En los últimos siete años los beneficios de los seguros privados han aumentado de los 7.361 millones a los 10.543 millones, es decir en menos de una década ingresarán un 40% más, alrededor de tres mil millones de euros. Este aumento desmedido solo puede entenderse por el descenso en la inversión de la sanidad pública, tanto desde el Gobierno central como desde las autonomías, que desde 2002 tienen capacidad propia para decidir sobre la inversión.
Hay un aumento de la facturación de seguros privados sobre el año pasado de un 7%, básicamente lo mismo que el aumento de inversión en sanidad de los PGE (Presupuestos Generales del Estado). Este dato sitúa un incremento de 689 millones de los beneficios de las aseguradoras. Sin duda un negocio que se encuentra en plena subida
De hecho solo las primeras cinco aseguradoras del país acaparan el 70% de esos beneficios y una de ellas, SegurCaixa-Adeslas representa el 30% de éstos por sí sola. Pero no son beneficios por sí mismas en realidad, es la banca quien mantiene realmente todos estos negocios de la salud a cambio de también aumentar sus propios beneficios. Los bancos se han convertido en los principales puntos para la venta de seguros llegando a configurar en el caso de Grupo Caja Rural el 20% de sus ventas, según la consultora Price Waterhouse Coopers.
Mientras aumentan los beneficios de las grandes aseguradoras y la banca, la inversión queda congelada en el mejor de los casos. Si bien los PGE reflejan un aumento del 7,83% para Sanidad, este dato no se mantiene solo por debajo de la inflación, sino que además palidece frente al aumento del 26% en defensa que el Gobierno “más progresista de la historia” ha planificado para el 2023, poniendo los intereses de la mayoría social por debajo de los intereses del imperialismo español y estadounidense condensado en la OTAN.
Pero esta falta de inversión queda combinada en Madrid con la terrible gestión de la sanidad de Díaz Ayuso que se está encargando con su gabinete de terminar lo que el PP empezó hace 25 años en la Comunidad. La administración de Ayuso, que durante la pandemia dejó morir ancianos en sus residencias denegando su traslado, está dejando ahora a las sanitarias y sanitarios con tiempos por paciente por debajo de los cinco minutos, con sueldos congelados y horas de trabajo interminables.
Estas situaciones han llevado necesariamente a una visión negativa de la sanidad pública. En el período de tres años (sin datos de 2020 y 2021 por la pandemia) la visión de la sanidad que era del 72% positiva ha pasado al 50,2%. Y no es de extrañar cuando en la próxima década se jubilarán más de 80.000 sanitarios mientras son necesarios 6.000 médicos de familia y 95.000 enfermeras en toda España según el Foro de Atención Primaria, situando a España entre los países a la cola de Europa en cuanto a la inversión por ciudadano en salud.
Pero que la visión de la sanidad pública sea cada vez más negativa no significa que a la población le resulte irrelevante la inversión en sanidad, al contrario, hay cada vez más un aumento en la preocupación ciudadana por la inversión llegando, según el CIS, al 73,1%. Esto se debe a las propias experiencias de los pacientes pero también a que las movilizaciones de vecinos y trabajadoras sanitarias han hecho que se ponga el foco mediático en esta cuestión.
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Estos aumentos en los seguros privados y el descontento con la situación de la sanidad pública son las dos caras de una misma moneda. El descontento entre los trabajadores de hospitales aumenta, como se puede apreciar por las jornadas de lucha continua que estamos viendo en Madrid, pero también en otras partes del Estado español.
A su vez vemos un aumento en el descontento con la administración de Isabel Díaz Ayuso y como esto se intenta aplacar a través de tácticas populistas como el cambio de opinión que ha tenido su gabinete con respecto del precio del bonotransporte o de la concesión de premios como el de Alumni Ilustre que concede a dedo el rector Goyache en la UCM que recibirá su respuesta el próximo 24 de Enero en la Facultad de CC. de la Información por parte de alumnes, trabajadores y sanitarias organizadas en la asamblea realizada el anterior 15 de Enero de la que participaron diversos colectivos como la CGT de la UCM, el Sindicato de Estudiantes, AMYTS, MATS, etc.
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Pero esta lucha de las sanitarias no acaba aquí, la Marea Blanca ya ha anunciado otra jornada de lucha el próximo 12 de febrero con la perspectiva de superar a la del 13 de noviembre .
Todas estas jornadas de lucha por la sanidad pública hacen ver la necesidad de un cambio íntegro en la forma de pensar el sistema sanitario. No solo hace falta más inversión sino también una mayor repartición de horas de trabajo para mejorar la vida de trabajadores de hospital y personal sanitario y un cambio en la forma de organización de los hospitales y centros de salud de acuerdo a las necesidades específicas indicados por los trabajadores.
La lucha alrededor de esta cuestión no puede quedarse en pedir una “mejor administración” , sino que hay que pelear para que seamos las usuarias y usuarios junto a lxs trabajdorxs sanitarixs quienes gestionemos una sanidad pública para todxs, y que esta no quede a merced de intereses privados de un puñado de capitalistas.