SUPLEMENTO

De la huelga de mujeres al feminismo ministerial y la prohibición de las manifestaciones del 8M

Josefina L. Martínez

Irene Ruiz

De la huelga de mujeres al feminismo ministerial y la prohibición de las manifestaciones del 8M

Josefina L. Martínez

Irene Ruiz

Este 8M está marcado por una situación extraordinaria. Después de un año de pandemia que afecta en especial a las mujeres precarias y migrantes, se produce un escandaloso ataque al derecho de manifestación por parte del gobierno PSOE-Podemos, que ha prohibido las manifestaciones del 8M. Los contornos de un feminismo de ministerios, que busca desactivar la calle.

Vaya paradoja. El gobierno que se presentó hace poco más de un año como el “más feminista de la historia” impide las concentraciones del 8M en Madrid. Concentraciones que ya estaban restringidas con un aforo máximo de 500 personas, en diferentes puntos de la ciudad y que habían sido planificadas por el movimiento de mujeres 8M con mucha anticipación con importantes medidas de seguridad sanitaria y distancia social.

La excusa de la pandemia para prohibirlas es insostenible. Porque, tal como lo expresaba la periodista Cristina Fallarás en el diario Público: “En Madrid y durante pandemia se han manifestado los negacionistas sin mascarilla, los ultras de VOX, los de las derechas variadas en contra de la Ley Celaà, los hosteleros, los sindicatos, los franquistas, los que reclaman libertad de expresión… Todas esas manifestaciones han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, con el socialista José Manuel Franco, al frente. Todas han sido permitidas.”

Y este doble baremo ha sido denunciado no solo por numerosas organizaciones feministas y el movimiento 8M (que piden la dimisión del Delegado de Gobierno, José Manuel Franco) sino también por juristas como Marta Esquembre, especialista en Derecho Constitucional, quien sostiene que "tratar dos casos iguales de forma desigual es discriminatorio y la arbitrariedad de los poderes públicos está absolutamente prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución" por lo cual la prohibición de las manifestaciones es inconstitucional.

Las movilizaciones del 8M del 2020, celebradas pocos días antes de que se decretara el Estado de alarma en el Estado español, fueron utilizadas por la derecha y la extrema derecha como blanco para culpar al movimiento feminista como responsable de los contagios. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter. Pero, en ambos casos, estudios posteriores demostraron que el índice de contagios en las manifestaciones no fue significativo para la pandemia, que en cambio se propagó con virulencia en espacios cerrados como lugares de trabajo precarios o transportes públicos atestados.

Este año, cediendo a las críticas del flanco derecho del arco parlamentario, el Gobierno de coalición ha prohibido las manifestaciones en Madrid, mientras las permite con aforos reducidos en otras ciudades. Tal como apuntaban desde la revista CTXT en un artículo editorial sobre la decisión del Delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco: “Este año, Franco ha adoptado por sí mismo este marco antifeminista que trata de identificar protesta social con riesgo para la salud. Un marco que además sirve para trasladar el feminismo de la calle a los despachos, y ser así objeto de capital político para determinados partidos”.

Desde el movimiento 8M de Madrid se ha denunciado la prohibición y se ha pedido la dimisión del Delegado de Gobierno, aunque han primado las posiciones de sectores proclives a asumir las mismas, por lo que fueron suspendidas oficialmente las concentraciones, para no confrontar con el Gobierno ni afrontar posibles sanciones. Al mismo tiempo, se anuncia que el movimiento feminista “estará presente” en diferentes formas, y por decenas de grupos de Telegram circulan propuestas alternativas. De conjunto, aunque se mantengan algunas acciones este 8M, toda la operación del gobierno “progresista” ha logrado crear incertidumbre y desactivar en gran parte al movimiento de mujeres, que en años anteriores había tomado masivamente las calles.

Como desafío abierto a estas prohibiciones, se mantiene en pie la convocatoria a una concentración en la Puerta del Sol, este 8M al mediodía. Esta había sido convocada por el sindicato de Estudiantes y se han sumado también colectivos como Contracorriente y la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Así lo hemos expresado en un comunicado en el que proponemos que "volvamos a salir a las calles, con todas las medidas sanitarias necesarias, porque los derechos se conquistan luchando y no entregaremos uno tan elemental como el de manifestación".

Un año de pandemia con las mujeres en la “primera línea”

"Si nosotras paramos se para el mundo” es uno de los lemas que defiende el 8M desde su inicio. Una idea fuerza que ha quedado demostrada a lo largo de este año, en el que miles de trabajadoras han puesto el cuerpo en la lucha contra el coronavirus. Una crisis que ha puesto de relieve que aquellos puestos mayoritariamente ocupados por mujeres como la limpieza, la sanidad, la educación, los cuidados de mayores, infancia y dependientes, las jornaleras del campo o las cadenas de distribución como los supermercados, trabajos tradicionalmente más precarios y peor remunerados, son indispensables para poder dar cobertura de las necesidades básicas de la sociedad.

