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Este Poder Judicial es irreformable

Estos días hemos presenciado el último episodio del bloqueo sobre la renovación del poder judicial y, cuando ya hemos perdido la cuenta, parece que se abra la posibilidad de pacto. Una buena ocasión para, más allá del episodio, reflexionar sobre el papel del poder judicial y pensar qué propuesta podríamos hacer desde una perspectiva que se proponga realmente transformar este esperpento que llaman democracia.

Lucía Nistal

Miércoles 2 de noviembre
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Primero un brevísimo repaso por el episodio, por si alguien se ha perdido un capítulo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva bloqueado desde 2018, lo que ha dado lugar a que lleve actuando en funciones desde entonces y a la relativa paralización de los órganos que dependen de este organismo, ya que prohibido que realice nombramientos en estas circunstancias. Así, de los casi 80 magistrados que componen el Tribunal Supremo, 14 plazas -y en breve serán 6 más- están vacantes.

Nos podemos imaginar la crisis que supone para el poder judicial y para el régimen tener a medio gas este organismo, crisis que también es de legitimidad y que ha llegado hasta la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo y a que The Economist degrade a España a “democracia defectuosa” por la pérdida de puntos en independencia judicial. Una crisis que parece que va para largo, o al menos eso opinan los miembros del CGPJ, que ya están elaborando un plan a dos años vista para mantener la actividad en estas condiciones.

¿Y cuál es esa actividad? En su página web aparece que su función principal es “la gestión de la administración de Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial”. Independencia respecto a los poderes del Estado. Perdonad, pero aquí ya me da la risa. Lo que sí hace es revisar y controlar las actuaciones del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los distintos Tribunales Superiores de Justicia, nombrar y ascender a jueces y magistrados, decidir sobre licencias, incompatibilidades, inspección y régimen disciplinario, así como seleccionar y formar jueces (desde 1994). Casi nada.

El bloqueo viene porque los vocales del CGPJ, desde 1985, se proponen desde el Congreso y el Senado. En concreto, los 20 vocales son propuestos por una mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras y después nombrados por el Rey: 10 elegidos por el Congreso y 10 por el Senado. Esto implica que de independencia de los poderes del Estado poco, y que, a día de hoy, los dos grandes partidos del régimen, PSOE y PP, tienen que ponerse de acuerdo para la renovación.

Un acuerdo que, evidentemente, no estaba consiguiéndose, principalmente por una serie de trabas que el PP va planteando y que van desde hablar de Bildu al veto a los candidatos de Podemos y, el último, la negativa a reformar el delito de sedición. Todo esto saltándose el bochornoso acuerdo que había hecho el PSOE con ellos, algo así como “os regalamos la dirección de RTVE si nos desbloqueáis la renovación del CGPJ”. El último bloqueo es ya obra de Feijóo, que después de llegar a un acuerdo se ha echado atrás, parece que espoleado por medios conservadores como El Mundo y algún mensajito de Díaz Ayuso. Ahora, parece que los vocales elegidos por el PP vuelven a reactivar la negociación. Veremos.

¿Y por qué bloquear la renovación durante tanto tiempo? Pues por lo mismo que el PSOE quiere renovarla, porque quieren tener todo el poder posible en una institución tan importante que decide sobre los integrantes de la cúpula judicial y en las decisiones más relevantes que toma la judicatura. Y la composición de las Cámaras en 2013 cuando se renovó por última vez, era más favorable al PP, y por tanto la composición del CGPJ también. Vamos, la demostración manifiesta de que no es un organismo independiente ni nada que se le parezca, y que de división de poderes ni hablamos: el órgano dirigente de la judicatura es designado a dedo por los partidos del régimen. Tanto es así que, a poco que investiguemos, empezamos a ver cómo los nombres están directamente relacionados con cargos importantes en los partidos, con familiares de cargos del PP y el PSOE, que han fallado de manera escandalosamente parcial en juicios que implicaban a estos partidos y que han cobrado no pocas veces gracias a ellos.

Hablando de dinero, se trata de una casta judicial conformada por una élite de jueces millonarios. Según los presupuestos (militaristas) propuestos para 2023, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano cobraría 167.169 euros, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, 157.133 euros, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ 151.186 euros. Pensemos que el presidente del gobierno cobra 90.010 euros y las tres vicepresidentas del Gobierno -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- 84.600 euros, que ya es obsceno. O mejor, comparémoslo con lo que cobran millones de trabajadores y trabajadoras. Además de estar casi literalmente forrados de dinero, las aproximadamente 15.000 personas que integran la judicatura cuentan con fueros especiales.

Muy bien cuidados están los “garantes de la justicia” en este país. Y claro, devuelven los favores. Así no encuentran relación alguna entre M. Rajoy de los papeles de Bárcenas y el expresidente, ni encuentran motivos para imputar a Cospedal, pero sí para quitar del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez con un caso bastante insostenible. Si le hacen eso a ellos, que no nos harán a la izquierda anticapitalista, los luchadores o todo lo que identifiquen como incómodo para el régimen… En realidad, ya lo sabemos, y si no que les pregunten a los jóvenes de Altsasu, a los 6 de Zaragoza, a Alfon, a raperos y tuiteros que se expresan contra la monarquía… o a los que lucharon por el derecho a decidir en Catalunya.

