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El 10 y 11 de diciembre se celebraron las elecciones a Rector en la UB

Los pasados días 10 y 11 de diciembre se celebraron en la Universidad de Barcelona las elecciones a rector, Joan Elías y Joan Guàrdia se volverán a enfrentar la semana que viene en una segunda vuelta. A pesar de las diferencias entre los candidatos, ninguno supone un cambio al actual sistema universitario antidemocrático y, en mayor o menor medida, promueven la injerencia de los intereses privados en la Universidad.

Viernes 18 de diciembre de 2020 | 16:18

Los tres candidatos Joan Guàrdia, David Vallespín y el actual rector Joan Elías, han repetido candidatura y se han vuelto a enfrentar en estas elecciones. En total, tienen derecho a voto más de 52.000 personas con un valor de voto diferente: los profesores permanentes supondrán el 51%; el resto de personal docente e investigador solo un 9%; los estudiantes un 30% y el personal administrativo y de servicios un 10%, un sistema electoral estamental y antidemocrático que ha provocado un gran abstencionismo y en esta primera vuelta solo han votado el 21,56% del total de la comunidad universitaria, donde los estudiantes suponen el 84,74% y el porcentaje de votación de este sector ha sido del 14,75%.

"¡Primero la UB!", después los estudiantes y los trabajadores

Joan Elías, el actual rector de la Universidad de Barcelona, se vuelve a presentar con un programa de continuidad respecto al mandato anterior iniciado ahora hace 4 años. El lema elegido para su campaña es “Primer la UB!”, donde expresa priorizar la institución y las personas que la conforman por encima de otros intereses. ¿Pero es realmente así?

No es noticia que las universidades precaricen y desprecien a sus trabajadores, y en la Universidad de Barcelona la situación de un gran número de docentes no es diferente. Aunque el rector afirmara en el debate previo a las elecciones que durante su mandato había aumentado un 15% el número de docentes fijos, una gran parte de la carga lectiva la soportan docentes asociados, que representan cerca del 70% del personal docente total. La figura del profesor asociado que en un inicio solo estaba pensada para contratar puntualmente a expertos en una materia determinada, ha supuesto un elemento estructural que sostienen el curso académico. La carga lectiva y la baja retribución, es decir, la precarización de gran parte de la plantilla docente, hace aumentar su vulnerabilidad laboral y empeora el aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces tienen que compaginar el trabajo en la universidad con otros trabajos para conseguir un salario completo. Las bajas retribuciones y la inestabilidad de los contratos del profesorado asociado se traducen en un deterioro de la calidad del trabajo universitario, sea en la docencia o la investigación, a causa de la falta de tiempo para dedicarse a estas tareas. Esta precariedad también afecta a los investigadores e investigadoras predoctorales. Cómo denuncian colectivos de doctorandos, el margen de tres años de contrato que ofrece la universidad no es suficiente y más del 50% acaban finalizando la investigación de su tesis viviendo del subsidio del paro. Las universidades se han aprovechado de esta situación que facilita mano de obra gratuita durante cierto tiempo.

En cuanto a la gestión de la Covid-19, la UB se ha enorgullecido de su gestión de la docencia y de la cesión de recursos al ámbito sanitario y de investigación. Durante la primera mitad de este año 2020, la docencia en online se desarrolló de manera muy deficitaria y este inicio de curso, a pesar de haber tenido tiempo de sobra para reorganizar el curso, no ha sido diferente. Se planteó un modelo de docencia híbrida sin tener en cuenta el transporte público atestado, barrios masificados o los trabajos de miseria que muchos estudiantes tienen para poder costearse la carrera, puesto que una rebaja del 30% no supone un cambio real en el acceso a los estudios superiores. Todo esto sin garantizar los recursos necesarios para realizar una segura presencial ni una docencia en linea en condiciones, cosa que se ha evidenciado todavía más cuando las universidades catalanas cerraron por completo y la docencia pasara a ser únicamente telemática. Estas barreras en la hora de acceder a un grado o en la hora de seguir en condiciones el curso académico deterioran todavía más la calidad de la educación pública y profundizan su proceso de elititzación.

Los recursos sanitarios destinados en la lucha contra la pandemia por parte de la universidad también han estado bajo unas condiciones de precariedad y explotación, como es el caso de los MIR, médicos en formación que han estado cubriendo una tarea estructural dentro de los hospitales, haciendo jornadas laborales exhaustivas por un sueldo de miseria.

Una universidad antidemocrática

El sistema electoral universitario tiene un carácter totalmente estamental donde, como se expone al inicio del artículo, el profesorado permanente que ostenta más privilegios dentro de la institución tiene un valor de voto muy superior al resto de colectivos que conforman la universidad, como los estudiantes, asociados o personal administrativo o servicios.

La alta jerarquía académica desde sus cátedras, decanatos, vicerrectorados y rectorados es quienes toma las decisiones junto a los gobiernos autonómicos y estatal, junto a las empresas privadas y con la colaboración de las burocracias sindicales. Desde el rectorado, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, se deciden las cuestiones fundamentales: financiación y presupuestos, planes de estudio, relación con otras instituciones y empresas privadas, etc. Son los órganos donde la jerarquía académica se reúne con los políticos autonómicos y con las empresas privadas para marcar la política en la universidad.

De este modo no es sorprendente que se dediquen a gestionar de manera pésima la situación de las universidades, manteniendo un modelo neoliberal que la pandemia ha puesto todavía más en evidencia. Una casta que también guarda silencio ante la situación de crisis sanitaria y social, cuando tendría que pronunciarse de manera unánime porque se dé prioridad a las necesidades sanitarias y a los servicios públicos.

Un nuevo rector, la misma universidad neoliberal

Las nuevas esperanzas están depositadas en el candidato más progresista Joan Guàrdia, que se presenta con un programa aparentemente sensible hacia las demandas de los estudiantes y el profesorado asociado. Aunque en contraposición al resto de candidatos parezca una vía de cambio, la universidad desde la aplicación de plan Bolonia ha degenerado todavía más y ha acelerado un proceso de mercantilización que venía dándose, eliminando la posibilidad de crear un espacio de producción, transmisión, difusión y crítica del conocimiento a ser una fábrica de titulados con perfiles que interesan al mercado. La implementación de los grados, con reducción de los estudios necesarios para el ejercicio profesional ha provocado un empobrecimiento de la formación y un énfasis en los aspectos prácticos. Quien no se pueda permitir un máster queda relegado en segunda posición, *elititzant cada vez más los estudios superiores y formando una barrera de clase entre los que pueden continuar estudiando y los que no. Por este motivo, el cambio de rector no supondrá un cambio en la estructura universitaria ni un cambio en las relaciones entre el ámbito privado y la institución.

En definitiva, queda claro que hay una falsa alternativa entre los diferentes candidatos a rector, y el sistema antidemocrático universitario no garantiza que se exprese la opinión de los estudiantes.






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