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Dimite el presidente del INE por discrepancias con el gobierno sobre los últimos datos económicos

La pelea del aparato del Estado con el gobierno de Sánchez y Unidas Podemos se extiende al Instituto nacional de Estadística y provocó la dimisión el lunes pasado de su presidente, Rodríguez Poo, por diferencias en la interpretación de datos económicos sobre el crecimiento del IPC y el PIB.

Juan Carlos Arias

Jueves 30 de junio
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La batalla por la interpretación de los datos de la recuperación económica postpandémica está adquiriendo una intensidad estratégica de cara a las próximas contiendas electorales. Unas disputas electorales que se encuentran ya a menos de un año - las autonómicas y locales- y a poco más del año - las generales - y que se aproximan en medio de un escenario más problemático y de mayor desgaste para el gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos.

Esto ha llevado a otra crisis más entre una parte del aparato del Estado, el Instituo Nacional de Estadística. Se trata de la institución estatal que controla y difunde las cifras sociales y económicas fundamentales del país. El último episodio fue la dimisión de su presidente el lunes pasado por diferencias en la interpretación de datos tan trascendentes como el del IPC o el crecimiento del PIB.

Datos económicos con los que el gobierno pretende reforzar la imagen de su gestión para afrontar la las disputas electorales con mejores perspectivas. No es lo mismo presumir de unas estadísticas que hablan de un crecimiento económico por encima de la media del crecimiento de la UE, aunque sea por una décima, a que sea un crecimiento mucho más raquítico o se dispare el IPC muy por encima de nuestro entorno.

La diferencia de una décima en el crecimiento del PIB del primer trimestre de este año, un 0,2% frente a un 0,3%, ha sido una de las razones de la dimisión del presidente del INE. Pero, esa batalla, en muchos aspectos es interpretativa de variables micro y macroeconómicas, trasciende el aspecto técnico.

Similar planteamiento fue el que se produjo con respecto a los cálculos del IPC por parte del INE. El Gobierno consideró que no se estaba teniendo en cuenta en su cómputo la parte de la tarifa energética del mercado libre, algo que hasta ahora nunca se había considerado. La tarifa regulada utilizada por el INE para calcular los costes energéticos está siendo mucho más volátil, impulsando los precios hacia arriba. El INE alegaba la falta de buenos datos para introducir esa variable en el cálculo de los costes energéticos.

Todo parece apuntar a que se quiere nombrar a la exsecretaria de Estado de Seguridad Social, Isabel Arroyo, que anunció su dimisión de ese cargo la semana pasada, para poder pasar a ocupar el cargo de presidenta del INE. Si se confirmara la designación, por primera vez en la historia un exalto cargo del gobierno ocuparía la dirección del INE. Lo que deja a las claras la enorme trascendencia que el gobierno de Sánchez está dando a la figura de esta institución para su futuro inmediato en Moncloa y las urnas.

Nueva disputa del aparato del Estado con el Gobierno “progresista”

Se trata de una batalla más del aparato del Estado contra el Gobierno “progresista”. Es parte de las que han dado y siguen dando otras partes del aparato: la Judicatura, la Policía, la Fiscalía o incluso las cañerías del Estado. Solo basta recordar todos los empeños del Tribunal Supremo y del Constitucional por emponzoñar las negociaciones con el govern de Catalunya y dificultar al máximo los indultos; o los ataques por supuestos montajes judiciales y policiales a Podemos y las fuerzas independentistas; el cuestionamiento de la policía al gobierno con manifestaciones del 8M, declarándose casi en rebeldía ante las epidérmicas modificaciones de la ley mordaza previstas; o las escuchas de Pegasus que incluyeron al propio presidente del gobierno.

Mientras, los procesos judiciales abiertos al PP, como el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid - por algo tan grave como especular con productos esenciales durante la pandemia, utilizando presuntamente como testaferro a una empresa de un amigo de la infancia - han pasado sin más, por la inacción de la Fiscalía. También el caso del familiar del Alcalde de Madrid, facilitando pelotazos millonarios con dinero del Ayuntamiento. Ambos casos ni siquiera se ha investigado la posible implicación directa de sus responsables políticos (presidenta de la Comunidad y Alcalde de Madrid) con familiares directos vinculados. No digamos el caso de la policía política creada desde el Gobierno del PP de Rajoy por parte del Ministerio del Interior, Fernández Díaz, junto a la cúpula policial y parte de la judicial, que de momento está pasando sin pena ni gloria, más allá de la publicación de escandalosas conversaciones de sus protagonistas por parte de algunos medios de comunicación.

