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El Gobierno le regala 34.000 inmuebles a la Iglesia, 1.000 menos que el PP ¡Eso sí que es progresismo!

De los casi 35.000 inmuebles que la Iglesia puso a su nombre, 965 de ellos lo fueron de forma ilícita. Los otros 34.000 serán un “regalo” del gobierno “progresista”, en el que sigue siendo un Estado aconfesional sólo sobre el papel.

Irene Olano

Miércoles 26 de enero
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Ya son dos años de negociaciones entre el Gobierno y la Iglesia, después de que el primero hiciera público el listado de bienes que la Conferencia Episcopal inmatriculó gracias a una ley de Aznar. Dicha ley permitía que la Iglesia pusiera a su nombre bienes solamente con una certificación eclesiástica.

La lista publicada por el Gobierno sacaba a la luz que, de todos los edificios inmatriculados, solamente 20.014 están destinados al culto mientras que los 14.947 restantes lo están a otros usos, siendo garajes, casas, fincas o huertos.

Los 965 inmuebles inmatriculados de forma irregular lo serían porque la misma Iglesia “considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”, como ha declarado la Moncloa en un comunicado oficial. 208 de esos inmuebles ya no están en manos de la Iglesia porque han sido vendidos o cedidos, mostrándose así que una parte de los inmuebles ha sido utilizada para hacer negocios.

Pese a que el Gobierno ahora continuará con la investigación y el millar de bienes serán previsiblemente devueltos, no se plantea acabar con la ley de Aznar. Esta ley es una de las muchas que avalan las relaciones económicas y políticas entre la Iglesia y el Estado.

O más bien al revés, y es que este es el primer acuerdo alcanzado por ambas partes en el marco de una serie de comisiones creadas por el gobierno para profundizar y regularizar sus relaciones con la Conferencia, con el ministro de Presidencia Félix Bolaños del PSOE a la cabeza. La devolución de los 965 inmuebles sería, así, una suerte de maquillaje para que no nos fijemos en lo más evidente: que los otros 34.000 seguirán en manos de la Conferencia gracias a una ley impropia de un estado aconfesional.

El caso de la mezquita de Córdoba es particularmente llamativo porque se trata de una de las propiedades que la Iglesia inmatriculó pese a no tener título de escrituras. La Iglesia sigue reivindicando su propiedad y el Gobierno no está siquiera analizando el caso en la misma comisión porque considera que tiene un régimen especial, en otro ejemplo de las contradicciones de este gobierno, incapaz de ir hasta el final contra los intereses económicos de la Iglesia.

Pero este no es el único ejemplo de cómo este gobierno mantiene la dudosa relación previamente existente entre la Iglesia y el Estado. El gobierno “progresista” mantuvo los acuerdos para remunerar a los curas castrenses del ministerio de Defensa como explicamos en este artículo, lo que les costó a las arcas públicas más de 4 millones de euros, correspondientes a los sueldos de 87 curas que hay en el ejército (cada cura del ejército nos cuesta a los ciudadanos más de 36.000€ mensuales). También se mantienen edificios por parte del Ministerio de Defensa utilizados con fines religiosos.

En este sentido, el gobierno del PSOE y UP no se diferencia en nada de los anteriores, porque han mantenido todos los acuerdos preexistentes con la Iglesia. Actualmente, recibe 11.600 millones de euros del Estado, lo cual supone un 1% del PIB, algo que se traduce en que cada persona residente en España sea católico o no, aporta para esta finalidad una cantidad aproximada de 240 euros anuales en un Estado que se declara aconfesional, donde el culto y el clero de cualquier organización religiosa tendrían que ser financiadas de manera voluntaria por sus feligreses.

La noticia llega, además, la misma semana en la que conocemos que asociaciones católicas continúan haciendo campañas publicitarias para instar a vulnerar un derecho conquistado por las feministas como el del aborto.

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La separación efectiva de la Iglesia y Estado se vuelve una necesidad cada vez más urgente. Es necesario poner fin a la financiación pública que recibe y a los privilegios fiscales de los que disfruta, así como exigir la devolución de todo el patrimonio expoliado por la Iglesia durante siglos.


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