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El Gobierno aprueba los presupuestos de 2022: gasto social insuficiente y miles de millones para las empresas

El Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso de los Diputados. Estos marcarán la política económica y social del año que se inicia y serán tarjeta de presentación para las próximas elecciones.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 28 de diciembre de 2021 | 18:24

Los Presupuestos han sido aprobados con un importante apoyo en el Congreso, 281 votos a favor y solo 62 en contra. Sigue funcionando pues el engranaje del bloque político parlamentario de apoyo al Gobierno a pesar de las dificultades, algo que se irá enrareciendo cada vez más según se acerquen las elecciones generales, por lo que muy probablemente estos sean los últimos presupuestos que se puedan consensuar.

Los Presupuestos Generales del Estado se presentan como los más expansivos en gasto social (248.391 millones de euros), pero esto es una apariencia, ya que tienen un gasto totalmente insuficiente para hacer frente a las heridas sociales abiertas por la covid-19. Con recursos totalmente raquíticos para las necesidades de la sanidad, la educación, los servicios sociales o la mejora del transporte público. Partiendo, además, de una realidad social muy golpeada por la crisis de 2008 y las políticas neoliberales de Zapatero y Rajoy.

El Gobierno espera que el 2022 sea expansivo en crecimiento económico si se combinan algunas variables: la recuperación por la llegada del grueso más importante de los fondos europeos Next Generation; la resolución de los brotes de covid-19 con las nuevas dosis de la vacuna y lo que se espera sea el gran despliegue del consumo una vez terminada aquella; la apertura de los cuellos de botella de las cadenas de suministro mundiales; y el esperado control de la inflación a partir de la segunda parte del año.

Con este panorama en el horizonte, resultaba vital para el Gobierno la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado que dieran cobertura al gasto público necesario para hacer factible esa realidad. Y que le permitieran a Sánchez y a Yolanda Díez encarar con fuerza el camino hacia las próximas elecciones en las que poder mostrar una agenda de resultados económicos y de acuerdos sociales.

Sin embargo, este camino abierto por los nuevos presupuestos no está exento de sombras y en consecuencia la estabilidad del Gobierno de aquí a las elecciones podría verse fracturada. Hay varias sombras que lo anuncian. En primer lugar, la rebaja de las previsiones al crecimiento económico (del 6,5% al 4,5% del PIB) realizado por la mayoría de las instituciones económicas y analistas. En segundo lugar, la amenaza del crecimiento de la deuda y el final de las políticas monetarias expansivas en Europa que podría tensar el equilibrio financiero y presupuestario y exigir más recortes y ajustes sociales en pensiones y derechos laborales. Sin que haya, por otra parte, encima de la mesa ninguna contrapartida en impuestos a las grandes fortunas y las empresas del IBEX 35, que evaden miles de millones de euros en impuestos cada año, o se escapan por las aberturas que les facilita el sistema fiscal pensado en favor absolutamente de las élites económicas.

Otro grave problema en el horizonte del Gobierno y las previsiones presupuestarias es la elevación persistente de la inflación que está atacando duramente el nivel de vida de las clases humildes y la clase obrera, y que podría extenderse más allá de lo previsto y generar conflictos laborales como ya comienza a ocurrir. Así se podrían romper los consensos sociales, algo que sin duda pondría en graves aprietos a la implementación de las políticas neoliberales del gobierno “más progresista de la historia”. Además de posibles protestas en las calles de las clases más humildes en los barrios populares, auténticos damnificados por las subidas de las tarifas estratosféricas de los precios de la luz y el gas. No digamos si estas subidas permanecen en el tiempo y como se vaticinan incluso se incrementan durante buena parte del año 2022.

Durante la aprobación definitiva de las cuentas públicas, Pedro Sánchez ha destacado la importancia de los consensos sociales, señalando: “España demanda acuerdos y necesita unos Presupuestos que consoliden la recuperación económica”. Llegando a agradecer de manera destacada el apoyo de los socios de gobierno e incidiendo en que con “diálogo y acuerdo” se han podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Incluso ha aludido al acuerdo alcanzado con los llamados agentes sociales para la reforma laboral y a su aprobación en el Consejo de ministros, a la espera de pasar por el Congreso para su aprobación legal. Señalando a este respecto: “ojalá estos dos grandes acuerdos, presupuestario y laboral sean solo el prólogo de muchos más”. Es decir, que el Gobierno progresista pretende sostener sus políticas, en los apoyos sociales de los "agentes sociales" (más de 12 acuerdos alcanzados) y en los apoyos parlamentarios de los socios externos del Gobierno. Así busca construir un discurso de consenso social y de progreso para llevar adelante el gasto previsto presupuestario con los fondos europeos que le permita un impulso económico. La base de este es regar con miles de millones a las empresas, sobre todo las del IBEX 35, mientras los trabajadores sufrirán los recortes y ataques a sus derechos laborales y sociales.

Hasta ahora, las medidas del gobierno han favorecido claramente a las empresas, sobre todo las grandes, frente a lo entregado a las y los trabajadores durante la pandemia. Los miles de millones de euros que durante los dos primeros años de la covid-19 se han destinado a las empresas en forma de préstamos avalados por el Estado a intereses muy bajos (120.000 millones), las ayudas directas a las empresas por el cese de actividad o la bajada de la facturación (22.000 millones), el sostenimiento de los ERTE y la rebaja en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social (20.000 millones), entre otros apoyos.

Los trabajadores, en cambio, apenas han recibido una Renta Mínima Vital que no ha llegado ni a un tercio de lo que había previsto el propio Gobierno, o el 70% del salario por los ERTE pagado por el Estado, mientras muchas empresas les hacían trabajar como han demostrado los casos detectados por la Inspección de Trabajo (5.500 empresas expedientadas).

Las ayudas que se han dirigido a las grandes empresas del IBEX 35 se verán incrementadas ahora con los Fondos Europeos Next Generation a través de los proyectos PERTE. Para garantizar esos fondos, la UE ha exigido recortes estructurales en derechos sociales, rebajas en las pensiones, y laborales, incluyendo el mantenimiento de la reforma laboral de Rajoy. Algo que el Gobierno “progresista” está cumpliendo sin ruborizarse.

De hecho, ha profundizado la reforma laboral incorporando mecanismos de flexibilidad empresarial en la gestión de la fuerza laboral que hace innecesaria la temporalidad exacerbada actualmente existente y absolutamente insostenible. Todo lo que el Gobierno “más progresista de la historia” acaba de aprobar junto con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal no solo no ha revertido la reforma de Rajoy, sino que es un nuevo ataque a los derechos de las y los trabajadores. Además de las reformas en las pensiones, aún sin finalizar en su totalidad, que ya se han llevado a cabo y que se han concretado en más recortes.

Por todo ello hay que hacer frente a cualquier ataque a los derechos sociales y laborales del Gobierno progresista en alianza con las cúpulas sindicales burocratizadas de CCOO y UGT. Porque como se grita muchas veces en la calle, gobierne quien gobierne los derechos se defienden. Retomando las calles hay que parar la reforma laboral y de las pensiones, para exigir que el gasto social se dirija no a las empresas sino hacia las clases más humildes. Empecemos por desenmascarar unos presupuestos que se tildan de sociales cuando en realidad favorecen sobre todo a las grandes fortunas y a las empresas del IBEX 35.






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