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MEDIDAS DEL GOBIERNO

De los creadores de “ERTE: que el Estado pague los salarios”, llega “Permisos retribuidos… y ya devolverás las horas a tu jefe”

Una de las últimas medidas del Gobierno por la crisis del coronavirus son los permisos retribuidos ante el endurecimiento de las medidas del confinamiento y la paralización de actividades económicas consideradas “no esenciales”. De nuevo, una medida ajustada a los intereses empresariales.

Martes 31 de marzo | 17:34

Este lunes 30 de marzo entró en vigor la posibilidad legal de aplicar el permiso retribuido hasta el próximo jueves 9 de abril, ambos días incluidos. Una medida enfocada a los puestos de trabajo que son considerados “no esenciales” y que no están sujetos a un ERTE ni en situación de baja laboral.

Las empresas que acojan esta medida tienen que abonar el salario completo de los puestos de trabajo, complementos incluidos, así como las cotizaciones sociales. Sin embargo, las trabajadoras y trabajadoras que queden sujetas a este permiso deberán devolver estas horas a la empresa antes del 31 de diciembre de este año.

Los términos de esa devolución deberán ser acordados entre la empresa y la plantilla a través de las representaciones sindicales o comisiones creadas para tal fin, en el plazo máximo de siete días una vez que haya finalizado este periodo de inactividad. Se establece una suerte de “negociación colectiva” que habrá que ver en qué se traduce luego.

Esta medida supone que la empresa va a pagar por un trabajo que se realizará en el futuro. Las trabajadoras y trabajadores, ante la imposibilidad de trabajar estos días y para mantener sus ingresos, van a tener que contraer una deuda con su empresa. El precio de esa deuda va a ser la renuncia a días de vacaciones o la realización de horas extra.

“No trabajas, no cobras”, es el discurso liberal que tenemos que oír estos días, “¿por qué tendrían que pagar las empresas?”. Hay que ser caraduras. Los que verdaderamente “pagamos” somos la clase trabajadora. En primer lugar, porque los capitalistas viven de nuestro trabajo, pagándonos sólo lo mínimo indispensable para subsistir (y a veces ni eso). Pero, además, son millones las horas de trabajo que las empresas deberían pagar como horas extras, pero no lo hacen. Y si alguien osa quejarse, a la calle. El año pasado se calcula que hubo más de 6 millones de horas extras no pagadas por las empresas. ¿Las van a devolver en algún momento?

Así es la lógica empresarial. Si no se trabaja no se paga, pero a veces tampoco cuando si se trabaja… y no importa que no haya posibilidad de trabajar. Por eso mismo, la acción inmediata de muchas empresas ante la crisis del coronavirus fue directamente anunciar despidos y EREs.

El ERTE fue la primera medida del gobierno para tratar frenar esa dinámica, ofreciéndose a pagar los salarios con dinero público. Más de dos millones de puestos de trabajo se encuentran en esta situación.

Sin embargo, los despidos continuaron. El gobierno ha llegado a anunciar incluso la “prohibición de despidos”. Una medida que no es tal, como señaló Vidal Aragonés, diputado de la CUP, ya que no sólo no declara nulos los despidos que se han producido ya, sino que tampoco impide despidos improcedentes en los próximos días.

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Como alternativa al ERTE o al despido directo, el gobierno plantea ahora este permiso retribuido para las empresas a las que les pueda interesar adelantar los salarios. Una nueva medida ajustada a sus intereses que pueden imponer a sus plantillas.

Este gobierno podrá llamarse “progresista”, Pablo Iglesias podrá citar el artículo 128 de su querida Constitución monárquica, y Yolanda Díaz podrá hablar del “interés general frente al particular”; pero lo que vivimos es la absoluta tiranía de las grandes empresas y los bancos con la lógica de siempre: las ganancias son privadas, pero cuando hay pérdidas, hay que repartirlas. Y ahí quienes siempre salimos perdiendo somos la clase trabajadora y los sectores populares.

Y en esta situación, las direcciones sindicales mayoritarias como las de CCOO y UGT tiene una inmensa responsabilidad, porque vienen actuando como verdaderos abogados y portavoces de las patronales.

La clase trabajadora ya se encontraba al límite antes de la crisis del coronavirus, con dificultades para llegar a final de mes tras años de recortes sociales, reformas labores y precariedad. Ahora se le piden nuevos “esfuerzos”: más endeudamiento para pagar las facturas, renunciar a días de vacaciones, ver mermados sus ingresos o pasar a depender de trámites para ayudas sociales por los próximos meses e incluso años.

Una buena parte de la burguesía pequeña y las “clases medias” –todo un mundo de pequeñas empresas, autónomos o profesiones liberales–, tampoco gozaban antes de la pandemia de una situación holgada en muchos casos. Ahora algunos de estos sectores se enfrentan a realidades que también son muy complicadas.

Mientras tanto, las grandes infraestructuras y recursos industriales, comerciales y financieros siguen en manos de las grandes empresas y los bancos. Sus intereses y ganancias no sólo no están siendo cuestionados, sino que el gobierno ha destinado 100.000 millones en forma de avales para préstamos. Un nuevo rescate financiero cuando todavía no se han devuelto 40.000 del anterior.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo va a recaudar los recursos el Estado para hacer frente este nuevo rescate de los capitalistas, a la crisis sanitaria, los seguros por desempleo, las pensiones o a los ERTEs? Con nuevos y constantes ajustes sociales.

La política del gobierno no va a hacer más que enfrentar a la clase trabajadora con las clases medias, mientras los grandes capitales siguen haciendo negocio avalados por el propio Estado. Como señalábamos estos días:

“Sin medidas que toquen a los grandes capitalistas y sin el control de éstas y de toda la información por parte de las y los trabajadores, los mismos que nos han llevado a la actual situación generarán una catástrofe económica y social sin precedentes en las últimas décadas”.

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