Las investigaciones por el brutal asesinato de manifestantes durante las protestas contra el actual gobierno golpista de Perú llegaron a la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía la citó a declarar para la semana que viene tras finalizar la etapa investigaciones preliminares por la comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

En las investigaciones también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Las protestas estallaron en Perú tras el encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado, tras su anuncio de cerrar el Congreso, a lo que le siguió el establecimiento del gobierno golpista de Dina Boluarte, apoyada por la oposición de derecha, los empresarios, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Las manifestaciones por la caida del gobierno golpista y el Congreso, por elecciones anticipadas y una asamblea constituyente continuaron durante enero y fueron brutalmente atacadas por las fuerzas represivas.

Ejecuciones extrajudiciales

Según diversas fuentes al menos 60 personas fallecieron durante las protestas y produucto de la represión policial y militar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas represivas durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.

Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre".

Por su parte Amnistía Internacional (AI) aseguró este jueves que la muerte de 49 manifestantes peruanos en choques con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales muestra que hubo una "respuesta estatal deliberada y coordinada" que fue "ordenada o tolerada por altos cargos".

"Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando", afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Así lo afirmó durante la presentación de un informe, llamado "Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú", que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas desarrolladas desde diciembre.

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