El 24% de los hogares del Estado español viven de alquiler. El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentó el primer índice de precios del alquiler el pasado martes. Una herramienta de carácter informativo, no implica ninguna intervención en los precios, y que confirmó lo que millones de familias saben y padecen año tras año.

En 17 provincias el precio ha escalado en los últimos 4 años por encima del 10%. Este incremento ha sido aún mayor en las zonas más afectadas por la gentrificación ligada a la industria turística, como Baleares con una subida que llega al 19%, Canarias con el 14%, Catalunya y la Comunidad Valenciana con el 13% o la Comunidad de Madrid y Andalucía con el 12%.

Este aumento de los precios en unos años en los que los salarios han permanecido estancados o incluso han seguido descendiendo entre las categorías más bajas, ha hecho que el 38% de las familias deban dedicar más del 40% del total de su renta para el pago del alquiler.

Una situación crítica de entrada que con el inicio de la crisis del coronavirus ha hecho estallar una nueva crisis habitacional. Entre un 20 y un 40% de las familias han dejado pagar alguna de las mensualidades. Desde los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas advierten que estos impagos se han pospuesto en la mayor parte de los casos y agravarán en forma de deuda o recargos los recibos de los próximos meses.

El gobierno “progresista” dejó por fuera de su pacto de investidura cualquier medida de control y limitación de los precios del alquiler. Durante el Estado de Alarma se negaron a aprobar la suspensión de alquileres e hipotecas, y a cambio ofrecieron aplazamientos voluntarios o créditos del ICO para garantizar que los propietarios no dejaban de ingresar. Su acercamiento a Cs y el PP para consensuar las medidas de “reconstrucción” o la candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo confirman que no se tomará ninguna medida contra el “libre mercado”.

Los datos anunciados por el propio gobierno, sumados al aumento del desempleo previsto para otoño con el fin de los ERTEs -se calcula que al menos el 30% de los 2 millones que siguen suspendidos acabarán despedidos- y al fin de la moratoria de desahucios que concluye el próximo 20 de julio, puede llevar a una oleada de pérdida de vivienda para decenas de miles de familias colo comparable al drama social vivido tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Solamente un programa que garantice el derecho a la vivienda y avance sobre los derechos y privilegios de los grandes tenedores puede evitarlo. Que parta de la prohibición permanente de los desahucios, la expropiación de las viviendas de los especuladores y la banca, la creación de un parque público de alquiler que se fije en un máximo del 20% de la renta familias y un plan de obras públicas hasta garantizar el acceso universal a una vivienda digna.