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VIVIENDA

El Gobierno pide 3 años de cárcel a activistas por vivienda digna

Si hace unos días el Gobierno "progresista" buscaba la forma para acabar con la ley que regula el precio del alquiler en Catalunya, hoy ataca a los activistas por una vivienda digna con una acusación que reclama hasta tres años de cárcel.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Lunes 21 de junio | 12:25

Foto: Twitter @SindicatLloguer

Hasta tres años de cárcel. Esa es la petición que reclama el Ministerio Público a dos inquilinos y al portavoz del Sindicat de Llogateres (Sindicato de inquilinas), Jaime Palomera.

Esta petición de cárcel por parte de la Fiscalía se centra en las protestas que realizaron contra el desahucio planteado por los dueños de su edificio, los Fradera, una de las familias más acomodadas de la ciudad condal con importantes negocios en el sector inmobiliario.

El juicio contra los dos inquilinos, Alpha y Fran, y contra Palomera, será el próximo lunes y se realizará en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Este juicio sucede al que tuvo lugar hace un mes contra Juan y Livia, dos inquilinos que han sido juzgados por protestar contra la subida de alquiler planteada por los propietarios y que está pendiente de sentencia.

En el caso de Alpha, Fran y Palomera, la Fiscalía considera que los tres incurrieron en un delito de coacciones y otro de allanamiento. Además la Fiscalía apunta a que se llevó a cabo una campaña de "difamación en redes sociales" por tachar a los propietarios de "especuladores".

Estas acciones represivas por parte del gobierno del PSOE y Unidas Podemos, es una muestra más del ataque que están realizando contra el movimiento en defensa de una vivienda digna.

Lejos de los discursos de cara a la galería, lo cierto es que durante el gobierno “más progresista de la historia” mientras se agitaba el slogan de que “nadie quedaría atrás” miles de familias continuaron (y continúan) siendo desahuciadas. Solo los desahucios por impago de alquiler, han tenido un repunte del 14% en el primer trimestre del año. El “escudo social” del gobierno, parece más un coladero con funciones propagandistas electorales.

El Gobierno espera, que tarde o temprano, el Tribunal Constitucional tire abajo la Ley del Alquiler en Catalunya, lo que sería una nueva injerencia de Moncloa en la política catalana. Por contra busca el Gobierno quiere centra su política de vivienda en dar fuertes incentivos fiscales a los propietarios y rentistas como herramienta para bajar los precios de los alquileres, sin la regulación de ningún precio

Hay que terminar con este sistema de corrupción, miseria y saqueo. Hay que poner fin a los desahucios, imponiendo la prohibición efectiva de los mismos y procediendo a la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y los especuladores, para que esta sea la base de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario familiar.

Al mismo tiempo, es necesario terminar con la especulación urbanística, los procesos de gentrificación y turistificación, que expulsan a las familias obreras hacia la periferia de las ciudades así la urbanización desenfrenada que afecta el medio ambiente. Es necesario imponer la derogación de la Ley del Suelo y la socialización de todo el suelo urbano, para establecer un plan urbanístico diseñado por las asociaciones vecinales al servicio de las necesidades de las mayorías y no de grandes inversores en búsqueda de ganancias.






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