Economía

EL AJUSTE QUE VIENE

El Banco de España exige consenso político para implementar duros ajustes y reformas estructurales

El gobernador del Banco de España ha exigido un amplio consenso político parlamentario, que incluya a las burocracias de CCOO y UGT, para avalar las futuras reformas estructurales que recomienda sin crispación social. Así se pretende que la enorme e histórica inyección de dinero público destinada a mantener los beneficios de las grandes empresas del IBEX35 y el capital financiero durante la crisis de la Covid-19 la acabemos pagando las y los trabajadores, como ya sucedió en la crisis de 2008.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Miércoles 24 de junio | 18:06

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, compareció este martes en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados para establecer las líneas esenciales para el Banco de España, de lo que tiene que ser la senda de recuperación económica para abordar la crisis denominada del “Gran Confinamiento”.

Lo primero que destacó es la necesidad de mantener las ayudas a las empresas, tanto las de carácter general que sirvieron para acometer los primeros coletazos de la crisis generada por la Covid-19, como las específicas que van destinadas a los sectores más dañados y que ya se han comenzado a implementar. Como única consideración para su mantenimiento solo puso la evaluación de la coyuntura económica que pueda suponer algún cambio en la orientación emprendida. O lo que es lo mismo, recomienda seguir tirando de la chequera del Estado mientras la situación no haya cambiado lo suficiente como para que se pueda garantizar la recuperación de los beneficios empresariales en suficiente medida, como para que la situación económica de las empresas sea muy rentable y en consecuencia se estabilice.

Por eso todo ufano destacó que una “retirada prematura” de los apoyos que se están brindando, en formas diversas y variopintas, y con niveles de récord absoluto a las empresas, sobre todo a las grandes del IBEX35 que recordemos partían de enormes beneficios y unos balances absolutamente saneados, supondría “aumentar el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos”.

Los ERTE como mecanismo empresarial de socialización de las pérdidas

Hernández de Cos destacó que le parecía una medida de auténtico salvavidas la aplicación de los ERTE desde el primer momento de la crisis, tal y como los ha realizado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Una medida que supuso en origen, entre los ERTE y el cese de actividad de los autónomos, nada menos que un coste de 6.000 millones de euros mensuales para el Estado. Llegando a afectar a más de 4 millones entre trabajadores y autónomos. Ahora el gasto, dado que se han reincorporado a la actividad una parte de los trabajadores y autónomos afectados, ronda los 4.000 millones. Y afecta a algo menos de dos millones de trabajadores, lo que supone unos 3.000 millones de euros mensuales, y a 1,4 millones de autónomos, lo que implica un coste de 1.200 millones de euros. Por lo tanto, un total de 4.200 millones de euros mensuales de gasto total para el Estado. A final, el coste total de los ERTE solo para los meses que está aprobado el gasto, pendiente de su ampliación hasta septiembre o incluso hasta diciembre, se estima en unos 18.000 millones de euros. A esto habría que añadir las exenciones y moratorias en las cotizaciones sociales que lastrarán los ingresos con un coste añadido superior a los 6.000 millones de euros.

Ha defendido también en su intervención, la extensión de los ERTE todo lo que sea necesario y dando todas las facilidades posibles a las empresas. Apoyando de manera directa con sus declaraciones las posiciones de la patronal y sus aliados de las burocracias sindicales de CCOO y UGT, que mantienen de manera aberrante las mismas tesis que la patronal.

El Gobierno duda en la negociación, debido al elevado coste que supone la extensión de sostener casi un 20% del coste de todos los asalariados como mínimo hasta septiembre y si es que no se extiende hasta diciembre. Además, ahora ha aceptado no hacer ninguna rebaja a la reducción de la cuota como si la hizo en la anterior extensión de los ERTE. Y duda también ante las condiciones que debe exigir a la patronal para reducir algo más la factura del gasto. Porque la discusión que se está sosteniendo, en el tramo final de esta negociación con los mal llamados “agentes sociales” en la que van en un bloque unido patronal y sindicatos burocratizados de manera ignominiosa, no es tanto la prolongación de los ERTE, sino más bien hacia donde deben dirigirse los recursos públicos en relación al coste de las rebajas de las cuotas sociales por los ERTE.

Así, por parte del Gobierno se viene planteando que las rebajas en las cuotas deben encaminarse a incentivar la incorporación de los trabajadores que salen del ERTE, de modo que continuarían con reducción en sus cuotas pese a estar trabajando. O como plantean la patronal y los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT conjuntamente, deben dirigirse al conjunto de los trabajadores afectados por el ERTE, manteniendo la reducción de las cuotas en todos los casos.

FEDEA a este respecto, un centro de estudios económicos financiado por las grandes empresas, plantea la reducción de las cuotas sobre la base de la propia actividad empresarial y sus necesidades, incluyendo o retirando trabajadores según evolucione la actividad de cada empresa. Es decir, sería poner la práctica exoneración de las cuotas sociales al servicio absoluto del negocio y el beneficio empresarial.

Al final, tanto con la postura del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como en la sostenida por el frente patronal-sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, se trata de socializar pérdidas y privatizar beneficios. La patronal añade además la petición de la revisión de la exigencia del mantenimiento del empleo.

