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El Gobierno negocia con patronal y sindicatos un nuevo tajo en las pensiones

Tras una primera ronda de recortes de las pensiones impulsada hace algunos meses por el Gobierno de Sánchez y negociada con patronal y sindicatos en el marco del Pacto de Toledo, en la que se penalizó la jubilación anticipada y se aprobó la privatización parcial del sistema a través de los planes públicos colectivos de pensiones, ahora se pone sobre la mesa la posibilidad de otro fuerte recorte más: la ampliación del período de cómputo para el cálculo de las pensiones. Frente a esto movimientos de pensionistas, organizaciones sociales y sindicales preparan una gran manifestación de protesta para el 15 de octubre.

Juan Carlos Arias

Martes 13 de septiembre
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El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escribá, inició oficialmente este lunes las negociaciones con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT para abordar la ampliación del plazo del cómputo para el cálculo de las pensiones hasta los 35 años, así como la eliminación del tope máximo de cotización.

Todo ello con el objetivo central de incrementar la recaudación lo máximo posible, pero sin atacar las raíces del problema. Por un lado, el elevado desempleo estructural histórico existente en el Estado español, que ronda un piso del 15% de paro casi permanente. Un auténtico ejército de reserva que les permite a los empresarios mantener los sueldos a raya y aumentar considerablemente sus beneficios. Por el otro, la precarización laboral de inmenso porcentaje de las y los asalariados, que es el segundo grave problema que impide obtener mayores niveles de recaudación para financiar las pensiones.

Los bajos salarios y condiciones de trabajo lamentables son los ejes transversales del problema del déficit de las pensiones. Pero estos no son abordados porque requeriría tomar medidas para tocar los enormes beneficios de las empresas y políticas fuertes fiscales recaudatorias sobre las grandes empresas y fortunas para incrementar los ingresos de las pensiones. Y, por supuesto, derogar de principio a fin las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, que causaron la enorme devaluación salarial y consagraron y profundizaron la precariedad laboral como principio activo y básico de las relaciones laborales.

Todo este entramado se ha mantenido y profundizado durante el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y ha sido así con la complicidad de Yolanda Díaz, dado que su “reforma laboral progresista” ha mantenido e incrementado las condiciones favorables para el uso a la carta y la barra libre de la explotación laboral en favor de las empresas, incrementando los elementos de flexibilidad empresarial sin reducir las facilidades para el despido y su abaratamiento.

Son estas cuestiones las que hacen que los niveles de recaudación basados en las cotizaciones de empresarios y trabajadores sean cada vez más bajas en relación al incremento del gasto derivado del mayor número de pensionistas, consecuencia del fuerte aumento de natalidad que hubo en el Estado español entre 1950 y 1970, cohortes generacionales que ahora están llegado a la edad de jubilación.

Los beneficios empresariales se disparan

Los beneficios empresariales logrados con la salida de la pandemia han supuesto para las empresas del IBEX 35 en 2021 un récord histórico de casi 58.000 millones de euros. Para poder ubicar la importancia de estos beneficios en su justa medida hay que señalar que suponen un 83,5% más que los logrados en 2019 y un 33,4% sobre los obtenidos en 2018. Partiendo de unas pérdidas registradas en 2020 de algo más de 8.000 millones de euros.

No cabe duda que gran parte de los beneficios generados por la recuperación económica de 2021, que han supuesto también un aumento del número de familias con mayores niveles de renta, creciendo exponencialmente las caracterizadas como “grandes fortunas”, han sido consecuencia de las políticas que ha implementado durante la pandemia el Gobierno de Sánchez, autodenominado “el más progresista de la historia”, y que han supuesto un enorme trasvase de rentas hacia las grandes empresas y fortunas. Los grandes capitalistas que hoy se siguen forrando, mientras la mayoría social sufre la inflación y la precariedad, recibieron ayudas millonarias en préstamos avalados por el Estado, ayudas directas, financiación de los ERTE a las empresas y reducciones de las cuotas de la Seguridad Social con moratorias y aplazamientos de pagos fiscales.

Así, la salida de la crisis pandémica dejó su huella entre las grandes fortunas que vieron aumentar fuertemente su número y volumen de riqueza que manejan. En el Estado español esto supuso que el número de millonarios se incrementara nada menos que un 4,4% durante 2021, hasta alcanzar las 246.500 personas. Es decir, 10.400 más que en 2020. Teniendo en cuenta que, durante 2020, en plena pandemia, la proliferación de superricos no disminuyó en absoluto. Pero es que el patrimonio que controlan se incrementó aún más. Sus activos alcanzaron en 2021 nada menos que 686.000 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en 2020. Todo ello según datos del Informe de Riqueza Mundial de 2022 publicado por una gestora de inversiones, Capgemini. Hay que tener en cuenta que para ser incluido en el exclusivo club de “grandes fortunas” tienes que tener al menos 954.000 euros en lo que se consideran “bienes invertibles”, es decir, dejando al margen la primera residencia y ciertos bienes consumibles.

