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El fraude de los hermanos Moreira estará oculto hasta 2024

Crece deuda pública en Coahuila con el gobierno priísta de los hermanos Moreira, ocultando el destino de los recursos hasta 2024.

Mariana Ramírez

Jueves 29 de junio de 2017
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Coahuila es el estado, después de Chihuahua, con la deuda pública más alta con más de 37 mil millones de pesos, sin que los coahuilenses puedan saber en qué se ha gastado el gobierno los recursos.

Así como La Ley de Transparencia permite que el gobierno resguarde datos sobre pensiones vitalicias a expresidentes, cuentas contables y fiscales, documentos sobre la administración de los presidentes, en Coahuila, el Índice de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno, puede ocultar la información hasta por 8 años, como ahora ocurre con la deuda pública del estado.

Desde que Humberto Moreira y Rubén Moreira gobernaran en Coahuila de 2005 al 2017, el aumento de la deuda del estado ha crecido en más de 300%, cuyo pago por habitante incluyendo menores de edad sería de 12 mil 527 pesos de acuerdo a información de Aregional y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Ningún expediente que proporcione información en materia económica, contable y legal, sobre los acreedores y proveedores físicos o morales, sobre cuál fue el destino de los recursos públicos que salen del bolsillo de los trabajadores, podrá ser visto hasta el 2024.

A través del índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades (ITDIF) de Aregional, se ha demostrado que la transparencia sobre la utilización de los recursos en la década del gobierno priísta de los hermanos Moreira se encuentra dentro de los estados con mayor ocultamiento de la información.

La información revela que el gasto en publicidad estatal es de mil millones de pesos, equivalente a 250 mil pesos por ciudadano.

El PRI quien se ha mantenido a toda costa el gobierno del Estado, recién arrancaron las elecciones con las que Miguel Ángel Riquelme llegó a la gubernatura, pidió un préstamo por 2 mil 037 millones 814 mil pesos el pasado 5 de abril para liquidar un deuda con el Banco Santander. A esto se suma un nuevo préstamo firmado por Rubén Moreira el 8 de junio por 350 millones de pesos para “solventar problemas de flujo” el cual debe pagarse antes de que termine su mandato, para no heredad pasivos como ocurrió con su hermano Humberto Moreira.

Es escandalosa la deuda pública y corrupción de los hermanos Moreira, mientras más del 30% de la población se encuentra en pobreza laboral, lo que significa que no les alcanza para cubrir la canasta básica.

La cuestión de la corrupción es un fenómeno propio de los gobiernos de los ricos. Los funcionarios ocupan puestos de poder, a nivel federal, estatal y municipal, por sueldos millonarios -sin mencionar las prestaciones. Crean leyes y reformas -como la energética, la laboral, la educativa- que benefician directamente a las empresas de capital nacional y/o extranjero, al imperialismo estadounidense y a los organismos internacionales. Y pretenden imponerlas con engaños o con represión, como con la reforma educativa que enfrentó el magisterio en distintos estados en 2016.

Es necesario liquidar los privilegios de los altos funcionarios para golpear la relación intrínseca que hay entre los funcionarios y los empresarios y pone en cuestión la misma existencia de la “casta política”. Por eso hay que luchar por ¡Que todo funcionario gane igual que una maestra!, un paso en la lucha por derrocar el sistema capitalista, que engendra la corrupción propia de esa casta parásita al servicio de los empresarios.


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