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CRISIS MONARQUÍA

El emérito se va de rositas (otra vez)

El abono de 678 mil euros a Hacienda para evitar la vía penal corta una investigación que implicaba a gran parte de la Familia Real. El gobierno “progresista” reafirma su compromiso con la defensa de la Corona.

Jueves 10 de diciembre de 2020 | 07:00

Una “borbonada” más y ya se pierde la cuenta. Juan Carlos I, desde su retiro dorado en uno de los complejos de lujo más exclusivos de Abu Dabi, ha dado la orden a sus abogados para que hagan una declaración complementaria a la Agencia Tributaria nada menos que de 670 mil euros. Una cantidad estratosférica para cualquier mortal, pero auténtica calderilla si hablamos del “Campechano” y su Corte.

Con esta maniobra la Casa Real -nada de lo que hace el padre no ha sido antes discutido con el heredero en el trono- se intenta evitar que se abra un posible proceso penal por el caso de las tarjetas black de la Monarquía. Un complejo sistema de movimiento de millones, que entre cuenta opaca y cuenta opaca, y entre testaferro empresarial y castrense, ponía a disposición de los miembros de la Familia Real parte de la fortuna acumulada durante su reinado.

Este nuevo caso de corrupción tenía dos agravantes. El primero, que las operaciones databan de fechas posteriores a su abdicación, y por lo tanto había perdido la figura casi medieval de la inviolabilidad. El segundo que, de investigarse, iba a romper el relato, sostenido por toda la casta política – incluida la que hoy ocupa Moncloa- de que una cosa es el emérito y sus excesos y otra la ejemplaridad de Felipe VI. Hasta la fecha ya había saltado que la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y hasta los nietísimos Frolián y Victoria Eugenia, habían tirado de las black del patriarca para financiarse sus viajecitos, fiestas y aficiones aristocráticas.

Queda la duda más que razonable de que de ese frenesí de gasto se hubiera excluído al ojito derecho del monarca, el actual Jefe del Estado que, como su hermana en el juicio contra su esposo Urdangarín, vive instalado en la versión oficial del “no me consta”.

El salvavidas de la declaración complementaria seguramente le servirá al emérito para evitar sentarse en el banquillo. Aún así, no era para nada fácil que semejante cosa se pudiera producir. El Estado, el “deep state”, y el mismo gobierno “progresista”, hubieran hecho todo lo posible para evitarlo. Así funciona la “justicia es igual para todos” en la democracia made in 78.

Todo apunta a que se trata de un acuerdo entre bambalinas entre Hacienda, la Judicatura -incluida la Fiscalía- y la Casa Real. Las primeras declaraciones del presidente del gobierno “más progresista de la historia” han sido para despejar toda duda sobre la institución monárquica. “La monarquía no está en peligro, es algo que no preocupa a los españoles”. Tan seguro está Pedro Sánchez de ello que sigue viendo innecesario que el CIS haga cualquier pregunta sobre la opinión de “los españoles” sobre la Corona.

Mientras tanto los republicanos “sui generis” de Podemos e Izquierda Unida siguen con su teatrillo. Algún twit y declaración con décimas tricolor, para acto seguido seguir sin sacar los pies del plato y asumir la gran tesis del gobierno “progresista”: es cosa del abuelo, el hijo está limpio y sobre la Monarquía, como diría Pujol, “això no toca”.

Esta aceptación de facto de la Corona por parte de Unidas Podemos, la institución más antidemocráticas de las que cuenta el Régimen del 78 -y tiene unas cuantas-, es uno de los botones de muestra más evidentes de su integración al régimen. Solo compite en clarividencia con la asunción de la política migratoria de Marlaska, la posición española sobre el Sáhara Occidental, la aceptación de la represión contra el independentismo catalán y la defensa del proyecto social-liberal que deja intacto el legado de recortes y ajustes de la pasada década... casi nada.

Como en el resto de estos temas, nada se puede esperar hoy de los ministros y ministras de Unidas Podemos, que lo son ante todo de Su Majestad. Acabar con esta institución reaccionaria y corrupta por definición es parte de luchar contra un régimen político que quienen venían a impugnar hoy se dedican a apuntalarlo. Construir otra izquierda, que quiera echar abajo la herencia de la dictadura y luchar por un programa social que haga pagar, esta vez sí, la crisis a los capitalistas, es la tarea urgente para que todas las “borbonadas” queden relegadas a los libros de historia.






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