La nueva reforma de Yolanda Díaz pretende incluir a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Algo que ya existe en Alemania y en otros países imperialistas. La medida, que se plantea como una forma de “democratizar” las empresas y de que los trabajadores sean coadministradores de los medios de producción de las mismas en realidad ni las democratiza ni cambia la relación de propiedad. La medida busca incrementar la productividad y tratar de desmovilizar a los trabajadores.

La ministra de trabajo anunciaba esta semana en un encuentro informativo organizado por Europa Press que iba a convocar a la patronal y a las direcciones de UGT y CCOO para “debatir” la elaboración de una nueva normativa para introducir a representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas.

Este modelo no tiene nada de novedoso, sino que ya está presente en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Alemania, con la denominada fórmula de “codecisión”. Existente en este país desde 1976, la codecisión permite a los trabajadores de empresas con más de 2000 empleados tener representantes legales en sus consejos de administración, normalmente sindicalistas. En todos los casos estos representantes no pueden sumar más de la mitad del consejo de administración, para que no puedan tomar ninguna decisión que vaya contra los intereses de los principales accionistas de la empresa. También existe en algunas empresas con un número superior a los 500 empleados e inferior al 2000, ocupando los representantes un máximo de un tercio del consejo de administración.

Ni supone un cambio en las relaciones de propiedad, ni cuestiona las actuales decisiones de los empresarios. Tan sólo hace a los trabajadores partícipes de ellas. Así lo ha sugerido la ministra de trabajo. Lejos de cuestionar la lógica empresarial el principal argumento de Díaz es que "mejorará la productividad de las empresas y de la economía en general". Planteando también que la inclusión de representantes de trabajadores en la dirección “enriquecería a las empresas no solo porque las democratizaría (…), sino porque, además, los trabajadores son una parte del talento de los consejos de administración que no se puede perder". Se busca, por tanto, aumentar la productividad de las empresas haciendo que sean los representantes de los trabajadores agentes de la dirección de la empresa “infiltrados” entre los propios trabajadores, haciéndolos cómplices de la intensificación del trabajo, participando de la implementación de fórmulas de “empleo flexible” y de la producción “just-in-time”.

Estos puestos los ocuparían fundamentalmente representantes de los sindicatos mayoritarios. De forma demagógica Unai Sordo planteaba "la participación de los trabajadores es clave, porque nadie mejor que un trabajador para velar por el futuro de su empresa, porque si pierde la empresa pierde el puesto de trabajo". La clave para el dirigente de CCOO es atar aún más a los dirigentes sindicales a los dirigentes empresariales. En vez desenmascarar ante los trabajadores esta nueva fórmula de management empresarial, se busca que ellos mismos sean sus propios capataces, implicando a los representantes sindicales en las decisiones de la dirección que nunca cuestionarán los intereses de los accionistas.

También se busca con ello pasivizar y dividir a las plantillas ante las reestructuraciones productivas de los centros de trabajo, garantizando la paz social ante futuros ataques. El propio Unai Sordo ha planteado que esta fórmula de cogestión permitirá afrontar mejor los incrementos de productividad, ya que cumplirá un papel fundamental en la transición digital de las empresas y en la formación permanente de los trabajadores. Hacía alusión de esta forma a la nueva reconversión industrial que trata de impulsar la UE ante la crisis energética y la destrucción de los ecosistemas. Problemas que son consecuencia, precisamente, de los negocios de los dueños de estas mismas empresas.

La ministra de trabajo ha afirmado que esta fórmula democratizará las grandes empresas, y señalaba casos como el de Navantia y otras empresas estratégicas tanto públicas como privadas. Es decir, que también se buscará involucrar a los representantes de los trabajadores en la dirección de empresas que, tomando el caso de Navantia, se dedican, entre otras cosas, a la producción de buques de guerra a través de los cuales el imperialismo español defiende los intereses de la OTAN en Europa del Este y Oriente Medio. Nada que ver con una medida que suponga un avance para la clase obrera mundial. Los efectos actuales de la guerra de ucrania sobre la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores del estado español son un buen ejemplo de ello. Pero también el hecho de que el avance de los países de la OTAN en el este busca defender los intereses económicos del imperialismo europeo y estadounidense, y mantener a los trabajadores de estos países en condiciones de trabajo ultra precarizadas.

Unai Sordo ha afirmado que esta medida supondría una mejora de la calidad del empleo. Es mentira. En estas empresas que ahora dispondrían de representantes de trabajadores en los consejos de dirección estos serían elegidos realmente entre los trabajadores fijos de la plantilla. Por seguir con el caso de Navantia el 75% de los trabajadores de los astilleros de Cádiz son eventuales que trabajan realmente para empresas subcontratistas de esta empresa y de otras como Airbus y la Bazán de San Fernando. Son trabajos mucho más precarios, con elevadas tasas de temporalidad y peores salarios, precisamente estos trabajadores son los que salieron a la huelga a finales del año pasado. Con la fórmula de Yolanda Díaz los trabajadores fijos participarían también del incremento de la explotación de la fuerza de trabajo de los empleados de las subcontratas. De este modo se buscaría garantizar la paz social también a través de la división de las plantillas, impidiendo la solidaridad entre trabajadores.

No es de extrañar que CCOO y UGT se hayan mostrado a favor de esta medida, ya que sus direcciones pro-patronales, como ya se vio en la reforma laboral, son las principales interesadas en ocupar estos puestos de cogestión de las empresas. Es natural que estos burócratas busquen estar cada vez más cerca de los jefes de la CEOE, y cada vez más lejos de sus bases y del resto de los trabajadores. Pero los trabajadores no pueden tener ninguna ilusión en esta reforma. Tan solo la expropiación y estatización de estas empresas bajo control de sus trabajadores podría suponer un avance en su democratización. Para ello hay que luchar contra la paz social que esta reforma tratará de lograr.

Más que acercar a los trabajadores a la propiedad de los medios de producción la propuesta de Yolanda Díaz construye, de este modo, un muro más alto que solo puede ser derribado mediante la lucha. Para ello los trabajadores tienen que recuperar sus propios sindicatos para la lucha, echando a los dirigentes sindicales conciliadores, los burócratas que dirigen CCOO y UGT. Democratizar los sindicatos, ahora atados de pies y manos por sus dirigentes, esa es la democratización por la que tienen que luchar los y las trabajadoras.