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Crisis social: el Gobierno evalúa planes de ayudas directas a pymes en riesgo de quiebra

La situación de crisis social en el Estado español es explosiva. Cabalga a lomos de la crisis sanitaria, que se expande ante la incapacidad de los gobiernos central y autonómicos por controlar la pandemia, y una crisis económica que aún no se ha desatado completamente, pero lo hará. El Gobierno de coalición comienza a plantearse ayudas directas a pymes en crisis, pero duda ante lo elevado de esa factura traducido a deuda pública y su negación a atacar los beneficios del IBEX 35 y los grandes capitales. En realidad, solo la nacionalización de los bancos y una fiscalidad agresiva hacia las grandes fortunas permitirían abordar el volumen necesario de ayudas directas a trabajadores y pequeñas empresas locales ante la debacle de la emergencia social y sanitaria.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 2 de febrero | 17:48

El Gobierno de coalición se está planteando aprobar medidas para impulsar ayudas directas, en forma de préstamos participativos y reestructuraciones de la deuda, para aliviar las cargas financieras y mejorar la situación de las pymes de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Hasta ahora solo se había aprobado una ayuda directa de 10.000 millones para grandes empresas estratégicas, mientras que las pymes se tenían que conformar con los ERTE y las moratorias y aplazamientos fiscales y de las cuotas de la Seguridad Social, algo de lo que también se benefician las grandes empresas. Por el contrario, Alemania, Francia o Italia, con mayor margen fiscal, han aprobado ayudas directas a la hostelería y el comercio en mayor o menor volumen. Este contraste supone un importante desgaste político para el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos Económicos, señaló el viernes pasado en el Congreso que en los próximos días habrá medidas para afrontar la sangría del cierre de empresas, ante la inactividad económica y la caída del impulso inversor consecuencia de la tercera ola y el retraso en la vacunación.

Las posibles medidas se basarán en reestructuraciones de la deuda apoyadas en la reforma de la Ley Concursal para agilizar los trámites de liquidación de las empresas no viables y centrar la recuperación en las que sí puedan salir adelante. En este aspecto, parece ser que la intención es incentivar las quitas de deuda y los acuerdos extrajudiciales de algún tipo, que permitan acuerdos entre acreedores y empresas para garantizar la continuidad de la actividad productiva.

Respecto a las líneas de ayuda directas podrían consistir en préstamos participativos calculados sobre la base del beneficio de la empresa en el último período. Es una herramienta que se considera útil por ser estos préstamos los últimos en devolverse en caso de quiebra, por lo que de facto son una mejora sobre el capital y la solvencia de las pymes. El Banco de España está elaborando un estudio que facilite los criterios de decisión al Gobierno central. Mientras que la patronal bancaria está preparando otro estudio para hacer un mapa de empresas “viables” con dificultades de financiación o exceso de deuda y problemas de liquidez, y empresas “no viables”.

Por otra parte, la Comisión Europea ha relajado la regulación de las ayudas estatales a las empresas, facilitando su posibilidad para las que tengan una caída de al menos el 30% de negocio, cuenten con hasta 3 millones en costes fijos de ayuda posible. Además, la UE acepta ayudas reembolsables directas de hasta 800.000 euros para las pymes. Está claro que Alemania -sobre todo- y Francia, que se han volcado a dar ayudas directas a sus empresas, han propiciado el marco legal en la UE para facilitar las ayudas directas, habitualmente más restrictivas por, según suelen argumentar, evitar atacar la libre competencia entre empresas.

La debacle económica de la tercera ola a la espera de la vacunación y los fondos europeos

A la espera de los fondos europeos y que avance el plan de vacunación, si es que eso realmente termina siendo suficiente, la economía española está sufriendo enormemente en el primer trimestre de 2021 a consecuencia de la tercera ola de la pandemia. Sin superar la segunda totalmente -la incidencia se quedó en algo más de 150 casos por 100.000 habitantes- ahora se ha sumado una tercera ola con más fuerza y acompañada de las temibles variantes del virus. Lo que ha provocado que la pequeña recuperación del final de 2020 -0,4% de subida del PIB del último trimestre gracias a la “relajación navideña”- haya desbarrancado durante el primer trimestre de 2021 y lastre la evolución económica y social.