Si a estos datos le añadimos los enormes beneficios “caídos del cielo” de las eléctricas, que vienen obteniendo desde finales de 2021 y sobre todo durante este año 2022 superando los 100.000 millones, y los obtenidos por las empresas energéticas y de alimentación, que aprovechando el contexto de la guerra de Ucrania han disparado las tendencias a la especulación de las empresas capitalistas, tenemos un paisaje caracterizado por beneficios capitalistas sin precedentes unidos a lo que puede ser una profunda depauperación de la clase trabajadora y las clases populares ante la fuerte elevación de los precios, 10,5% en agosto.

En la coyuntura actual de crisis energética, medioambiental y social, el Gobierno tiene ante sí la patata caliente de las pensiones forzado por el déficit histórico de la seguridad social como consecuencia de la elevación geométrica del gasto en pensiones, que el propio Gobierno calcula en un 2,7% del PIB actual, hasta alcanzar unos 32.000 millones más de gasto en 2050. Todo ello, además, bajo la presión de Bruselas y del Banco Central Europeo para comenzar a reducir el déficit público, que temen pueda “descontrolarse” como consecuencia del incremento del coste del dinero y el cierre de las compras de deuda pública que podrían disparar las primas de riesgo y dificultar enormemente la financiación pública de la deuda. El incremento del precio del dinero, de hecho, ya se ha elevado hasta el 1,25% con la intención de reducir la inflación, pero está enfriando la economía y poniendo en algunas dificultades las deudas públicas de los países europeos más endeudados, entre ellos el Estado español, lastrando además su crecimiento potencial.

Gran movilización el 15 de octubre por las pensiones públicas

El próximo 15 de octubre está convocada una gran manifestación en Madrid impulsada por movimientos de pensionistas, organizaciones sociales y sindicales con el lema “Por la subida de las pensiones y salarios con el IPC real”. La manifestación quiere poner el foco sobre el ataque que están sufriendo las clases populares sobre sus niveles de vida, consecuencia de la escalada de precios, con una subida media salarial para 2022 del 2,5%, aunque hay multitud de trabajadores y trabajadoras que no han tenido ninguna subida. Frente a un incremento de precios medio del 10,5% en el mes de agosto. Pero con picos de subida para determinados productos básicos como la energía (60% interanual), aceites comestibles (71%), pastas (30,3%), leche (26%), huevos (22,4%) o la carne de ave (17,6%). Teniendo la inflación subyacente, sin energía ni alimentos, un crecimiento hasta alcanzar el 6,4% en agosto.

A esto se añade la intención del Gobierno de Sánchez de incrementar las pensiones, no según el IPC real, sino según una media anual como ya hizo en 2021, además de intentar llevar el período del cómputo del cálculo de las pensiones a 35 años lo que implicaría una reducción de las pensiones de entre el 7% y el 10%. Todo ello disfrazado cínicamente de falsas mejoras por la supuesta posibilidad de desechar los años más perjudiciales para el cálculo y una incidencia calificada por el ministro de “pequeños ajustes”. Pero entonces, el ahorro pretendido sería inexistente, algo que no resulta creíble en absoluto. Además, el ministerio pretende automatizar el ajuste por el mecanismo intergeneracional, tras presiones de Bruselas, con lo que el recorte sustitutivo del “Índice de sostenibilidad” de la reforma de Rajoy, empezará a actuar en cuanto decaigan los ingresos y aumenten los costes.

Ante estos ataques hay que plantear un calendario de movilizaciones unificadas y unitarias construidas desde abajo mediante asambleas en los centros de trabajo, enseñanza y en los barrios, para levantar una lucha contra la carestía y los presupuestos militaristas que en el Estado español van a suponer 2.000 millones de euros de gasto para fomentar una política militarista e imperialista, mientras preparan un nuevo ataque a las pensiones y el pueblo sufre el aumento de los precios. Es vital buscar la unidad con los sectores de todos los sindicatos y organizaciones sociales y políticas, que salgan a pelear en favor del aumento de los salarios según el coste de la vida y con cláusulas de revisión automáticas, por el control de los precios mediante comités populares, y el aumento de las pensiones según el IPC real. La manifestación del 15 de Octubre puede ser el puntapié inicial para una gran campaña por estos objetivos.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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