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"El tren NO es maya": comunidades denuncian militarización y despojo en México

Militarización, despojo, violencia, corrupción, violaciones a Derechos Humanos y destrucción ambiental: comunidades indígenas denuncian como ha sido el proceso de imposición del megaproyecto estrella de López Obrador, pesar de los recursos legales que han ganado contra el Tren Maya.

Axomalli Villanueva

Jueves 21 de abril
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El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS) y con la participación de representantes de asambleas indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo expusieron cómo ha sido el proceso de imposición del megaproyecto estrella de la "4 Transformación" de Manuel López Obrador.

En el conversatorio “Tren Maya: Miradas y aproximaciones desde las comunidades”, denunciaron que el megaproyecto va más allá de la construcción de vía férrea para la operación de un tren de pasajeros y de carga, pues también contempla la edificación de estaciones y nuevos centros de población que, lejos de responder a las problemáticas que ya tiene la Península de Yucatán, traerá consigo migración, mayor urbanización, turismo masivo, una fuerte presión sobre los recursos naturales, la necesidad de mayor dotación de servicios, esto conllevará a la agudización de la problemática socioambiental que ya padece toda la región.

Imposición y despojo

Una de las ponentes, Sara López del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) advirtió que pobladores originarios han sido víctimas del despojo de sus terrenos y viviendas por el paso del megaproyecto, además de las amenazas, el señalamiento y la persecución en contra de quienes están defendiendo el territorio por parte de las autoridades y sobre todo de directivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

Al mismo tiempo recalcó que estas amenazas se agudizan con la presencia del Ejército en la zona, “vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional, lo que interpretó como una forma de “control”, para “meter miedo y terror a los pueblos”, dijo, al subrayar que militares armados y con prepotencia “infunden miedo en las comunidades":

Esto tras el llamado de presidencia hacia las fuerzas armadas a "defender" la construcción del Tren Maya, mismo que estará bajo gestión militar y cuyas ganancias se destinarán también a pensiones y prestaciones del mismo ejército.

Corrupción

Otra de las ponentes, María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega, en el estado de Campeche, denunció el papel de las consultas amañadas e ilegales con las cuales pretendieron legitimar el proyecto, y que prometía "desarrollo" y empleos a la región, sin embargo, a partir de estas consultas se impuso el modelo llamado FIBRAs, sin explicar en que consistía, además de echar mano de programas sociales como Sembrando Vida, para comprar voluntades.

La FIBRA –Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra)– es el mecanismo con el que, hasta ese momento, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pretendía asociar a ejidatarios y propietarios de tierras, para beneficiarse de la operación del Tren, tema que no se tocó en todas las sedes de la consulta.

Sin embargo este mecanismo se usó para comprar las voluntades de dueños de tierras para aceptar el paso del tren, sin embargo aconteció que gracias a este fideicomiso se tenían que vender tierras a empresas extranjeras, en lugar de crear empresas sociales, como correspondería a la ley, narró.

Militarización, violencia y megaproyectos

Wilma Esquivel Pat, indígena maya masehual, del Congreso Indígena de Gobierno en la Península de Yucatán, resaltó cómo se ha documentado la militarización en la región y lo que conlleva para las mujeres, sobre todo las pertenecientes a comunidades indígenas.

“Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, dijo, al cuestionar cuál será el futuro de las juventudes y cómo se garantizará el acceso al agua, ante la explosión migratoria, turística y urbana que traerá el Tren.

A su vez, se empiezan a ver prácticas que se dan en los mega polos turísticos como en Cancún, con el aumento de la violencia y la presencia cada vez mayor del crimen organizado, que conlleva en el aumento de juvenicidios y feminicidios, además de la presencia de redes de trata.

Junto con Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on alertaron también que la militarización de la zona también ha significado un aumento en las agresiones hacia defensores y defensoras, además de la constante intimidación a las comunidades y de paso al paso de migrantes por la zona, pues la presencia del ejército ha traído también un aumento en la impunidad y el difícil acceso a la justicia, de por sí ya lenta en la región debido a la colusión con las autoridades.

A su vez, se recordó que el paso del Tren Maya, no solo significa el proyecto de transporte, si no que abre la puerta al surgimiento de parques industriales, parques eólicos y fotovoltaicos, la instalación de termoeléctricas, nuevos aeropuertos, puentes y trenes elevados, lo que transformará los modos de vida de las comunidades indígenas de la región y degradando los últimos vestigios de selva que existen en México.

Por último los ponentes coincidieron en que el "tren no es maya", pues jamás se ha tomado en cuenta las necesidades de los habitantes de la península, y sí se ha procurado las ganancias de los empresarios y hoteleros, además del ejército quienes controlan el proyecto y serán los principales beneficiados.

Luchar contra la crisis ambiental es también luchar contra megaproyectos

Lejos del discurso oficial de beneficiar a la región sureste con esta obra se está beneficiando al sector empresarial, tanto extranjero, como nacional, como el caso de Grupo México, perteneciente a Germán Larrea, mismo que fue beneficiado y obtuvo privilegios de todo tipo durante sexenios pasados, tanto con Felipe Calderón, como con Enrique Peña Nieto.

La 4T continúa con el modelo extractivista heredado de hace más de treinta años, donde no solo se despoja a las comunidades originarias, sino también la depredación del medio ambiente. Para frenar de tajo estas políticas, es vital que las y los trabajadores tomen en sus manos la lucha por el medio ambiente y el territorio, en alianza con los pueblos indígenas, científicos y ambientalistas, quienes son los que pueden decidir qué proyectos aplicar de acuerdo con las necesidades de la población sin destruir a los ecosistemas.

Te puede interesar: Ecocidio: Grupo México devasta selva para obras del Tren Maya


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