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Contra el golpe institucional del Tribunal Constitucional: ¡Abajo la casta judicial!

La escandalosa votación del TC para impedir su renovación demuestra el carácter profundamente reaccionario de esta institución, como del régimen político que la sostiene. Hay que terminar con la casta judicial: ¡Elección de jueces por sufragio universal y con mandato revocable! Basta de jueces-monarcas designados por los partidos del régimen del 78.

CRT Estado Español

Martes 20 de diciembre de 2022
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El Tribunal Constitucional, esa institución totalmente antidemocrática de 12 miembros, en su mayoría elegidos a dedo por los partidos del régimen, ha decidido este lunes impedir una votación en el Senado, donde se iba a legislar sobre la renovación del organismo judicial, en el que dos de sus miembros tienen mandato caducado. Y ha sido el voto de esos dos jueces el que ha definido la votación. Un verdadero “golpe judicial” contra el poder legislativo, avalando la petición del Partido Popular.

La votación se ha impuesto por 6 votos contra 5 (uno de sus miembros está de baja) en un organismo dividido por su adhesión al PP o al PSOE, ya que la mayoría de sus integrantes son elegidos directamente por los partidos del régimen del 78. Antes de esa votación, dos jueces afines al PP votaron en el Tribunal de Garantías en contra de su propia recusación, presentada por Unidas Podemos. Más escandaloso, imposible.

A pesar de esto, desde el Gobierno de coalición han dejado claro que acatarán la decisión, más allá de las pataletas discursivas de Unidas Podemos. Es que el PSOE nunca va a cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional, una institución reaccionaria, pilar clave del Régimen del 78, que ha sido utilizada tanto por unos como por otros para defender los intereses de la burguesía, la monarquía y sus propios privilegios de casta política.

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El Senado se apresta ahora a seguir con la tramitación de las reformas en el Código Penal, según el pacto entre el Gobierno y ERC, para modificar los delitos de sedición y prevaricación. Este acuerdo ha sido atacado por la derecha como una cesión inaceptable a los independentistas. Sin embargo, se trata de una reforma que, lejos de avanzar en elementos democráticos, incluye el aumento de las penas para la protesta social. Ya que, si bien con el nuevo Código Penal se podría rebajar algunas penas de los presos y procesados del procés, deja intactas las más de 4000 causas contra otros independentistas y endurece las penas de cárcel contra la protesta social.

Al mismo tiempo, desde el sector “progresista” del Régimen (PSOE-Podemos) denuncian un “golpe contra la democracia”. Y está claro que el partido judicial busca imponer su autopreservación mediante un verdadero golpe institucional. Por eso repudiamos la resolución del TC, ¡una decisión que no tiene ninguna legitimidad y no debería acatarse! Pero esto no significa que aceptemos las cínicas defensas de la “democracia” por parte del PSOE y los partidos “progresistas” del régimen. Justamente, el Tribunal Constitucional es una institución que tiene la “última palabra” en la preservación de los valores reaccionarios de esta democracia para ricos y la Constitución del 78, que defiende la monarquía, garantiza el centralismo españolista, niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos y garantiza la defensa de la sacrosanta propiedad privada de los capitalistas.

Justamente, fue el TC, el organismo que, en 2017, a petición del gobierno de Rajoy y el PSOE, suspendió la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica solo a 24 horas de su aprobación. Es el mismo TC que decidió que el Parlament catalán no podía votar la investidura de Carles Puigdemont en 2018 y el que prohibió que la Cámara catalana pudiera votar resoluciones sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía. Es decir, que ha sido una pieza clave en la persecución del independentismo. Y es el mismo TC que avaló de forma definitiva la “Ley mordaza”, considerando como delitos graves la “perturbación de actos públicos”, ya sean “espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos”.

Por todo esto, mientras denunciamos el golpe judicial, planteamos una lucha consecuente contra este régimen antidemocrático del 78, algo que desde Unidas Podemos están muy lejos de querer hacer.

Contra la casta judicial: jueces elegidos por sufragio universal y con mandato revocable

La casta judicial actúa como un verdadero partido de la toga, bloqueando ahora la actividad parlamentaria, o siendo la avanzada de la criminalización del independentismo y de la protesta social. Los jueces, con mandatos vitalicios y salarios siderales actúan como verdaderos reyes, decidiendo sobre cuestiones fundamentales contra el pueblo trabajador. Son una verdadera casta judicial, que defienden sus privilegios, y viven como ricos, amigos de los grandes empresarios y de los políticos del régimen.

Para terminar con esta casta, no valen los lamentos mediáticos de Podemos e Izquierda Unida, ni el recurso a otra casta, la de la justicia europea. Hace falta luchar por la disolución de estos organismos reaccionarios, y que todos los jueces sean elegidos por el voto directo y proporcional de todos los habitantes mayores de 16 años. Que sus mandatos sean revocables por sus electores y que no ganen más que el salario de un trabajador medio.

Junto con estas medidas, será necesario terminar con otras instituciones reaccionarias amparadas en la Constitución del 78, como la monarquía, y el propio Senado, elegido de forma antidemocrática. Claro que para para poder imponer un programa democrático de este tipo, hará falta retomar la movilización en las calles.

¡Abajo la casta judicial, con jueces vitalicios y super poderes, a los que nadie puede cuestionar!

Por jueces elegidos por sufragio universal, con mandatos revocables, y que no ganen más que el salario medio.

¡Disolución del Senado y la centralista figura presidencial! ¡Abajo la monarquía!
Por una cámara legislativa y ejecutiva única, con representantes electos por voto proporcional directo, con mandatos revocables y que ganen igual que el salario medio de un trabajador.

Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por Asambleas constituyentes libres y soberanas para decidirlo todo.


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