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Condena a CFK: un fallo proscriptivo que no busca combatir la corrupción que hubo bajo su gobierno

Condenaron a la vicepresidenta a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le dictaron inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una condena que muestra el objetivo proscriptivo de una casta judicial que no votó nadie, pero busca decidir de forma antidemocrática quién puede ser candidato y quién no; a quién se puede votar y a quién no. En este marco, Cristina Kirchner -bajo cuyos gobiernos sí hubo corrupción, al igual que bajo todos los gobiernos capitalistas- utiliza esta persecución para crear un discurso político que elige hablar de “lawfare” para callar el ajuste que aplica el Gobierno del Frente de Todos.

Larisa Pérez

Martes 6 de diciembre de 2022
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Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dieron a conocer este martes por la tarde la sentencia en el juicio que investigó la denuncia de irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz para beneficiar a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Resolvieron condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prision e inhabilitacion especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito administracion fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La sentencia se da a conocer en medio del escándalo político por las filtraciones ilegales que desnudan la connivencia entre jueces, empresarios y funcionarios macristas. Uno de ellos es, precisamente, Julián Ercolini, que fue impulsor de la Causa Vialidad.

Este mismo caso, a su vez, puso al desnudo que esas supuestas conversaciones fueron obtenidas mediante espionaje ilegal. El régimen capitalista en su conjunto exhibe su podredumbre en sus disputas de poder, mientras a ambos lados de la grieta coinciden en aplicar los planes de ajuste del FMI y la pobreza afecta al 43,1 % de la población.

La misma condena recibieron Lázaro Báez, José López -exsecretario de Obras Públicas- y Néstor Periotti el extitular de la Dirección Vialidad Nacional-, mientras que otros funcionarios imputados, Juan Carlos Villafañe, Mauricio Collareda, Raúl Daurich, Raúl Pavesi y Raúl Santibañez tuvieron penas de menos años. El exministro de Planificación Federal y exdiputado Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos, lo mismo que Héctor Garo, Claudio Abel Fatala, y Carlos Kirchner que fue sobreseído. A pesar de que los fiscales Luciani y Mola habían realizado su acusación en base al delito de la asociación ilícita, los jueces resolvieron absolver a los imputados de esta acusación. El tribunal dispuso el decomisio de 84.835.227.300 de pesos actualizados al momento en el fallo en que quede firme en base a "los efectos del delitos".

Las condenas no son de aplicación efectiva aún, porque es una sentencia de primera instancia que puede ser apelada a la Cámara de Casación, y luego a la Corte Suprema, donde recién quedaría como sentencia firme. La Corte fue clave para el desarrollo del juicio Vialidad cuando en junio de este año Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz rechazaron por unanimidad todos los planteos de nulidades de las defensas, muchos de los cuales se mostraron en las audiencias de alegatos, y habilitaron esta sentencia.

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Esta sentencia además podría llevar a la reapertura de otras causas, como la de Hotesur-Los Sauces, donde la Cámara ya está revisando la apelación a los sobreseimientos de la vicepresidenta y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia, entre otros.

Un juicio con muchas irregularidades que no investigó la corrupción

El carácter persecutorio de esta condena queda en evidencia con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y corona un proceso judicial que tuvo como objetivo buscar la proscripción política de Cristina Kirchner y de ninguna manera combatir la indudable corrupción que hubo bajo los gobiernos kirchneristas -los casos de José López, mantenido durante años en su cargo por responsabilidad de CFK, y tantos otros, así lo evidencian- y bajo todos los gobiernos capitalistas.

La utilización de la figura de asociación ilícita en el pedido de condena por el fiscal Luciani sirvió para llegar al juicio y que no prescriba el delito, pero en la sentencia se vuelve a mostrar que se cae. Es la misma figura que se usa para perseguir y estigmatizar a movimientos sociales y la izquierda, como en Jujuy y muchos puntos del país, y viene denunciando el Frente de Izquierda.

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Los vínculos entre el fiscal Luciani, el juez Giménez Uriburu y su cercanía al expresidente Mauricio Macri -lo cual motivó el pedido de recusación por las defensas- fueron la expresión máxima de cómo las afinidades políticas atravesaban la causa y el juicio, o al menos, una parcialidad cuestionable. La casta judicial está ligada por mil lazos al poder económico, servicios de inteligencia, y favores políticos, como volvió a demostrar el escándalo por el viaje a la estancia de Joe Lewis y la filtración de conversaciones para ocultarlo.