Mientras, a los trabajadores los ERTE les ha supuesto una reducción de al menos el 30% del salario, en el mejor de los casos. Puesto que no todos los conceptos retributivos cotizan a la seguridad social, sobre todo en los sectores más precarizados. Además, muchos de ellos tardaron meses en cobrar sus retribuciones, de hecho, todavía algunos no han cobrado todos o parte de sus ingresos a día de hoy, tras más de 3 meses de aplicación de los ERTE.

La Banca también hace negocio en esta crisis

Hernández de Cos también habló en su comparecencia de la necesidad de ampliar los 100.000 millones de barra libre de créditos avalados por el Estado para las empresas en condiciones muy favorables, algunos de cuyos créditos se destinaron a refinanciaciones de deuda de los que la banca quería asegurarse el cobro. Negocio redondo para las empresas, sobre todo para las grandes, y también y sobre todo para la banca, que ha visto reducir su riesgo a prácticamente cero con estos préstamos. Y ha podido ampliar sus enormes beneficios dado el margen que le queda por cada préstamo que concede. Cos señaló que hasta el 14 de junio el importe de avales solicitados estaba próximo a los 53.000 millones de euros.

Las reformas estructurales: una grave una amenaza social

El gobernador del Banco de España finalizó su comparecencia, señalando la necesidad de empezar ya a trabajar en un plan de recortes de las finanzas públicas, ante el enorme agujero de la deuda y el déficit que el propio Banco de España, y muchos organismos internacionales, prevé para el Estado español. Partiendo de un déficit elevado que en 2019 no solo no se redujo por debajo del 2% tal y como estaba previsto, sino que se incrementó hasta alcanzar el 2,8%. En el contexto actual de enorme reducción de ingresos que el propio Gobierno cifraba, muy optimistamente, en 25.7000 millones de euros al menos, y el estratosférico incremento de los gastos acompañado de la depresión económica, las estimaciones del Banco de España elevan el déficit a una horquilla entre el 9,5% y el 11,2%. Mientras calculan para la deuda pública un aumento de conjunto de entre 20 y 25 puntos hasta situarla en unos parámetros de entre el 115% y el 120% del PIB. Todo ello a pesar de que las previsiones económicas resultan optimistas porque se prevé un rebote económico ya para el año 2021 y que continuaría en el 2022. Algo que está por ver puesto que podría haber nuevos rebrotes de Covid-19 -ya lo están habiendo de hecho- que den al traste con estas previsiones ante las más que posibles depresiones de la oferta y la demanda en esas condiciones socio-económicas.

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Respecto del PIB la caída estimada por el Banco de España para el segundo trimestre, del que todavía no hay datos, lo sitúa entre el 16% y el 21,8%, una variación muy amplia que deja a las claras lo confuso todavía de la situación. La estimación del INE, todavía con carácter preliminar, aunque más cerrada, para el primer trimestre indica una rebaja del 5,2%. Para el conjunto del año la caída puede superar el 10% del PIB en 2020.

Los rasgos que ha destacado Hernández de Cos que han influido en que el Estado español sea uno de los más afectados por la crisis económica post pandemia, son: el diminuto tamaño del tejido empresarial, algo más del 90% lo constituyen PYMES; el gran peso de sectores económicos muy afectados por la crisis (turismo, hostelería, comercio, industria automotriz, etc.) y la existencia de una enorme precarización de la fuerza laboral, que cifró en un 25,2% de temporalidad, frente al 13,9% existente en la zona euro.

Sin embargo, las fórmulas que adelantó para atacar supuestamente esa precarización de manera absolutamente cínica fueron la posibilidad de implementar un mecanismo de ajuste del mercado de trabajo para atacar la dualidad fijo/temporal. Es decir, reducir los derechos de los fijos, hasta hacerlos a todos, de facto, temporales. Incidió, entre otras lindezas, en la necesidad de mejorar la productividad, los mecanismos de ajuste del empleo y como no, la reforma de las pensiones, ósea su reducción.

Sobre la clase trabajadora y las clases populares se avecinan nuevos y enormes ataques. Esto no es una opinión, sino un hecho que se deduce de las previsiones y propuestas del Banco de España ante la profunda crisis que se avecina; y de las propias medidas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos expresadas a través de la comisión por la reconstrucción. Una institución montada e impulsada para negociar el nivel de recortes sociales y reformas estructurales que atacarán derechos esenciales de “la gente”.

Esta recreación senil y caricaturesca de los “Pactos de la Moncloa”, como aquellos, no es sino la expresión de los intereses de los grandes capitalistas y el capital financiero. Pero a diferencia de 1977, no tienen nada que ofrecer como migajas sino nuevos ajustes.

Ante este escenario, que más temprano que tarde dará lugar a nuevos procesos de lucha de clases, resulta vital levantar una alternativa política anticapitalista y revolucionaria de clase que haga frente al social liberalismo del PSOE, al reformismo impotente de Unidas Podemos y a la entrega a la patronal de las burocracias sindicales de CCOO y UGT, impulsando las luchas de la clase obrera de manera unificada e independiente y con sus propios métodos para lograr que la crisis la paguen los capitalistas.






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