Este miércoles 10 de marzo, la Guardia Urbana de Barcelona ha ejecutado un desahucio de una familia vulnerable, concretamente una madre con dos hijas de cinco y tres años. Un lanzamiento llevado adelanto a pesar de la supuesta prohibición de los desahucios asociada al Estado de Alarma y ejecutada nada menos que por la policía municipal bajo el mano del gobierno de Ada Colau.
La familia vivía en un local propiedad del fondo buitre Blackstone, según había asegurado el gestor inmobiliario del local. El consistorio municipal por su parte asegura que la propiedad actual es del Banco Popular, otro gran tenedor. El inmueble estaba situado en el número 13 de la calle Rubens, en el barrio del Coll.
La familia desahuciada además de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, estaba confinada en el domicilio a causa de un contacto con un positivo de covid-19 en el colegio.
El Sindicat d’Habitatge de Vallcarca ha denunciado que no hubo ningún preaviso de desalojo, y que los servicios municipales han ejecutado el desahucio en base justificándolo en la falta de cédula de habitabilidad. Cínicamente se excusan al calificar el lugar como una infravivienda, pero su alternativa es dejar en la calle a esta familias y sus hijos. Según el mismo sindicato residían desde hacía cuatro años sin que haya habido ningún incidente.
El consistorio replica argumentos ya escuchados en la campaña de criminalización de la ocupación, como que muchos casos generan problemas a los vecinos. Sin embargo de esta familia no se había quejado nadie. Mientras tanto no toma ninguna medida contra los responsables de alquilar locales sin cédula de habitabilidad, ni contra los fondos buitre que especulan con un bien de primera necesidad como es la vivienda.
No se puede permitir que se sigan haciendo ejecuciones de familias vulnerables en plena pandemia y sin ninguna alternativa habitacional, mientras existan viviendas vacías con objetivos especulativos. El “gobierno del cambio” de Ada Colau, exactivista contra los desahucios, sigue posicionándose del lado de las grandes corporaciones, dejándoles en la calle, incluso cuando hay a menores de edad.