Todo ello en un contexto económico de profundos nubarrones que amenazan con descarrilar el fuerte rebote económico que se vaticinaba para la economía española no hace muchos meses por la gran mayoría de los expertos, frustrado sobre todo por la guerra de Ucrania y el encarecimiento histórico de la energía y los alimentos. La situación está golpeando políticamente a Sánchez, cosa que hace que la “guerra de cifras” respecto a las estadísticas oficiales económicas y sus repercusiones sociales sea esencial. Se busca así destacar los datos más favorables todavía del empleo y las perspectivas turísticas de este verano, junto al desembarco de los fondos europeos para facilitar los beneficios empresariales históricos, lo cual se ha convertido en uno de los ejes del discurso político de Sánchez para fortalecer las perspectivas electorales del “bloque progresista”. Algo que desde el INE se venía descomponiendo con unas cifras bastante negativas y que eran cuestionadas por muchos miembros del gobierno, quienes ponían en cuestión la metodología empleada.

Política exterior y migratoria reaccionaria del Gobierno

Otro elemento en clave reaccionaria, con el que el gobierno trata de conjurar esta guerra interna, ganándose a su favor a las fuerzas más oscuras del aparato del Estado, es la política exterior. Concretamente, hablamos de la participación directa del Estado español en primera línea de la intervención imperialista al lado de los Estados Unidos y la OTAN. A su vez, esta posición de socio de máxima confianza frente a las reticencias iniciales franco-alemanas, se sitúa como clave de bóveda en la futura perspectiva electoral de Sánchez. Así, impulsa aún más la participación del ejército español en los conflictos mundiales y el compromiso de incremento del gasto militar próximo. También se va a incrementar la presencia norteamericana en las bases.

De conjunto, el PSOE de Sánchez pretende crecer en apoyo social y electoral, además de intentar romper la hostilidad de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado, sobre las bases de una política exterior y migratoria aún más reaccionaria que se pergeña haciendo el juego a la derecha y la ultraderecha de Vox. De esta manera, busca hacer renacer (increíblemente) las perspectivas políticas en el campo electoral favorables al “gobierno progresista” frente a lo que está siendo el revulsivo de Feijoo y el resultado de las elecciones andaluzas. Unidas Podemos se opone con la boca pequeña, mientras convoca manifestaciones contra la OTAN para hacer el paripé social, terminar tragando el sapo y sosteniendo al Gobierno del que es parte e implementa esas políticas.

Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con el último asalto a la valla de Melilla y los 37 muertos migrantes causados por la acción de las fuerzas de seguridad de Marruecos y el Estado Español. Frente a ello, Unidas Podemos se ha limitado a pedir una comparecencia del Presidente del Gobierno para que dé explicaciones de la ignominia que viene justificando el presidente Sánchez desde el primer momento. Declaración tras declaración, Sánchez ha brindado el apoyo del ominoso acuerdo con Marruecos para que actúe como gendarme al servicio de la policía española. Todo ello, para detener a los migrantes en la frontera con vallas, concertinas, represión y devoluciones en caliente. Es decir, cueste lo que cueste, y por encima de cualquier derecho humano más elemental ante personas migrantes que solo huyen de la muerte – aunque acaban encontrándose con ella – la desesperación, la guerra, la miseria, las hambrunas y el desastre medioambiental.

En este sentido, la única política progresista posible respecto a la inmigración pasa por la derogación de la represiva Ley de Extranjería y el acceso libre de migrantes al Estado español ante los desastres bélicos y humanitarios causados directa o indirectamente por los estados imperialistas incluido el Estado español. Igualmente, el cierre de los CIEs y el reconocimiento de todos los derechos sociales y políticos de los migrantes es urgente, incluyendo el acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Políticas de las que está muy alejado el gobierno “progresista”, incluido Unidas Podemos.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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