Tras la destitución este martes de la directora general del CNI, Paz Esteban, la siguiente exigencia de los aliados nacionalistas del Gobierno es la desclasificación de las solicitudes para intervenir los teléfonos de los espiados y las resoluciones judiciales que las autorizaron. El Gobierno podría desclasificar esta documentación de oficio, pero fuentes gubernamentales indicaron que solo se contempla la desclasificación a solicitud del juez.

El pasado jueves, Esteban comparecía ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados por de las más de 60 escuchas realizadas por el CNI a dirigentes independentistas por medio del software Pegasus. Sus declaraciones permanecen ocultas, más allá de las pocas filtraciones que llegan a la prensa, las cuales sostienen que Esteban habría reconocido el espionaje de una veintena de dirigentes catalanes. Sin embargo, no ha explicado los otros 40 casos que atestigua el informe realizado por el grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab.

El pasado viernes, tras conocerse el espionaje a Aragonès, la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagrà, reclamó en una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la desclasificación de los documentos. La destitución de Esteban no ha acabado de convencer a ERC, un socio clave para el Gobierno. “Este gravísimo escándalo de espionaje cuestiona la imagen de España como democracia plena. La destitución de la directora del CNI es del todo insuficiente, por mucho que el Gobierno lo intente maquillar y relativizar”, dijo la senadora republicana Mirella Cortès en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara alta.

El cargo de dirección del CNI será ocupado ahora por Esperanza Casteleiro, hasta ahora secretaria de Estado de Defensa y mano derecha de Margarita Robles. Casteleiro. Hija de un militar franquista y parte de los servicios de inteligencia del Estado desde hace 39 años, hace un tiempo fue el centro de un escándalo cuando salió a la luz que tuvo que huir junto con 2 compañeros de su puesto en la embajada de Cuba por ser acusada de labores de espionaje.

En cuanto al caso, el Govern ha anunciado que se personará como acusación particular ante la Audiencia Nacional, que investiga el ciberataque a los móviles del presidente y los ministros de Defensa e Interior. También pedirá acceder a los contratos del CNI con la empresa israelí NSO Group, que vende el programa de espionaje Pegasus.

La sustitución de Esteban trata de dar carpetazo al asunto sin depurarse las responsabilidades del propio Gobierno, empezando por Margarita Robles. Y, por supuesto, sin una investigación detallada y pública del CNI, cuya actividad es ocultada como secreto de Estado.

Por ello es preciso exigir la dimisión de Robles, pero también la formación de una Comisión de investigación independiente, la disolución del CNI y la derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista. Porque destituciones por sí solas y aisladas de medidas profundas, no cambian nada.