Mientras, el rey emérito puede robar lo que considere, incluso Felipe VI puede aparecer nombrado en los papeles de una fundación fraudulenta, pero ancha es Castilla y viva el rey. Viva el rey, por cierto, es lo menos tendencioso que apareció en un chat corporativo en el que magistrados de juzgados catalanes y de otras zonas del Estado se despachaban sin contención alguna comparando el independentismo con el nazismo y deseando que los políticos independentistas acabaran en la cárcel. Al CGPJ le pareció que no tenían que intervenir, se ve que la independencia e imparcialidad de estos jueces estaba perfecta.

Tampoco puedo resistirme a recordaros la filtración de mensajes de WhatsApp en 2018 donde el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se pavoneaba de que la designación del juez Marchena como presidente del CGPJ y el TS posibilitaría al PP tener el control “desde atrás” de la sala 2 del Tribunal. Justo la que lleva las causas contra los diputados y senadores, qué coincidencia.

Y acordémonos de cuando en 2018 el Supremo dio marcha atrás en el fallo que iba a hacer pagar a los bancos el impuesto de las hipotecas para que siga pagando el cliente, uno de los muchos fallos a favor de la banca. Y bueno, es que, si vamos a la raíz de la cuestión, el capital está codificado en la ley. La ley que rige las democracias burguesas crea riqueza y desigualdad, descansa en un principio general: asegurar que los ricos sean cada vez más ricos, y el resto trabajemos para ello. Como escriben Marx y Engels en el manifiesto Comunista, “vuestra justicia es solo la voluntad de vuestra clase elevada a la categoría de ley”.

Total, que esta democracia es así. Esta democracia para ricos, tan unida al franquismo, especialmente en el caso de la monarquía y de la Judicatura: todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte fueron promocionados. Muchos pasaron en bloque en 1977 a un tribunal de nueva creación, nuestra querida Audiencia Nacional.

La cuestión no es, por tanto, buscar vías para hacer una mínima reforma y que para elegir los jueces del CGPJ no haga falta una mayoría tan amplia de las Cámaras como exige Podemos o llevar a cabo todo un lavado de cara de la institución incluyendo a algún candidato de su elección en la lista, como estaba intentando hasta ahora -ni mucho menos pedir que intervenga el rey (el teóricamente progresista Ignacio Escolar en el Diario aún es capaz de sorprendernos)-.

Nos dicen que las opciones son estas, o mantener la situación actual, o volver a la elección por parte de los propios jueces como pide el PP encantado con que un sector tan conservador sea el que elija, o bajar la mayoría necesaria en las cámaras como pide UP. Al aparato judicial hay que darle un repaso de arriba abajo y hay que acabar con la casta judicial, para desde ahí apuntar a la profunda injusticia de la justicia y la legalidad. Y apuntar a menos que eso es apuntar a más de lo mismo, a seguir salvando de su propia inmundicia a este régimen y esta democracia para ricos. Porque aunque se desbloquee la renovación, el CGPJ va a seguir al servicio de los mismos.

Contra este poder judicial que es parte de un entramado de cloacas, corrupción y represión, mano a mano con el poder económico y político, las medidas tienen que estar a la altura. Los jueces son todo lo contrario a representantes del pueblo. Están ahí precisamente para evitar la más mínima intervención de las mayorías populares. Y lo hacen desde sus privilegios como casta judicial atornillada a sus sillones, codeándose con los empresarios del IBEX, la banca, los partidos del régimen y el rey, con sus sueldos millonarios. Una corporación que siempre se acomoda a los poderes económicos y gobiernos de turno.

Por eso, para empezar, se trata de exigencias democráticas elementales que acaben con esta situación de raíz, como poner fin a la tremendamente elitista carrera judicial, que la elección de las y los jueces sea por sufragio universal para terminar con el actual mecanismo de ponerlos a dedo por la conveniencia política de uno u otro sector del régimen, que esos los cargos sean revocables en todo momento, que ninguno pueda cobrar un salario mayor al de un trabajador o trabajadora media y, para que esté la mirada popular en los procesos, que los juicios sean mediante jurados populares. Qué diferentes habrían sido entonces los fallos sobre la banca, Rato, o M. Rajoy…

Estas son medidas mínimas y de urgencia para acabar con el poder judicial heredado del franquismo y al servicio de esta democracia para ricos. Y, evidentemente, no va a ser de la mano de los partidos del régimen que las vamos a conseguir, ni negociando con ellos, como piden desde Podemos con Echenique hablando de la necesidad de ponerse de acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ. “Intentemos que el órgano se parezca lo más posible a realidad parlamentaria del país” dice Lilith Verstrynge, Secretaria de Estado de Podemos. Pretenden que nos olvidemos de que el PSOE, igual que el PP, es el más firme defensor de este sistema judicial.

No serán ellos, no. Seremos los y las trabajadoras, las mayorías sociales, desde abajo, mediante la movilización y la organización las que tendremos que luchar por que dejen de hacer política por nosotras, e imponer procesos constituyentes en los que podamos cambiarlo todo de arriba abajo. Empezando por este poder judicial que es parte de los engranajes que sostienen la desigualdad social, pero con la perspectiva de superar este régimen social y construir otro con una democracia infinitamente superior donde sean los trabajadores y las mayorías quienes decidamos sobre nuestras vidas.


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Lucía Nistal

Madrileña, nacida en 1989. Teórica literaria y comparatista, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid. Milita en Pan y Rosas y en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT). Portavoz de Referéndum UAM.

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