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El gobierno de Sánchez no tocará los beneficios de las eléctricas

El gobierno ha renunciado a la idea de poner tope al precio de la luz y se inclina por una rebaja fiscal tal como viene planteando la derecha.

Juan Carlos Arias

Martes 22 de marzo
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El gobierno ha renunciado a la idea de llevar al Consejo Europeo una propuesta para fijar un tope de 180 euros por megavatio hora (MWhz) para el mercado mayorista de la luz. Sánchez ha encargado al Ministerio de Transición Ecológica que estudie opciones, sin concretar hasta hoy, que puedan concitar mayor unanimidad en el seno de la UE.

Todo parece indicar que la Comisión Europea se va a decantar por algún sistema de compras de gas y almacenamiento coordinados que pueda abaratar los costes energéticos. Y algunos tipos de reducción de la fiscalidad ad hoc para cada Estado de la UE. No se descarta la utilización de algún fondo común europeo para amortiguar las subidas estratosféricas tanto de la luz y del gas, como de los hidrocarburos.

Un auténtico parche dado que hasta ahora las subidas de la luz se han ido comiendo las bajadas impositivas aprobadas por el gobierno del Estado español, sin que haya habido un auténtico alivio en el precio soportado.

A las subidas históricas de la luz se ha sumado un nuevo incremento producto de la guerra en Ucrania. Esta, y las sanciones a Rusia han provocado la elevación del precio del gas y la luz, y en general de los productos que forman parte de la cadena de valor de los países en conflicto.

Por eso, la compra y almacenamiento conjuntos difícilmente puedan reducir significativamente el precio de la luz, al menos a corto plazo, dadas las consecuencias que para la carestía y la posible escasez de suministros ya está teniendo la guerra en Ucrania. Además, las rivalidades geopolíticas por hacerse con los recursos estratégicos se han disparado por parte de las diferentes potencias mundiales, incluida China.

La semana pasada, sin embargo, parecía más plausible la opción de “topar” el precio del MWhz, ya que el gobierno “progresista” lo consensuó con Portugal para llevarlo con otros países a la Comisión Europea. .

Los países del norte de la UE rechazan el plan español

El cambio de posición de los últimos días del Gobierno de Sánchez viene motivado por el rechazo a su propuesta por parte de Alemania, los Países Bajos y otros Estados del norte de Europa. Estos han descartado su medida, que tampoco gustaba a la Comisión Europea. De conjunto, la UE ha establecido una línea roja infranqueable respecto a la posibilidad de “topar” el precio del mercado mayorista.

Sin embargo, la solución planteada por el Gobierno de Sánchez de “topar” los precios mayoristas a 180 € MWhz no dejaba de ser una vía de escape más, sin querer rozar siquiera los intereses de las eléctricas, al pretender fijar un techo de precio bastante elevado sobre el existente hace un año. Más aun teniendo en cuenta que la propuesta era compensar esa diferencia de precio con un fondo europeo que recibirían las empresas eléctricas. O lo que es aún peor, generando un déficit tarifario que habría que compensar posteriormente.

Todo para hacer frente a un problema especialmente grave en el Estado español por la situación generada por la escalada de precios de la energía. Esta ha quintuplicado su precio en el mercado mayorista, alcanzando el pico de 544,98 € (MWhz) a principios del mes de marzo. Y ha mantenido niveles generales medios por encima de los 220 € (MWhz), un auténtico despropósito económico que está poniendo en graves apuros a las clases populares y a los más vulnerables.

Hasta la subida de precios a finales de 2021, el precio medio andaba en el entorno de los 50 € (MWhz) y, se han producido subidas en tan solo un año en el precio mayorista de la luz de entre el 200% y el 500%, algo absolutamente insostenible. Frente a lo que ni el “gobierno más progresista de la historia”, ni otro Estado de la UE se han planteado tocar mínimamente los beneficios millonarios de las eléctricas, que están alcanzando récords históricos. El año pasado las eléctricas ganaron 6.500 millones de euros en el Estado español, mejorando en 2.000 millones sus resultados del año anterior, mientras que el precio de la luz se duplicó para los hogares.

Las soluciones que se vienen planteando además de ser opacas y confusas respecto a las consecuencias que puedan tener para las familias más humildes, podrían generar nuevos déficits tarifarios. Si fuera así, habría que hacerles frente en el futuro recibo de la luz, por lo que no dejan de ser formas de esquivar el problema de raíz y, sobre todo, ocultar que el pagano serán los más vulnerables.

La solución pasaría, en cambio, por la nacionalización sin indemnización de la producción y distribución de un bien tan esencial y estratégico como la energía. Esta es la única manera de evitar que las grandes empresas monopolísticas especulen y sigan obteniendo beneficios multimillonarios a costa de las clases populares.

Unidas Podemos solo ha mencionado una salida de este tipo con la boca pequeña, y alguna vez ha planteado la necesidad de contar con una empresa eléctrica estatal, pero no ha pasado de una declaración más. Mientras tanto, siguen tragando sapos políticos (devoluciones en caliente, desahucios, aumento del gasto militar y ahora la entrega del Sahara ante Marruecos). No pasa de la mera pataleta en sus protestas ante las medidas gubernamentales que dice no compartir, pero que al final avala con el sostenimiento sin límites políticos del propio Gobierno. Todo lo justifica por la amenaza de la llegada al poder de Vox. Algo a lo que, paradójicamente, están contribuyendo cada día más, por su apoyo a las políticas neoliberales del Gobierno de Sánchez del que forman parte.

Para hacer frente a la escalada generalizada de los precios es fundamental poner en marcha un plan de lucha y de movilizaciones unificado que se discuta en cada centro de trabajo y estudio, en cada barrio popular, mediante asambleas convocadas por los sindicatos, las organizaciones sociales, barriales y políticas a la izquierda del Gobierno. A las direcciones de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT hay que exigirles que rompan el pacto social permanente con el gobierno, para impulsar un plan de lucha real.

Entre las medidas urgentes se encuentra la inclusión de la cláusula de revisión salarial en todos los convenios para garantizar el nivel adquisitivo de los salarios y un salario mínimo de al menos 1.200 euros netos, el control de precios y la nacionalización de las eléctricas. Esto no debería desligarse de la movilización contra la guerra y el rearme imperialista, que son parte de las causas de fondo de esta crisis que estamos atravesando.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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