase obrera que se levanten contra las reformas Temer y otros ataques.

La operación judicial Lava Jato demuestra que sus intereses no son “imparciales” y “éticos” para combatir la corrupción. Como hemos denunciado, siguen impunes las grandes empresas multinacionales y figuras importantes del régimen político. Es una operación que favorece intereses de monopolios extranjeros en el país, al servicio de recomponer el erosionado régimen político por derecha, sustituyendo un entramado de corrupción con la cara del PT por otro con la cara de la derecha.

El también autoritario y golpista juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes explicó un poco los métodos de los que se vale la operación Lava Jato, sobre las prisiones preventivas: “No tendría ningún encanto [...] esperar la condena en segunda instancia para que el sujeto cumpla la pena. Todo esto es parte también de un juego retórico mediático”. Es decir, es una operación que se vale del espectáculo mediático, de la supuesta legitimación de la opinión pública para realizar prisiones, escuchas telefónicas, vaciamientos, traslados forzados para declarar y otras prácticas represivas, aun cuando no haya pruebas. Las delaciones premiadas con reducción de condenas, traslados forzados, entre otros métodos, son usados cotidianamente por los órganos represivos para controlar la pobreza estructural en el país, al tiempo que llevan dinero a los cofres del poder judicial, beneficiando a empresarios donantes y políticos receptores de coimas. La misma justicia que legitima esos privilegios garantiza también que una gran parte de la población pobre y negra que está en las cárceles no tenga derecho ni siquiera a un juicio.

El testimonio de Lula este miércoles en Curitiba mostró una vez más que el golpe institucional abrió espacio a medidas más autoritarias por parte del poder judicial brasileño. El sitio militar a Curitiba con miles de policías en las calles, impedimento de la llegada de colectivos y protestas alrededor de la Justicia Federal, el desalojo contra el Movimiento Sin Techo (MST) o la suspensión sin ninguna prueba de las actividades del Instituto Lula son ejemplos tajantes del autoritarismo judicial. Estas medidas hoy tienen como blanco al PT y otras organizaciones que apoyaron a los gobiernos petistas, como el MST. Sin embargo, el fortalecimiento del potencial represivo del Estado capitalista contra algunos actores del régimen prepara un avance mucho más duro contra todas las organizaciones de la clase trabajadora y contra todos los trabajadores que se levanten contra las reformas de Temer y otros ataques.

La acentuación del carácter represivo del Estado no ocurre por fuera de la coyuntura nacional y de lo que fue la movilización de los trabajadores hace dos semanas atrás, el 28 de abril. El mayor paro en décadas mostró que los trabajadores de Brasil no aceptarán fácilmente los ataques que los capitalistas quieren imponerles. En contra de esa fuerza es que se volcará la escalada autoritaria del poder judicial, y por eso es necesario combatirla profundamente.

El propio PT se alió con la derecha para gobernar y aplicó ajustes contra los trabajadores, abriendo el camino al golpe institucional y al aumento de la represión, con medidas como la Ley Antiterrorismo, aprobada en el gobierno de Dilma Rousseff. En el momento del golpe, no movilizaron a ningún sector de base de los trabajadores que dirige la CUT, no organizaron ni siquiera un paro. Ahora hacen un doble juego: intentan mantenerse como una alternativa en las elecciones presidenciales de 2018 mientras utilizan toda la repercusión de la operación judicial Lava Jato para mostrar resistencia.

En la edición de lanzamiento de la revista Idéias de Esquerda publicada en la última semana, mostramos que Lula y el PT siempre tuvieron una estrategia de conciliación con la patronal y preservación de la institucionalidad burguesa. Desde su origen sindical, la transición pactada con la dictadura, el control burocrático de las huelgas contra las privatizaciones y la llegada al poder. Lula y el PT traicionaron ya en sus orígenes, se adaptaron al Estado burgués y gobernaron para los capitalistas, incorporando incluso los métodos de corrupción de la democracia burguesa.

El PT hoy critica la arbitrariedad del poder judicial contra sus fuerzas y no contra fuerzas políticas como el PSDB, como si estas medidas fuesen solo una persecución contra ellos, “la izquierda”, mientras “la derecha” sale ilesa. Sin embargo todas las medidas del poder judicial y de la operación Lava Jato apuntan a la construcción de una situación más reaccionaria contra los trabajadores. Lula viene asumiendo el papel de víctima de la Lava Jato para ubicarse electoralmente frente al 2018, sin embargo el propio expresidente afirmó que es necesaria la legitimidad de las urnas para aplicar la reforma previsional.

De esta manera el PT quiere transformar todas las movilizaciones contra Temer en una forma de fortalecimiento electoral de Lula, para intentar restablecer su estrategia de conciliación de clases para aplicar los mismos ajustes, quizás un poco más blandos.

Para defender sus organizaciones sindicales, partidarias, prensas y asociaciones obreras de la truculencia judicial, los trabajadores tienen que organizarse alrededor de una estrategia de enfrentamiento con los capitalistas, de una política de independencia de clase contra cualquier variante patronal o de conciliación de clases, como son el PT y Lula, que buscan la legitimidad de las urnas para aplicar los ajustes antipopulares a su manera.

Así, si es cierto que los trabajadores no deben tener ninguna confianza en el poder judicial golpista, tampoco deben depositar esperanza en la elección de Lula en 2018 como salida a la crisis y derrota de los ataques. Es necesaria una fuerte movilización desde las bases para, en primer lugar, derrotar con la fuerza de los trabajadores las reformas y el gobierno de Temer, y combatir las medidas represivas del poder judicial, para avanzar en contra del régimen político burgués de conjunto cuando lo permita la situación, no preservarlo.

Como sintetizó Diana Assunção, dirigente del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de San Pablo y dirigente del MRT, “estamos en contra y combatimos al golpe institucional que puso a Michel Temer en el poder para profundizar y aumentar los ataques que el PT ya venía aplicando. No defendemos al PT ni a sus gobiernos, al contrario, combatimos su política. Pero rechazamos el intento de encarcelamiento de Lula porque se trata del aumento del poder judicial brasilero y de la Lava Jato para avanzar contra los trabajadores y sus organizaciones”.

Hemos expresado en otros artículos de Esquerda Diário, es necesario organizar desde las bases a miles de trabajadores y trabajadoras en comités en los lugares de trabajo, para enfrentar las reformas, y a la derecha, en forma independiente del PT. Exigimos a las centrales sindicales que pongan miles de micros para ir a Brasilia a combatir realmente las reformas el 24 de mayo, pero también planteamos la necesidad de una nueva huelga general organizada desde los comités hasta tirar abajo todas las reformas del gobierno Temer.






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