En varias asambleas del 8M de este año se acordó “dar visibilidad a la esencialidad de las mujeres en la vida y a la esencialidad del feminismo como respuesta". Para las feministas anticapitalistas de Pan y Rosas esto significa en primer lugar dar visibilidad a las mujeres trabajadoras que han estado en la primera línea de los trabajos esenciales. Pero con “visibilizar” la explotación y las opresiones no es suficiente. Lo que queremos es terminar con estas y por eso apostamos a la autoorganización de las trabajadoras, migrantes, estudiantes y precarias, creando nuevas formas de organización para la lucha. Y con esa convicción las hemos acompañado, codo a codo, durante estos meses duros: a las jornaleras de Huelva en lucha, las trabajadoras de cuidados organizadas en el SAD en Barcelona y Madrid, las trabajadoras de residencias de Biskaia, las limpiadoras de los hospitales, las enfermeras y personal sanitario, las precarias de la hostelería o las riders de Glovo, las Kellys y trabajadoras del hogar que crearon nuevos sindicatos, entre muchas otras.

Por más discursos “progres” que se hagan desde el Ministerio de igualdad, la vida de las mujeres en el Estado español no ha mejorado durante el último año, sino que ha empeorado por las consecuencias de la pandemia y por la gestión que está llevando a cabo el gobierno de coalición. Una cifra reciente lo demuestra: según los datos del paro del mes de febrero, siete de cada diez personas que perdieron su empleo son mujeres. Y esto se debe a que las mujeres encabezan los índices de precariedad, contratos a tiempo parcial, temporalidad y reducción de jornadas, por lo que son las primeras en ser despedidas en momentos de crisis. El Gobierno ha dejado completamente desprotegidas a las trabajadoras, las migrantes y las víctimas de violencia de género, sin ingresos y sin alternativas de vivienda, mientras inyectaba ayudas multimillonarias a las empresas.

Para las migrantes la situación es todavía peor porque además de la violencia patriarcal y la precariedad laboral, se enfrentan al racismo institucional y a la xenófoba Ley de extranjería que les impide ejercer sus derechos. Ellas son las que ocupan la mayor parte de los trabajos “de cuidados” en condiciones de extrema precariedad, muy afectados por la pandemia. Un 60% de las mujeres que trabajan como empleadas del hogar y cuidadoras en España son migrantes, sin considerar las que no entran en las estadísticas. Y este sector ha quedado por fuera del “escudo social” del Gobierno, sin poder ni siquiera cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Las migrantes están expuestas a múltiples violencias desde el poder judicial, las leyes de extranjería y un sistema sanitario excluyente, además de policías que las persiguen y controlan en la vía pública. Los CIEs, las redadas y las deportaciones exprés son otros tantos eslabones en esta cadena de violencias racistas que se mantiene intacta bajo el “gobierno progresista”.

De la calle al Palacio: contornos de un feminismo ministerial

Desde Pan y Rosas venimos denunciando el doble discurso del Gobierno y del Ministerio de igualdad, porque no hay políticas “feministas” sin derogar las leyes laborales, sin anular la Ley de extranjería y regularizar a las personas migrantes, sin terminar con las externalizaciones y sin aumentar los presupuestos de sanidad y educación, sin romper los pactos con la reaccionaria Iglesia católica, para impartir educación sexual en todos los niveles educativos y combatir la violencia de género con alternativas habitacionales y de vivienda a las mujeres que lo necesiten.

Y aunque desde el ministerio de Irene Montero, dirigente de Podemos, mantengan una disputa con sus socias del PSOE por quién ocupa los sillones del “feminismo gubernamental”, ambos sectores coinciden en lo esencial. Apuestan por un feminismo neoliberal con rostro “progresista” que no resuelve las reivindicaciones más sentidas por la mayoría de las mujeres, las trabajadoras, migrantes y precarias. Un feminismo que se siente cómodo en actos de la elitista fundación Forbes o saludando la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, mientras se mantienen sus políticas imperialistas.

Cuando surgió Podemos en el año 2014, grandes sectores del activismo pasaron de una “ilusión social” –la idea de que se podía transformar el mundo desde las plazas del 15M, sin necesidad de ir más allá en la lucha política contra el Estado y el capitalismo– a una “ilusión política”. Esta era la esperanza de que los cambios llegarían por la vía electoral y con la acumulación de posiciones parlamentarias en los marcos de esta democracia liberal. La llegada de Podemos-IU al Gobierno, primero en los llamados “Ayuntamientos del cambio” y después en la coalición con el PSOE, ocupando varios ministerios y una vicepresidencia, fueron la culminación de esa ilusión. Y también la concreción de su fracaso, como constata su total asimilación al Régimen monárquico del 78, subordinados a los “poderes reales” que controlan el Estado capitalista español (las empresas del Ibex35, la monarquía, la Iglesia, las fuerzas represivas, la judicatura, etc.).

