Política Estado Español

AYUDAS AL SECTOR AÉREO

El gobierno “progresista” garantiza los negocios de las aerolíneas a costa del medioambiente

El Ejecutivo del PSOE y UP destinará 3.600 millones para ampliar los aeropuertos de Barcelona y Madrid, una factura que pagará el medioambiente recibiendo más emisiones de gases invernadero y con la destrucción de espacios naturales protegidos, especialmente en el caso de El Prat.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Miércoles 4 de agosto | 09:27

Sobre líneas maestras aún sin especificaciones concretas de los planes urbanísticos de ampliación y/o remodelación de las instalaciones, el ejecutivo “progresista” ha extendido un cheque de 3.600 millones para la ampliación y remodelación de los aeropuertos de El Prat y Barajas.

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La careta ecologista le ha durado apenas año y medio al gobierno del PSOE y UP. Si en enero de 2020 desde Moncloa se declaraba la “emergencia climática” y un plan de "acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía", una pandemia después (producto precisamente de la voracidad capitalista en la explotación del medioambiente y la destrucción de ecosistemas) y un paquete de ayudas económicas histórico, ha dejado esa declaración en lo que realmente era desde un inicio, un brindis al sol.

Los fondos europeos se presentan para los gobiernos burgueses y para los inversores capitalistas como una suculenta inyección de capital para reactivar o potenciar más sus negocios privados. Inversiones públicas a coste 0 para que sus libros de cuentas reluzcan aún más y unas facturas que pagará la clase trabajadora y los sectores populares en el corto y medio plazo. Negocio redondo.

Eso mismo estarán pensando las aerolíneas, uno de los sectores económicos más golpeados durante este año y medio de pandemia. Un sector, no obstante, que ya ha recibido ayudas. El propio ejecutivo de Sánchez ha destinado en este año y medio más de 1.500 millones de crédito para las aerolíneas, siendo el 70% de estas ayudas avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En la disyuntiva “negocio privado vs crisis climática” los Gobiernos capitalistas no tienen duda, y el caso del gobierno “progresista” no iba a ser diferente. Estas inyecciones de dinero se realizan sobre un sector, el aéreo, que según datos de la Comisión Europea (CE) si este sector fuera un país, estaría entre los diez que más gases invernaderos (GEI) generaría. De hecho, solo entre 2013 y 2018 las emisiones de GEI crecieron en la aviación un 30%.

Estas ayudas económicas, con los datos de impacto medioambiental sobre la mesa, muestran la hipocresía de las palabras y las leyes que ha sacado Moncloa en relación a la crisis climática. ¿Cómo encajan estos 3.600 millones de ayuda al sector aéreo con la ley de Cambio Climático que prevé emisiones casi a cero para el 2050?

De hecho la misma patronal prevé que en 2050 sus emisiones tripliquen las que fueron emitidas en 2015. Es por eso que aunque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado en diferentes medios de comunicación que el respeto medioambiental será “absoluta prioridad” en estas ampliaciones, es absolutamente falso. Lo único prioritario es que Aena, con un 49% de capital privado, pueda aumentar sus beneficios, haciendo de El Prat y Barajas un núcleo de vuelos transoceánicos.

Y es que nada más y nada menos es el objetivo, aumentar el peso de ambos aeropuertos en los vuelos internacionales. Analizando más al detalle la contribución de los diferentes vuelos en la emisión de GEI observamos, según datos de la ICCT (International Council on Clean Transportation), que más del 65% de las emisiones las producen los vuelos internacionales.

En este sentido, el Estado español es el 4 país (según datos de la ICCT) donde más han aumentado las emisiones de GEI entre 2013 y 2019 producto de los vuelos internacionales, un 47,6%, solo por detrás de Turquía (70%), China (57%) e Italia (47,9%), y estando muy por encima de la media de la Unión Europea (27,1%).

Es en este marco de atentado al planeta donde se enmarca la decisión de la ampliación de las dos instalaciones aéreas principales del Estado español, los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Una decisión cruzada por intereses económicos y medioambientales, donde claramente, bajo la gestión de los gobiernos burgueses, gana el primero.






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