La cartelización de la obra pública, el enriquecimiento dudoso de empresarios, y su relación con funcionarios públicos, fueron moneda corriente bajo todos los gobiernos, y es parte de la corrupción que existe en los muchos negociados entre el Estado y los grandes capitalistas. Sin embargo, este juicio no buscó investigar profundamente los entramados de corrupción que, evidentemente, hubo tanto en los gobiernos kirchneristas y macristas.

Cristina Kirchner no pudo desligar a sus gobiernos previos de la corrupción. En su defensa por redes sociales mostró las relaciones abiertas que Nicolás Caputo - empresario íntimo amigo de Macri- tenía con José López, el de los bolsos, que fuera Secretario de Obras Públicas de todos los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta 2015. Esto lo hizo durante un discurso que realizó para dejar en evidencia el direccionamiento que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola buscaron en el juicio. Sin embargo, lo que quedó sin explicación en el largo juicio por parte de la defensa de la vicepresidenta fue la relación entre el enriquecimiento de Lázaro Báez y su vínculo con la familia Kirchner.

Durante las audiencias de alegatos de las defensas se expusieron muchas irregularidades en el juicio, y lograron exponer las debilidades de la acusación de los fiscales. Mostraron a testigos que testificaron recibir apremios por Iguacel, ex funcionario macrista, para falsear documentos, las lagunas del supuesto “plan limpiar todo”, cuestionaron la metodología utilizada por los peritos que determinaron sobreprecios en la obra pública, y que no hubo “apagón informativo” sobre el presupuesto y las partidas destinadas a las obras viales en cuestión ya que habían sido aprobadas por el Congreso, entre otros fundamentos.

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La condena y el pedido antidemocrático de la inhabilitación para ejercer cargos públicos vuelven a dejar en evidencia el objetivo de estas causas judiciales, utilizadas como medio de persecución o proscripción. Cualquier restricción a las libertades democráticas mañana podrá ser realizada contra luchadores obreros y populares y, también, contra la izquierda.

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La derecha, a pedido de Washington, toma el tema de la corrupción para empoderar al Poder Judicial y perseguir a sus adversarios políticos. Pero en Argentina estas políticas aún no tienen los mismos alcances que tuvieron en Brasil, donde impusieron la destitución de Dilma Rousseff, y la proscripción y encarcelamiento de Lula por más de dos años.

La ofensiva judicial contra el Gobierno tiene como resultado una pulseada por cuotas de poder político en organismos como el Consejo de la Magistratura o el Congreso, sirviendo para que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos exacerben un enfrentamiento que, sin embargo, no se registra a la hora de la política económica. Allí existen amplios consensos en el respaldo al ajuste ordenado por el FMI.

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Hace casi un año la Corte Suprema marcaba la ofensiva con el fallo que cambiaba la composición del Consejo de la Magistratura para ponerse al mando del organismo que controla a los jueces, y dejar en mayoría su fuera posible, a fuerzas políticas más afines, como el macrismo y radicalismo. La sucesión de maniobras parlamentarias y judiciales durante todo el año, por parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, tuvo su culminación bochornosa en la sesión de diputados del jueves pasado. Una sesión que, como denunciaron Nicolás del Caño y Myriam Bregman -diputados nacionales por el Frente de Izquierda Unidad- mostró que “cuando se aumentan las dietas y votan ajustes contra el pueblo para pagarle al FMI acuerdan sin chistar. Para lo demás arman circo”.

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El Consejo de la Magistratura es un órgano para la rosca política y para evitar el control de la “justicia” de forma directa por el pueblo, a avanzar con la democratización del Poder Judicial como propone la izquierda, con juicios por jurados y jueces electos y revocables por voto popular.

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El capítulo siguiente, antes de que salga la condena de Vialidad, fue la filtración de supuestos chats de jueces y fiscales, jefes de seguridad e inteligencia, empresarios y otros funcionarios macristas que viajaron a la estancia de Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. Hasta ahora la defensa de los involucrados confirma la obscena connivencia entre esos sectores. Al mismo tiempo, la filtración vuelve a mostrar la continuidad de mecanismos de espionaje amparados por este Gobierno y los anteriores.

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Aunque el juicio dejó a la vista indiscutidos elementos de parcialidad y persecución política, la denuncia por parte del Frente de Todos sirve para armar un discurso político que corre la vista del ajuste brutal y la crisis económica que atravesó todo el año y se profundizará hacia adelante. Para realizar ese ajuste, ocultan también que no estuvieron solos, ya que al momento de votar el acuerdo con el FMI y el presupuesto 2023, tuvieron la enorme ayuda de Juntos por el Cambio dentro del Congreso.


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Larisa Pérez

Tiene 35 años. Abogada y trabajadora estatal.

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