Sociedad

PANDEMIA

El crimen social de las residencias continúa sin culpables y bajo un manto de impunidad

Tras casi dos años desde el inicio de la pandemia el panorama para las familias respecto al crimen social ocurrido en las residencias por la Covid 19 es desolador: riadas de sobreseimientos judiciales y bloqueos a prácticamente la totalidad de las comisiones de investigación parlamentarias. Mientras la promesa de una investigación científica independiente de lo sucedido por parte del Gobierno duerme en el desván de los trastos olvidados.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 14 de diciembre de 2021 | 17:39

Un operario de una funeraria desinfecta un ataúd en plena pandemia. David Zorrakino EP

Todo apunta a que ningún responsable va a tener que hacer frente a procesos judiciales -ni penales ni civiles- por los miles de muertos en las residencias, que fallecieron en estado de lamentable abandono asistencial, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia. Ni tan siquiera tendrán que ponerse delante de alguna comisión de investigación parlamentaria, tan descafeinadas como suelen ser. Y lo que es más grave, ningún responsable político ha dado aún explicaciones coherentes ni asumido responsabilidades, pese a la exigencia de las familias damnificadas, por los terribles sucesos acaecidos en las residencias.

El impacto de la pandemia en las residencias fue un auténtico tsunami de desolación que llevó a la muerte en soledad y sin ser derivados a hospitales a miles de personas ancianas fallecidas. Incluso se les borró del desastre porque ni siquiera fueron contabilizados como muertos por Covid, debido a que expiraron sin hacerles ningún test y su muerte quedó sin computar por esa causa, y nadie registraba sus síntomas para saber si eran compatibles con la enfermedad. Todos los datos de personas ancianas fallecidos en residencias en la primera ola se basaron en estimaciones realizadas por los medios de comunicación y por el dato del número de fallecidos del INE.

El golpe durante la primera ola fue tan duro que uno de cada tres fallecidos por Covid murió en su casa o en una residencia, por lo tanto, sin pasar por el hospital. En concreto y por lo que respecta a las residencias, casi 14.000 personas fallecieron en las residencias durante los primeros cinco meses del año 2020. En esa cifra, claro está, no se contabilizan las personas ancianas que sí murieron en hospitales porque fueron trasladados a ellos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es conocido que se dieron instrucciones explícitas desde la Consejería de Sanidad para que personas ancianas con las dolencias muy comunes para ese tipo de población, no fueran derivados a hospitales. De modo que solo aquellos ancianos que tenían sanidad privada fueron derivados a algún centro hospitalario porque se lo costeaban de su propio bolsillo. Una discriminación social que atentó a los derechos humanos más elementales, el derecho a la asistencia médica y a la vida, y que se transformó en un acto de infamia y auténtico crimen social.

El Gobierno de Ayuso de la Comunidad de Madrid debería haber puesto a disposición de los cuidados médicos de la mayoría de la población todos los recursos existentes en la sanidad privada, interviniendo directamente todos los medios materiales y humanos de la sanidad privada en coordinación y bajo supervisión de la sanidad pública. Algo que obviamente no hizo, mientras los recursos sanitarios privados no alcanzaban para nada el grado de saturación de la pública en esos momentos de colapso sanitario. En muchos casos, de hecho, se quedaron infrautilizados, tal y como se denunció durante los primeros meses de la pandemia. En la prensa se destacó como mucho personal sanitario del sector privado fue obligado a coger vacaciones, o se rescindieron contratos, muchos de esos profesionales de forma generosa se ofrecieron a trabajar en el sector público sanitario durante los momentos más agudos de la crisis sanitaria.

Pero no resulta menos responsable de ese crimen social el Gobierno “más progresista de la historia”, que en una vez promulgado el Estado de alarma no utilizó esa herramienta jurídica para intervenir la sanidad privada en su totalidad, sin compensación material alguna y en coordinación y supervisión de la sanidad pública según necesidades, poniéndola al servicio de la lucha contra la pandemia. Como tampoco lo hizo en relación a las actividades industriales que podrían haberse puesto a producir respiradores, mascarillas, test, EPIS y todo tipo de material sanitario vital para hacer frente al coronavirus, y que en los primeros momentos era inaccesible para la mayoría dado el colapso.

