Cuando se organizan estos grupos afines a la Iglesia Católica y la ultraderecha, se repite una escena en la que las mujeres que van a abortar "entran a una clínica atravesando un pasillo de personas que les increpan, les preguntan por qué van a abortar, rezan o les llaman asesinas".

A pesar de los insultos o veredictos inquisitoriales del diputado de VOX, anteriormente juez y profesor de derecho, la propuesta de penalizar a quienes acosan a las mujeres que abortan frente a las clínicas ha comenzado su aprobación con 199 votos a favor y 144 en contra (los del PP y Vox).

Es José María Sánchez García, es juez en excedencia y Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho de Sevilla. ¿Se comportaba así en sala, y en clase? https://t.co/XqDEY76qTY

— NIPORWIFI © (@niporwifi) September 21, 2021

Sin embargo, la propuesta del PSOE de castigar con cárcel a los acosadores anti aborto que van a las puertas de las clínicas para violentar a las mujeres que hacen uso de sus servicios, es mínima y no señala la verdadera necesidad de controlar y mejorar los recursos y el acceso para todas.

Por una parte, además de los grupos antiaborto, la iglesia sigue ejerciendo presión en lo que concierne al control sobre los cuerpos de las mujeres a través de su influencia en las clínicas privadas, la educación y la moralidad.

Según los informes estadísticos anuales del Ministerio de Sanidad, en los últimos 5 años 12 provincias españolas no han registrado ninguna interrupción voluntaria del embarazo a pesar de haber mujeres que lo solicitaran. Unida a esta cifra debemos añadir aquellos territorios en los que, a pesar de haber ciertos abortos registrados, estos son solo una pequeña parte del total, como los farmacológicos o aquellos de alto riesgo para la salud de la madre, mientras que para la realización de intervenciones quirúrgicas es indispensable desplazarse a otro lugar.
Normalmente en el Estado Español son las clínicas privadas quienes a través de subcontratas realizan las intervenciones, pero cuando estas están ausentes en un territorio los hospitales públicos tampoco se hacen cargo de ellas, vulnerando así los derechos de igualdad de acceso recogidos por la Ley del Aborto de 2010.

Las menores de edad siguen estando subordinadas a la decisión de sus familias, lo que puede hacer llevar a cabo un embarazo en contra de la propia voluntad de la gestante, eliminando así su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Doblemente perjudicadas se encuentran además las compañeras migrantes en situación irregular, que ante una necesidad de desplazamiento deben arriesgarse a ser perseguidas por las fueras represivas del Estado.

Sin embargo, respecto a este avance, la modificación de la ley del aborto del PP de 2015, si bien hubiera sido aún más restrictiva de acuerdo a la Ley Gallardón que acabó con la dimisión del Ministro-, acabó excluyendo a miles de mujeres jóvenes que no podrán ejercer este derecho sin autorización de un familiar o de la persona que las tutele.

Y también a las mujeres inmigrantes consideradas “ilegales” por la reaccionaria ley de extranjería que desde 2012 no tienen acceso a la Sanidad Pública, a la que sólo pueden acudir en casos de urgencia lo cual no contempla un aborto. Por lo tanto están obligadas a realizar abortos clandestinos o en clínicas privadas donde el precio oscila entre 300 y 400 euros, si solo se necesita anestesia local.

La falta de un verdadero acceso al aborto legal, gratuito y en la sanidad pública, una educación sexual integral o la separación de Iglesia y Estado siguen siendo una lacra contra los derechos reproductivos y sexuales que van más allá de la ultraderecha y se mantienen en este gobierno como en los anteriores.