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El gobierno "progresista" se niega a investigar el espionaje contra el independentismo

Una práctica avalada por los gobiernos de la derecha y la centro izquierda. Hasta aquí llega el "diálogo". Aun así ERC no dá por rotas las negociaciones.

Arsen Sabaté

Martes 19 de abril
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El CatalanGate es el caso de espionaje más grande y numeroso de entre todos los que según The New Yorker están utilizando el sistema programático Pegasus. También es el espionaje más importante en cuanto a volumen desde el comienzo del siglo XXI.

En el reportaje titulado How Democracies Spy donde Their Citizens, la revista americana describe que hasta 65 personas vinculadas al proceso democrático catalán estarían siendo espiadas, empezando por los cuatro últimos presidentes de la Generalitat: el actual, Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont e incluso Artur Mas.

Además de estos, numerosos cargos y dirigentes de los partidos políticos de ERC, Junts y la CUP, así como también miembros de la ANC y Òmnium, abogados, familiares y personas próximas a todos estos. Gonzalo Boye, Joan Matamala, Marcela Topor, Jordi Solé, Andreu Van den Eynde y Roger Torrent serían solo algunos de los más de 60 "investigados".

De hecho, Torrent fue lo primero en anunciar durante el verano de 2020 que había sido espiado en 2019, mientras era presidente del Parlament de Catalunya. Aquella era la primera ocasión en la que se pudo escuchar el nombre de Pegasus y saber que este programa de espionaje solo se expende a administraciones gubernamentales.

En este sentido, este mediodía Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, junto con el portavoz de la CUP Carles Riera y los presidentes de la ANC y Òmnium, Elisenda Paluzie y Xavier Antich, han ofrecido una rueda de prensa desde el Parlamento europeo en el que han denunciado el papel del Estado español en el caso del CatalanGate.

Y es que según publicó El País en 2020 el Estado español adquirió los servicios de la compañía de Israel NSO, propietaria del programa Pegasus. Todo, a través de las confirmaciones de diferentes trabajadores del CNI. De forma conjunta se ha anunciado que a partir de la semana próxima se pondrán en marcha numerosas querellas judiciales en masa contra la empresa NSO desde los diferentes tribunales europeos donde se han producido las intromisiones.

Aun así, si bien todos los que han estado presentes en la rueda de prensa han denunciado que el Estado español se encuentra detrás del espionaje, también es cierto que esto no parece ser bastante grave para romper con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Riera, Paluzie y Antich han puesto toda su confianza en la comisión de la Eurocámara que investigará el caso de espionaje. Mientras, Junqueras ha mantenido en firme la política de la Mesa de negociación con el Gobierno central y ha señalado que "la negociación es una herramienta más, importante para resolver conflictos como este [el proceso de autodeterminación], y tarde o temprano se tendrá que usar. La negociación es una herramienta útil y no la regalaremos, no para convencer al gobierno español sino a la comunidad internacional que nos mira”.

A pesar de que las declaraciones de Junqueras han tenido sendas réplicas de Puigdemont y Paluzie, desde Junts tampoco ha existido ninguna alternativa para lograr el derecho a la autodeterminación, ni se puede esperar tampoco que un partido que representa los intereses de la burguesía encabecen la lucha por la independencia. Más bien lo contrario, los representantes de Junts, igual que los de ERC harán todo lo posible para impedirlo, tal y como vienen haciendo durante los últimos cinco años.

Unidas Podemos, por su parte, ha pedido también que los titulares de Interior y Defensa, Grande Marlaska y Margarita Robles, abran una investigación sobre el escándalo Pegasus en el Congreso de los Diputados, como si todo este caso no fuera con ellos, ni fueran también responsables como parte del Ejecutivo español.

Pero lo que queda merdianamente claro es que el Estado no investigará absolutamente nada. Mantener tapadas y en buen estado las cañerías permite que la corrupción y los favores entre Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Judicatura y Monarquía, continúen fluyendo de manera eficaz. Unos mecanismos que, por otro lado, son usados por todos los agentes del Régimen para su propio beneficio y que, como se ha demostrado con este caso de espionaje, son los últimos interesados en desmontarlas.


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