Lo que sí hizo fue utilizar la “ley mordaza” sobre la base del estado de alarma para dar cobertura a los millones de multas que, en plan represivo, y sobre todo golpeando a los barrios populares, se pusieron en esos primeros meses. Lo que desencadenó una oleada de infracciones tramitadas por la policía, criminalizando a las clases más humildes y a los jóvenes.

Las familias damnificadas exigen saber quién tomó la decisión de no hospitalizar a sus familiares

Es un auténtico clamor la exigencia de los familiares de que se aclaren responsabilidades y que se investigue quién decidió que sus familiares enfermos de Covid 19, que vivían bajo el paraguas de las residencias, no fueran atendidos en los hospitales de referencia. Murieron solos, sin el consuelo de sus familiares y en medio de la desolación y el caos, totalmente desatendidos desde el punto de vista sanitario. Y todavía desconocen con exactitud qué es exactamente lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables últimos políticos de las decisiones tomadas que desencadenaron las muertes.

Sin embargo, transcurridos casi dos años desde el inicio de la pandemia, casi todas las comisiones de investigación pedidas en los parlamentos regionales han sido bloqueadas por los partidos, de cualquier signo político, que gobiernan. Y, la justicia avanza con una lentitud paquidérmica y viene dejando mayormente una auténtica riada de sobreseimientos. En concreto, la Fiscalía ya ha archivado hasta finales de septiembre 411 de las 517 investigaciones penales que había iniciado, es decir, el 80% de los procesos ha sido sobreseído.

Todo esto a pesar del enorme volumen de muertes producidas en malas condiciones durante todo el período y que a ninguno de los poderes del Estado parece importarles: ni a la Judicatura ni a los parlamentos, ni al Congreso de los Diputados. En realidad, la consecuencia de los efectos devastadores de la pandemia han sido directamente las políticas sanitarias y sociales desarrolladas previamente, sobre todo en el último decenio, con el desmantelamiento de la sanidad, y lo desarrollado durante la propia pandemia.

Así, hasta el 28 de noviembre habían muerto en el Estado español 30.722 personas ancianas que vivían en residencias, más de 10 mil de ellos con síntomas compatibles con el virus, pero a quienes no se les pudo realizar un test en la primera ola. Las dos terceras partes de los fallecidos lo fueron en esos meses iniciales y ya se sabe que en la práctica totalidad de las comunidades autónomas se restringió la derivación a hospitales desde las residencias, mientras estas no eran medicalizadas.

Un portavoz de una plataforma que aglutina 19 organizaciones familiares de afectados recientemente señaló: “hemos pedido comisiones de investigación en todas las autonomías. Necesitamos explicaciones para cerrar duelos”. De hecho, los partidos de oposición de la mayoría de las comunidades autónomas lo han solicitado. Sin embargo, han cerrado toda posibilidad los diferentes gobiernos. La única comisión de investigación abierta a día de hoy es la de Castilla y León, gracias al voto de una diputada de Cs que dejó la formación.

Pero lo más indignante para los familiares está siendo la actitud de la Fiscalía, bajo responsabilidad del Gobierno, que está considerando inviables las denuncias penalmente en su gran mayoría. De más de 500 denuncias la Fiscalía apenas ha interpuesto 40 en los juzgados, apenas un 8%. La mayoría de los procesos penales se han abierto por homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. En el ámbito de lo civil se han incoado 1.040 diligencias preprocesales. Pero la práctica mayoría de los casos se bloquean y quedan archivados por la propia Fiscalía alegando la falta de material sanitario del que se disponía y de equipos de protección, así como la saturación de los servicios médicos por la pandemia. Todo sin que haya ningún problema si el centro ha seguido los protocolos para evaluar la derivación al hospital y, por supuesto, sin hablar de la responsabilidad de las decisiones políticas. De hecho, no hay constancia por parte de los familiares y sus abogados de que haya ningún responsable político llamado a declarar, no digamos imputado. Se han limitado a citar durante la instrucción a directores de residencias y médicos, los eslabones débiles de la cadena de responsabilidades. Aunque los familiares apuntan a las responsabilidades políticas de las causas.

Por ello no se puede tener ninguna confianza en los tribunales ni en los partidos del Régimen para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades. Solo la lucha de las plataformas de afectados, en conexión con las y los trabajadores de las residencias y los centros hospitalarios, los sindicatos y organizaciones en defensa de los servicios públicos, puede imponer una comisión de investigación independiente, abierta y pública, que edite un libro blanco de lo sucedido, identifique a los culpables y luche por su juicio y castigo.






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