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Los números de la tercera ola son devastadores. Con más de 800.000 nuevos contagios en enero y los hospitales y las UCI, sobe todo estas últimas, colapsados como en la primera ola, y una incidencia en el pico de casi 900 casos por 100.000 habitantes, nos vuelven las imágenes a la retina de los momentos más duros de la primera ola. Algo que todo el personal sanitario del Estado venía advirtiendo, pero aun así no se toma ninguna medida seria para enfrentarla; ni se contratan a más sanitarios, ni rastreadores, ni se aumenta la frecuencia del transporte público, como no se ha hecho en ningún momento. Sólo se establecen medidas restrictivas de dudosa efectividad que, a la postre, terminan colaborando con que se profundice la crisis económica.

Tampoco se aprueban medidas para paliar los efectos sociales de la pandemia: rentas salariales anti-covid para las y los trabajadores, prohibición real de los despidos y desahucios, o imposibilidad ante impagos del corte de los suministros domésticos esenciales-luz, agua, gas, teléfono-, etc. La sensación es de auténtica debacle sanitaria, social y económica, de la que solo se puede responsabilizar al régimen político y social de conjunto, ante su incapacidad para atacar los beneficios y los intereses de las grandes empresas del IBEX 35 y las grandes fortunas, y poner los recursos necesarios obtenidos de los más ricos al servicio de la lucha contra la pandemia y la emergencia social consecuente.

Pero este fracaso para solventar la crisis sanitaria y social, no es exclusivo del Estado español, sino que también lo es de la UE y del conjunto del capitalismo mundial. Solo hay que ver la que se ha liado con el insuficiente suministro de las vacunas y la defensa de los beneficios de las grandes compañías farmacéuticas por parte de los Estados imperialistas, pese a los incumplimientos contractuales de las empresas y los apoyos públicos directos recibidos para el desarrollo de las vacunas.

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Así como el acaparamiento de las dosis, multiplicando hasta por cuatro la totalidad de su población, por parte de los países imperialistas ricos, frente a los países económicamente débiles, que apenas les llegan dosis para la cuarta parte de su población. Cuando, por otra parte, no ha parado de señalarse por los expertos que solo la vacunación mundial ofrece garantías sanitarias para todos.

Al final para las vacunas se ha impuesto el “sálvese quien pueda”, como sucedió con el material sanitario durante la primera ola mundial de la pandemia, al primar en exclusiva los intereses económicos de los más poderosos como sucede siempre bajo el capitalismo.

Plan de emergencia social y nacionalización de la banca

La única salida progresiva a la crisis de emergencia social y sanitaria pasa por un plan anticapitalista de emergencia social que atienda a las necesidades de la clase trabajadora y las clases populares. Para ello, es necesario un enorme plan de inversión pública sostenido sobre una fiscalidad agresiva que grave las grandes fortunas y empresas, evitando la debacle de las finanzas públicas; el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial para atajar el desempleo; el establecimiento de una renta anti-covid para las y los trabajadores desempleados y con reducción de renta; la prohibición de los despidos y los desahucios; la prohibición del corte de suministros domésticos básicos-luz, agua, gas, teléfono-; implementar un fuerte incremento en el gasto sanitario, educativo y transporte; nacionalizar a la banca, sin indemnización y bajo control de los trabajadores, para poner a disposición recursos en condiciones óptimas para las clases populares, las microempresas y pequeñas empresas locales. Y junto con ello, la expropiación de todos los sectores estratégicos para atender las necesidades de la pandemia, incluido el sector sanitario privado, también sin indemnización y bajo control de las y los trabajadores, entre otras medidas.

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Evidentemente, este programa anticapitalista, junto a otras medidas de emergencia social, solo puede implementarse mediante la lucha de clases. Las burocracias de CCOO y UGT convocan concentraciones el próximo 11 de febrero para exigir al Gobierno la derogación de las reformas laboral y de pensiones y la subida de SMI. Pero estas acciones son completamente simbólicas y no van a servir para nada más que para lavarse un poco la cara.

La izquierda sindical, los sectores críticos dentro de CCOO y UGT, los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista, al mismo tiempo que ayudamos a organizar la solidaridad y la coordinación con las luchas en curso, tenemos la responsabilidad de desenmascarar a estos burócratas conservadores, imponiéndoles desde abajo que rompan su colaboración con el régimen para llamar a un plan de lucha con movilizaciones unitarias, organizado en asambleas democráticas, por un programa de emergencia obrera y popular.






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