En el movimiento de mujeres se ha producido un desplazamiento similar. Este 2021 ya no se llama a la huelga feminista a nivel estatal, aunque hay sindicatos de la izquierda sindical como CGT e IAC que han convocado huelga laboral en Andalucía, Catalunya y Alicante. El Sindicato de Estudiantes por su parte ha llamado a la huelga estudiantil feminista en todo el estado, convocatoria secundada por otros colectivos estudiantiles y juveniles como nuestras compañeras de Contracorriente y Pan y Rosas.

De las grandes huelgas de mujeres que conmovieron al mundo entero en 2018 y 2019 -cuando las movilizaciones del Estado español fueron las más grandes del planeta-, hemos pasado a una gran desactivación del movimiento. La pandemia y el miedo al contagio evidentemente paralizan, pero eso no es todo. La ilusión de que los cambios vendrán desde los ministerios puede ser aún más pasivizante. También es posible que muchos sectores del feminismo sobredimensionaran aquello de “resignificar la idea de huelga” con la huelga de mujeres, con la ilusión de que masivas movilizaciones o performances creativas, por sí mismas, pudieran tener el mismo contenido disruptivo para el sistema capitalista patriarcal que una huelga de mujeres con eje en la huelga general. En 2018 y 2019 el movimiento de mujeres había logrado imponer a las burocracias sindicales esa convocatoria, que mostró la potencialidad de este método de lucha para hacer efectiva la idea de “paralizarlo todo”. La negativa posterior a convocar una “huelga de mujeres” como huelga laboral en 2020 significó un retroceso respecto a las jornadas de los años anteriores. Y no casualmente este reflujo se producía pocos meses después de que se formara el gobierno de coalición entre el PSOE, Podemos e Izquierda Unida.

Por un feminismo anticapitalista, antirracista y revolucionario

Este último año hemos visto la consolidación de un bunker feminista transfóbico y cada vez más reaccionario que ataca los derechos de las personas trans, de las prostitutas y los colectivos antirracistas como forma de proteger sus propios espacios institucionales en el “feminismo gubernamental”. En estas posiciones cada vez más conservadoras confluyen sectores del PSOE, del partido (anti) feminista de Lidia Falcón y sectores de la derecha y la extrema derecha. Desde Pan y Rosas somos parte, en cambio, del movimiento de mujeres que defiende los derechos de las personas trans. Y aun cuando planteamos los límites del proyecto de Ley propuesto, apoyamos su aprobación, porque implica una ampliación de derechos para un colectivo oprimido que viene luchando por ello.

Otros debates, quizás menos visibles, atraviesan el movimiento de mujeres en el Estado español. La próxima aprobación de una Ley sobre Libertad sexual (conocida como la Ley de “solo sí es sí”) debería alertar sobre las derivas punitivistas de una legislación que intenta resolver con el Código Penal lo que son expresiones de una violencia patriarcal estructural, y que de ningún modo se resolverá aumentando las penas y el poder de las instituciones policiales racistas y represivas.

Pero el auge de posiciones de extrema derecha y conservadoras, incluso dentro del movimiento feminista, no nos puede llevar a conformarnos con el “mal menor” del feminismo de sillones y despachos, que un día se reúne con las trabajadoras del hogar para hacer promesas vacías y al otro día se sienta en la mesa de la banquera Ana Botín para negociar las ayudas para las grandes empresas. No nos conformamos con migajas. Estamos convencidas que no es posible terminar con la violencia patriarcal, con la precariedad laboral de las mujeres y el racismo institucional si no apuntamos a transformar las bases de este sistema capitalista y patriarcal. ¡Queremos transformarlo todo! Por eso, nuestro feminismo es revolucionario, de clase y antirracista.

Esta semana se cumplen 150 años del nacimiento de Rosa Luxemburg, esa gran revolucionaria que combatió contra la barbarie capitalista. En su folleto, Reforma o revolución, ella polemizó contra las ilusiones reformistas: “Cuando Bernstein propone transformar el mar de la amargura capitalista en un mar de dulzura socialista volcando progresivamente en él botellas de limonada social reformista, nos presenta una idea más insípida, pero no menos fantástica”. Lo mismo podríamos decir de aquellas que pretenden, con menos ambiciones, “teñir de morado” un sistema de violencia patriarcal y racista con botellines de limonada social reformista, por más que lo hagan desde los balcones de un ministerio.

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Josefina L. Martínez

@josefinamar14
Nació en Buenos Aires en 1974, vive en Madrid. Es historiadora (UNR). Coautora del libro Patriarcado y capitalismo (Akal, 2019), autora de Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Escribe en Izquierda Diario.es, CTXT y otros medios.

Irene Ruiz

@IreneYpunto
Burgos
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