Estos días varios medios podían acceder al borrador de la Ley de Igualdad LGBTI y la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. Ambas leyes formaban parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y UP y habían sido pospuestas durante dos años hasta la reciente reapertura del debate con el anuncio del Ministerio de Igualdad de una posible aprobación a mediados de febrero.

A pesar del aviso de aprobación cercana de ambas leyes, tras la reunión entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de igualdad Irene Montero, Calvo compareció posteriormente como secretaria de igualdad del PSOE convocando de forma paralela a las organizaciones para anunciar “su compromiso a la hora de aprobar la Ley LGBTI”, definiendo la Ley Trans como “la posición del Ministerio de Igualdad, representada por Unidas Podemos, no la del Ejecutivo” y no comprometiéndose a aprobarla específicamente, sino uniendo sus propuestas en una única ley.

Los motivos esgrimidos para no apoyarla serían “la falta de garantías jurídicas”, como ha denominado en otras ocasiones a la “libre autodeterminación de género”, uno de los aspectos centrales de la Ley Trans, que busca la despatologización de las personas trans. Junto con otras figuras del PSOE, Calvo ya expresó anteriormente que estaban "en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tengan automáticamente efectos jurídicos plenos".

Durante años, las organizaciones trans han tenido que reclamar en numerosas ocasiones a Unidas Podemos que “sacaran la ley del cajón” ante la urgencia de su aprobación a nivel estatal. Aunque se han aprobado leyes trans en 8 de las 17 comunidades autónomas, la Ley Trans a nivel estatal podría volver a estancarse en esta nueva maniobra, a pesar de las promesas de aprobación inminente.

Desde el punto de vista de la Plataforma Trans, Calvo “eludió comprometerse de forma específica con la ley trans estatal”, algo que ven como un nuevo desmarque a última hora. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) valoró “positivamente ese encuentro como una forma de crear lazos de cara a la elaboración del futuro paquete legislativo que garantizará los derechos de las personas trans y del resto del colectivo”.

El borrador actual es casi idéntico al presentado en 2018, reconociendo ahora de forma más directa que “las personas trans con capacidad de gestar tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos”. Una de las principales concreciones es precisamente la autodeterminación de género, que no estaría “condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole”.

Este punto sería uno de los principales avances en la despatologización respecto a la actual normativa estatal de 2007, que exige un informe psiquiátrico y dos años de hormonación para solicitar un cambio de nombre en el registro civil, obstáculos que serían eliminados en esta nueva Ley.

De aprobarse esta ley, significará por lo tanto un avance en derechos para un colectivo que lo viene exigiendo hace años. Derechos que no se conseguirán por una dádiva del Estado, sino que serán resultado de una pelea, organización y reclamación de las organizaciones trans. Hace demasiado tiempo que se viene postergando la resolución de situaciones urgentes (especialmente en el ámbito sanitario-administrativo) de un sector especialmente “borrado” y atacado históricamente, como son las personas trans.

Excepto para una minoría tránsfoba, para la mayor parte del movimiento de mujeres y LGBTI, con esta nueva Ley se fortalecerá la lucha del conjunto de los sectores oprimidos. Porque cuando uno de estos grupos avanza y arranca conquistas como esta ley, ganamos todas, todos y todes. Que se legislen derechos a favor de las personas trans es un avance fruto de décadas de lucha, tal como fue antes la aprobación del matrimonio igualitario, el derecho al voto de las mujeres, al divorcio, o al aborto legal en la sanidad pública, por ejemplo. También en esos momentos se desataron campañas reaccionarias contra estos derechos, hablando del “lobby feminista” o el “lobby LGTB”, como ahora se habla del “lobby trans”.

En medio de un debate tan polarizado con la extrema derecha y la transfobia, no podemos dejar de lado, sin embargo, que aun cuando la aprobación de una Ley Trans supondría un avance necesario, quedan grandes cuestiones pendientes para que pase efectivamente del papel a la realidad. Por una parte, esta ley tiene límites respecto a la cuestión migratoria.

Si gran parte de las urgencias a las que responde la Ley Trans se dan en el ámbito administrativo y sanitario, ¿qué pasa con las personas trans migrantes? Ante la doble y triple opresión que sufren, esta Ley no afecta ni una coma de las racistas leyes de extranjería, ni la situación de las personas dentro de los CIEs. La Ley tampoco contempla la protección a todas aquellas personas trans migrantes que vienen de países donde no se puede demostrar una clara persecución por motivos sexuales.

Así mismo, otro de los puntos en los que este proyecto de Ley se queda corto es en la necesaria ampliación de derechos es el mundo laboral. La elevadísima discriminación laboral de las personas trans es un ejemplo flagrante de desigualdad en la práctica.

Aunque en el artículo 17 sume “la discriminación por razón de identidad sexual y expresión de género a la legislación laboral y social vigente” y en el 21 habla de “sancionar las situaciones discriminatorias y de acoso laboral (mobbing)”, esta protección llega una vez que las personas trans ya han sido contratadas, sin tomar en cuenta que en realidad es la no contratación la forma de discriminación más frecuente, que lleva a unos elevadísimos índices de desempleo.

La ley contempla una “cuota de reserva de puestos de trabajo para personas trans en el sector público” en el artículo 19, pero sin determinar su porcentaje. Sin embargo, no establece ningún cupo obligatorio, lo que sería necesario en empresas de gran tamaño, por ejemplo, para garantizar la contratación de personas trans. Sin una pelea por imponer los derechos conquistados más allá del papel, esta ley tiene muchas papeletas para perderse en las puertas de los centros de trabajo, al igual que cualquier otra ley que cuestione algún tipo de mandato de la clase capitalista.

Mientras la Ley Trans es objeto de polémica aun llevando varios años “en el cajón”, los acuerdos del Estado con la reaccionaria y LGBTIfóbica Iglesia no se ven cuestionados. Esta institución cuenta con inmensos fondos de dinero público para continuar con su campaña de odio, con fundaciones como Hazte Oír, cursos ilegales para “curar” lo que no es heterosexual o sucesivas declaraciones LGBTIfóbicas.

El paso que supondría aprobar esta ley, con medidas para mejorar la situación de menores trans, nos lleva a cuestionar qué aplicación tiene dentro de los más de 2.500 centros educativos que controla la Iglesia en el Estado español a través de subvenciones millonarias del Estado. Nos lleva a cuestionar cómo se van a desarrollar las conquistas para las personas trans en el sistema sanitario que recoge esta ley, en una sanidad pública desfinanciada y privatizada durante décadas de recortes, cuyas consecuencias se han agudizado en la pandemia.

A pesar de que es un avance histórico, sería ingenuo pensar que si se aprueba esta Ley se va a terminar la transfobia, como no se terminan los abusos patronales porque haya derechos laborales, ni la violencia machista porque haya leyes de violencia de género. Si se aprueba, no sólo será necesaria una pelea para imponerla de forma efectiva, sino también por combatir las instituciones de un sistema capitalista que utilizan la transfobia y el resto de las opresiones patriarcales para dividir al conjunto de los sectores explotados y oprimidos.

Estos son algunos de los puntos por los que esta ley supone una conquista, contra lo que sostienen todos aquellos los sectores que quieren negar derechos a las personas trans, pero no puede ser el fin último de la pelea por terminar con la transfobia y las opresiones, en una sociedad en la que la igualdad ante la ley no siempre es igualdad ante la vida.