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El gobierno de Ayuso y la demolición de la sanidad pública

La presidenta de la Comunidad de Madrid redujo la ejecución del gasto sanitario madrileño en más de 1.200 millones de euros entre 2020 y 2021, según una denuncia de CCOO.

Juan Carlos Arias

Martes 7 de junio
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Mientras el hermano de Ayuso cobraba comisiones escandalosas por intermediar para facilitar material sanitario durante la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid reducía la ejecución del gasto sanitario madrileño en más de 1.200 millones de euros entre 2020 y 2021, según una denuncia de CCOO. Ahora ante la falta de médicos consecuencia, entre otras cosas, de los miles de despidos realizados de los refuerzos covid, plantea que las enfermeras ejerzan esas funciones en los centros de salud.

Ha sido CCOO quien ha hecho público recientemente que el Gobierno de Ayuso no habría ejecutado el gasto de más de 400 millones de euros en el año 2021, a lo que habría que sumar otros 821 millones de euros que se dejaron de gastar en 2020.Todo ello alcanzando un monto de gasto sanitario no ejecutado entre los dos ejercicios de nada menos que 1.200 millones de euros.

Algo absolutamente infame si tenemos en cuenta que durante todo el año 2020 estuvo la Comunidad de Madrid, como el resto del Estado español, azotada por la pandemia por covid-19. Y cuando, por ejemplo, no se atendieron a más de 7.000 personas ancianas en la Comunidad de Madrid por los protocolos de triaje establecidos por el Gobierno de Ayuso. Lo que provocó que falleciesen en las residencias de la propia Comunidad de Madrid en las que vivían, sin ninguna atención y en la más absoluta soledad. Mientras que a los “afortunados” que disponían de seguro privado se les atendió en los hospitales privados. Un auténtico crimen social que a día de hoy sigue sin investigarse.

Por otro lado, el bloqueo sufrido por la sanidad provocó el colapso en la atención de otras muchas dolencias, sobre todo en la atención primaria que es la antesala al sistema de salud y la vía para prevenir y detectar enfermedades antes de su agravamiento. Esto exigía un incremento del personal sanitario y no sanitario en el Sermas. Y sin embargo, el Gobierno de Ayuso despidió en el mes de marzo de este año a nada menos que unos 6.000 sanitarios que eran vitales para atender todas las dolencias y deshacer el cuello de botella que se ha generado en la sanidad pública madrileña.

Demolición de la Sanidad Pública, objetivo central del Gobierno Ayuso

La política sanitaria del Gobierno ultraliberal del PP de Ayuso en Madrid con el apoyo de Vox, no tiene límites a la hora de reducir a escombros la sanidad pública.

La pretensión de Ayuso está muy clara, dado que apenas disimula sus intenciones: convertir la sanidad pública madrileña en un recurso que marginal. Por eso, va clavando el ataúd del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), clavo a clavo, para provocar, como ya está sucediendo, una migración masiva de la población que puede afrontarlo hacia los seguros sanitarios privados. Aunque se mantenga la sanidad pública, dada su obligatoriedad por las cotizaciones de la seguridad social, pero se la va degradando cada vez más. Muchas personas ya no acuden a esta más que para resolver las bajas laborales y sobre todo las operaciones más graves.

Es evidente el desastre en la atención médica cuando para que te atiendan en un centro de salud por una dolencia, sea aguda, grave o leve, tienes que esperar semanas y en muchas ocasiones lo que recibes pasados es una mera llamada de teléfono. Las esperas para que te vea una especialista son de medio año o más. Las urgencias de los centros de salud (Suaps) están cerradas desde 2020 y las de los hospitales están sobresaturadas con esperas de horas y más alejadas del domicilio. Existen listas de espera para operarse, o realizar una prueba diagnóstica, con lo que puede llevar años alcanzar el objetivo de la operación para tener un alivio físico o conocer el resultado de la prueba.

Con todas estas condiciones, solo se van a quedar en la sanidad pública aquellos a los que no les quede más remedio por no tener una mínima capacidad económica para pagarse un seguro privado. Eso es lo que busca Ayuso. Y eso, ni más ni menos es el paisaje después de la batalla que se está viviendo en la sanidad en general, pero de forma muy destacada en la sanidad madrileña.

Los datos no dejan lugar a engaño. Los seguros de salud privada rompieron su récord de abonados en 2020 superando los 11 millones de clientes y los 9.000 millones de facturación. En concreto ese año se produjo una subida del 4,4%, el mayor aumento en diez años. Así el peso de los asegurados ha alcanzado ya al 23% de la población, tras incrementarse la cifra de nuevos abonados durante 2020 en 469.750 clientes. Pero es que la facturación también siguió esa línea de importante ascenso, por encima del incremento de los asegurados. Alcanzó el 5,1% en un mercado de la salud muy concentrado en el que solo los diez mayores grupos del sector sanitario aglutinan el 82% del mercado de la sanidad privada. Madrid en todo este proceso va a la cabeza con un 36,6% de los clientes, seguido de Catalunya con un 31,8%, a pesar de que Catalunya tiene más población.

Otra pata del ataque del Gobierno Ayuso a la sanidad pública son las privatizaciones en el seno del propio Sermas. De este modo, según CCOO, las transferencias por conciertos y convenios con la sanidad privada desde la sanidad pública se elevaron en el año 2021 a 1.236 millones de euros. Esto en un contexto en el que hay más de 835.000 pacientes que esperan a ser atendidos por una consulta, una prueba diagnóstica o una operación.

Las inversiones se han reducido en un 45,2%, nada menos que 154 millones de euros menos de lo previsto y, además, según CCOO, el Sermas solo ha ejecutado 39 de los 55 millones presupuestados para material sanitario y productos farmacéuticos destinados a la atención primaria. Todo ello pese a las múltiples denuncias del año pasado de los usuarios de la sanidad por la falta de material en los centros de salud, que llevó a que incluso los pacientes se vieran obligados a aportar ellos mismos el material para sus curas.

Ahora, además, dada la falta de personal de las plantillas de los centros de salud la Comunidad de Madrid ha sacado un procedimiento de actuación para cubrir la falta de las y los médicos, que no pasa por contratar otros o cubrir las bajas, sino que se pretende que sean las enfermeras las que asuman parte de esas funciones cuando no haya un médico de familia, un auténtico escándalo y un esperpento.

Se trata de una situación insostenible e infame que ataca directamente los niveles de calidad de vida y salud de las clases populares y que con algunas diferencias de grado comparten todos los gobiernos autonómicos o central. Es una política que consiste en considerar que hay que entregar la sanidad al negocio privado y reducir el gasto público, cueste lo que cueste.

Es urgente poner en marcha una lucha unitaria entre las trabajadoras y los trabajadores sanitarios y no sanitarios del Sermas, junto con los usuarios, es decir, la población de los barrios populares, se puede parar esta catástrofe. Y para eso tenemos que levantar un programa por una sanidad pública y de calidad bajo la gestión de trabajadores y usuarios, revirtiendo todos los procesos privatizadores realizados, con la derogación de la ley 15/97. Así también, exigir la estatización de la sanidad privada para ponerla al servicio del conjunto de la población. Solo así se podría garantizar una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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