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En pleno 8 de marzo Guatemala endureció las penas por aborto y prohibió el matrimonio igualitario

La ley fue aprobada ayer, 8 de marzo, en el Parlamento guatemalteco y aumenta hasta 10 años la pena de prisión para las mujeres que aborten, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual. A pesar de los avances en la región, la reacción de las fuerzas conservadoras, iglesias y estados están dispuestas a avanzar sobre los derechos de las mujeres y personas LGBT.

Miércoles 9 de marzo
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El Congreso de Guatemala decidió endureció las penas de cárcel por aborto y prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.

La "Ley para la Protección de la Vida y la Familia" sanciona con hasta 10 años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause", mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un "aborto calificado".

La reacción conservadora se expresa en Guatemala de manera descarnada: "Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca", dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.

Igualmente "prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

"No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios", afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha).

Cientos de mujeres protestaron contra la criminalización en la Plaza de las Niñas de la capital.

Mientras que en los últimos años el movimiento de mujeres logró importantes victorias en varios países de América Latina, lo ocurrido en Guatemala es un llamado de atención, y muestra que las fuerzas conservadoras, las iglesias y los estados están dispuestas a avanzar sobre los derechos de las mujeres y personas LGBT. Por eso es necesario no solo mantener sino fortalecer la lucha día a día. Ganar las calles es la única garantía para pelear por nuestros derechos que pretenderán ser atacados una y otra vez.


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