“Bomba de tiempo”. Así define un comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) al congelamiento de precios establecido por el Gobierno nacional sobre cerca de 1.400 productos. El texto de la entidad patronal se conoció este lunes, en el marco de las tensiones que existen entre el gran empresariado y el Gobierno nacional por la medida.

La AmCham agrupa esencialmente a las grandes patronales norteamericanas que hacen negocios en la Argentina. Se trata, en lo central, de grandes multinacionales con un enorme poder de veto sobre la economía nacional. Con el comunicado que emitieron respaldan la extorsión del gran empresariado argentino y de la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio.

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Este brutal chantaje tiene por finalidad garantizar la suba de precios aunque sea a costa del hambre de las grandes mayorías populares. Frente al mismo y ante la inflación, el Gobierno nacional responde con medidas limitadas e impotentes. El congelamiento de precios -cuya plena efectividad no está aún confirmada- es una medida de tinte claramente electoral, dado que su fecha de finalización es en enero de 2022, menos de dos meses después de las elecciones generales.

En ese marco, el Frente de Todos hace llamados “a la responsabilidad” a estas grandes empresas. Llamado que, a todas luces, no pueden tener resultado efectivo alguno.

Para enfrentar la inflación y este chantaje empresarial son necesarias medidas más audaces. Hay que empezar por garantizar que el salario no siga perdiendo. Es urgente, como lo exige el Frente de Izquierda, un inmediato aumento de emergencia del 20 %. El salario no puede perder más frente a la inflación. Hace falta que se actualice de manera permanente junto a la suba de precios.

Pero, además, es urgente empezar a organizar comités de trabajadores y usuarios para que se controlen los precios. Esto permitirá, en cada empresa y en cada supermercado o hipermercado, ejercer un control real y efectivo sobre las maniobras y las trampas que hacen las grandes patronales para aumentar sus márgenes de ganancia.

Al mismo tiempo, hay que imponer que las empresas que remarquen o causen desabastecimiento -tal como amenazaron muchos sectores- sean declaradas de utilidad pública y nacionalizadas bajo control de sus trabajadores y trabajadoras.

Frente al ataque empresarial es necesario que las conducciones sindicales abandonen su absoluta pasividad. No puede permitirse que la calidad de vida de las mayorías trabajadoras se siga erosionando. Los dirigentes de la CGT y la CTA que se movilizan para actos electorales tienen que llamar a asambleas para discutir medidas de lucha de manera urgente. Hay que enfrentar el chantaje y la extorsión patronal con la enorme fuerza que tiene la clase trabajadora.