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El Congreso podría introducir el antigitanismo en el código penal. ¿La solución contra la discriminación?

A pesar del escaso eco de la noticia, esta parece tratarse como una victoria obtenida en el congreso en materia de lucha contra la discriminación. Es una legislación por aprobar obtenida a través del activismo, pero, ¿va a ser el código penal lo que diga qué es racismo antigitano y el punitivismo el medio para combatirlo?

Jorge Remacha

Juan Trompe

Martes 3 de mayo
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Aunque por el momento ya se han visto celebraciones de la nueva ley, lo cierto es que la nueva legislación aún está pendiente de del dictamen necesario para continuar su tramitación en el Senado.

En un contexto como el del Estado Español, donde la persecución actual e histórica hacia el pueblo gitano tiene una preeminencia como en pocos otros lugares, una conquista de este estilo, aunque sea en la formalidad de la ley escrita, hace que debamos reivindicarla y defenderla con uñas y dientes.

Así, esta medida, incluida en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación -la conocida como ley Zerolo- modificaría el Código, incluyendo el antigitanismo tipificado como un delito, que conllevaría una pena de uno a cuatro años de prisión. Esta conquista frente a la impunidad con la que se han resuelto crímenes de odio antigitanos llega tras una larga pelea del activismo gitano, que viene reclamando y organizándose frente a la extrema derecha, las leyes de extranjería, la dura persecución a la población gitana en Ucrania en este momento, en los movimientos antirracista, de mujeres y LGBTI o reivindicando una memoria de resistencia borrada.

Al mismo tiempo, en el plano de la lucha contra la discriminación ningún gobierno o régimen de este sistema capitalista nunca nos ha regalado nada. Varias veces los sectores oprimidos hemos sido víctimas de los engaños de estas políticas que se jactan de “inclusivas”, mostrando los límites de la legislación Estatal en la lucha.

Como mencionábamos en un artículo anterior acerca de la legislación respecto a la LGBTIfobia, "vemos cómo procede la doble vara del Estado para calificar qué es y qué no es un discurso de odio. Tenemos por ejemplo la agresión a un joven en Valladolid en 2020 que gozó de total impunidad por el accionar homófobo de los jueces que llevaron el caso, o por el contrario, la calificación de delito de odio al intento de activistas LGTBI de impedir el paso del Transfobus en Sevilla en 2017."

En toda Europa hemos visto como la legislación antigitana no sólo era parte de una tradición de siglos de opresión racial, sino que era algo bien renovado y presente, como en la Francia de Sarkozy mediante el derribo de viviendas precarias gitanas, las esterilizaciones forzosas hasta principios del siglo XXI o la “Ley para la represión de la criminalidad en las localidades gitanas” de 2018 en Eslovaquia. Hoy en día, más allá de la ley, sigue en el punto de mira de la extrema derecha europea, con continuos ataques con la complicidad de las fuerzas represivas. Para mostrar a un estado capitalista como garantes de los derechos del pueblo romá a través de las leyes habría que obviar así la capacidad de hacerlas retroceder si es necesario negociar con la extrema derecha, la distancia entre los derechos en el papel y derechos en la vida real o el auténtico rol de las fuerzas represivas del estado.

Sin ir más lejos y yendo al caso puntual del pueblo gitano, deberíamos pensar cómo se aplicaría esta nueva ley en los barrios obreros y populares, donde es la misma policía la que actúa impunemente de manera criminal y racista. ¿Con qué cara vamos a exigirle a las fuerzas represivas, armadas y amparadas por todo el estado capitalista que, por favor, haga cumplir la ley de no discriminar? Cuando en el Estado español algunos de los casos más graves de ataques antigitanos, llegando al asesinato, han sido a manos de estas fuerzas represivas, de forma impune en calles, comisarías y cárceles.

Tal y como firmaban numerosas organizaciones gitanas tras el asesinato de Eleazar, con un 75% de discapacidad, o de Miguel Ángel, en extrañas circunstancias bajo custodia en una comisaría: “Creemos que es muy importante visibilizar estos asesinatos y muertes porque el antigitanismo se ceba con nuestras vidas y los responsables quedan impunes en una sociedad que silencia el racismo institucional y estructural y lo niega”.

Los reclamos de justicia y reparación se encuentran con este tipo de obstáculos si las armas de lucha se quedan restringidas a los mecanismos represivos del estado. El propio manifiesto agregaba que “hemos visto a menudo al Estado protegerse a sí mismo y a sus instituciones; hemos visto el corporativismo de los cuerpos policiales y también la confraternización de algunos jueces y fiscales que son incapaces de concebir que la verdad pudiera encontrarse en las palabras de una familia gitana mientras que avalan informes policiales a veces tan poco creíbles como poco originales”.

Mientras que la inclusión del antigitanismo como un elemento a combatir en los códigos legales es un fruto de una pelea, es un arma de doble filo. No hay nada más peligroso que creer que puede utilizarse el poder punitivo del estado burgués para enfrentar a las expresiones de un racismo, en este caso antigitano, que la clase dominante utiliza para dividir las filas oprimidas y explotadas en su propio beneficio.

Lo cierto que en un sistema donde el Estado actúa en favor de los grandes poseedores, las leyes solo están al servicio de unos pocos. El mismo gobierno más progresista de la historia que saca leyes en contra del racismo y la discriminación es el mismo que efectúa crímenes de Estado, como el asesinato de un hombre Ghanés en 2021 en Madrid a manos de la policía, o deja fuera de sus políticas “inclusivas” a gran parte de la población trabajadora como en el caso de los migrantes.

Toda medida que fortalezca al estado y su poder represivo contra las libertades democráticas, aunque pueda causarles molestias temporales a los racistas, será más temprano que tarde utilizada contra los sectores oprimidos, la clase trabajadora, los movimientos sociales y sus organizaciones. Y es que este mismo estado es responsable de las deportaciones en caliente, las vallas de Ceuta y Melilla, la administración de los CIEs o la segregación escolar y laboral al pueblo gitano.

La vía para combatir ésta y otras opresiones raciales no pasa pues por el refuerzo de la capacidad punitiva del Estado que las instrumentaliza, sino por desarrollar un movimiento independiente que combata todas sus expresiones en alianza con los movimientos antirracistas, de mujeres y disidencias sexuales, la clase trabajadora y la juventud.

Si bien no hay que abandonar la lucha por alcanzar conquistas intermedias en el parlamento como en este caso, no debemos caer en la trampa de creer que con estas victorias está ganada la batalla. Mientras este sistema continúe, la justicia va a seguir actuando en favor de quienes más tengan, tratando de dividirnos mejor y explotar doblemente a través del machismo, el racismo o la LGBTIfobia. Las mayorías oprimidas nunca vamos a alcanzar la plenitud de nuestros derechos mientras el capitalismo siga existiendo. Por eso debemos unir fuerzas y continuar la lucha, aprovechando cada victoria para obtener más impulso, y cada derrota para aprender nuevas lecciones.


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Jorge Remacha

Nació en Zaragoza en 1996. Graduado en Historia en la Universidad de Zaragoza. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español y en la agrupación juvenil Contracorriente.


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