En el último año hemos sido testigos de varias infiltraciones en entornos activistas por parte de la policía. Primero, dos agentes estuvieron infiltrados en diversos movimientos sociales relacionados con el derecho a la vivienda, el activismo libertario y el movimiento democrático catalán bajo las identidades falsas de Marc Hernández Pon y Daniel Hernández Pons.
Lo que supuso no solo un escándalo de represión política, sino también de abusos sexuales perpetrados por la policía, ya que el modus operandi de este último fue establecer relaciones sexoafectivas con al menos ocho mujeres con el fin de ganarse la confianza de los espacios en los que se infiltró. Después, otra agente infiltrada utilizó las actividades deportivas del centro social La Animosa para establecer una relación con activistas de movimientos sociales de Madrid, entre los que se encontraban los grupos ecologistas Extinction Rebellion y Futuro Vegetal.
Ahora se confirma lo que ya sabíamos, que el Ministerio del Interior de Marlaska es responsable directo de estas infiltraciones, cuyo objetivo es la persecución de la disidencia política y de la protesta social, ya que los agentes infiltrados actuaban bajo sus órdenes y con su plena autorización para realizar estas operaciones:
"Desde la Comisaría General de Información se solicitó la autorización administrativa correspondiente, estando todo ello recogido en un expediente que está declarado secreto", ha admitido el Ejecutivo, que también ha justificado esta actuación del cuerpo policial alegando su “plena sujeción a los valores constitucionales”.
Esto no nos sorprende lo más mínimo: una vez más vemos cómo el gobierno “progresista” opera de manera eficaz en beneficio del Régimen del 78, herencia directa del franquismo, al igual que la Ley de Secretos Oficiales de la que se sirven.
Otra cuestión que tampoco nos extraña es la pátina de neutralidad política de la que han tratado de revestir a los cuerpos represivos del Estado y sus prácticas al afirmar que "la actividad de obtención de información de los agentes de inteligencia señalados no se realiza sobre ideologías, ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública". El orden que la policía, la justicia y demás organismos que forman parte del aparato represivo del Estado no es otro que el de los intereses capitalistas, al servicio de los cuales el gobierno de PSOE-UP ha dejado claro en múltiples ocasiones que gobierna.
Las cloacas del Estado no pueden reformarse, ni tampoco se puede esperar nada de investigaciones llevadas a cabo por parte de los mismos responsables de este tipo de vulneraciones de los derechos y libertades más básicos con el fin de perseguir y extinguir cualquier contestación, por mínima que sea, a este sistema basado en la explotación y la opresión.
Ninguna solución, por tanto, puede venir de la mano de estos partidos: ni del PSOE que mantiene a Marlaska en el Ministerio de Interior, ni de Unidas Podemos que refrenda la represión de su gobierno, ni de ERC que avaló el endurecimiento del Código Penal, ni de otros socios del gobierno como Más País, que proponen llenar de policía los barrios. La única salida es redoblar la lucha y la organización.
Basta de espionaje e infiltración contra las organizaciones sociales, sindicales y políticas. Exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska y la constitución de comisiones independientes sobre los casos de espionaje para determinar el juicio y castigo a los responsables políticos. Exigimos también el fin del espionaje y la infiltración, la disolución del CNI y otras unidades policiales especialistas en la persecución política, la derogación inmediata de la Ley Mordaza y la amnistía para los procesados por luchar. Asimismo es necesaria la derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista y desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado, la policía y sus servicios de inteligencia.
