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Eurostat suma 2 millones de parados y subempleados a las cifras oficiales en el Estado español

Según Eurostat, la oficina de datos de la Unión Europea, a las cifras oficiales de desempleados hay que incrementar 1,07 millones de desempleados y 1,1 millones de subempleados. En total, más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en una situación de paro y total precariedad laboral y, por lo tanto, en el abismo social de la exclusión y la pobreza.

Juan Carlos Arias

Martes 28 de marzo
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Mientras los precios de los alimentos golpean los niveles de vida de millones de personas, Eurostat acaba de publicar datos sobre la situación real del desempleo y la precariedad laboral que dejan un panorama desolador respecto de los datos objetivos en que actualmente se halla gran parte de la clase trabajadora en el Estado español. Según el gobierno, 2022 finalizó con 3,03 millones de personas desempleadas, un 12,9% de la población activa. Sin embargo, Eurostat apunta que, para hacer una foto más realista, se debe agregar la existencia de 1,07 millones de desempleados más sobre las cifras oficiales y 1,1 millones de personas trabajadoras en situación de subempleo involuntario.

Para alcanzar esos datos Eurostat se ha basado en el concepto de “holgura laboral”, un valor que se determina en función del análisis del volumen de fuerza laboral en edad de trabajar desaprovechada. El cálculo se obtiene a partir de los datos que recaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante la Encuesta de Población Activa (EPA), pero ampliando una serie de supuestos que no se encuentran normalmente cuantificados dentro de la estandarización del concepto de personas desempleadas. Para la EPA solo se computan como desempleados a aquellas personas que se encuentran buscando empleo activamente y están en situación de disponibilidad para incorporarse inmediatamente al puesto de trabajo que pueda surgir y justo en el momento en que lo haga. Al resto se les ubica en un gran bloque por el que se les califica como inactivos, una especie de penoso limbo laboral en el que se parte de la consideración, sin entrar en más detalles, de que son personas que no tienen voluntad real de trabajar, sin valorar las motivaciones en muchos casos profundamente disuasorias para ofrecerse laboralmente. Estos motivos pueden ser los niveles retributivos, las perspectivas de unas condiciones laborales realmente penosas e insufribles, o el desánimo ante la falta de perspectivas reales de lograr un trabajo digno, todo lo que hace que desistan de su inmediata incorporación al mercado laboral.

Por lo tanto, las estadísticas oficiales resultan irreales al quedar fuera los desempleados desanimados o deprimidos -personas que se han cansado de buscar empleo sin lograr resultados mínimamente favorables -. También aquellos que por problemas de cuidados y atención a familiares dependientes o directamente a hijos menores -esta situación afecta más a las mujeres- y que, en consecuencia, no disponen de tiempo suficiente, dados los horarios insufribles ampliados que se ofrecen en muchos sectores y la escasez de servicios sociales para atender estas necesidades. Y también quienes, por otras variadas razones quedan fuera de toda estadística que los califique como desempleados, siendo que en la mayoría de los casos lo son realmente. Algo que se rebeló poco representativo y excesivamente rígido para reflejar la realidad social del desempleo y la precariedad realmente existente, sobre todo a partir del estallido de la pandemia y los confinamientos.

El Estado español a la cabeza de Europa en desempleo y precariedad

El resultado del total de personas desempleadas incorporando la nueva perspectiva estadística, al incluir un concepto de desempleado de nuevo cuño, sumaría un total de 1,06 millones de desempleados más, alcanzado, por lo tanto, un total de 4,09 millones al añadirle los 3,03 millones de desempleados oficiales existentes a finales de 2022. Ese dato surge de considerar lo que Eurostat denomina la “fuerza laboral extendida”, se estima un 4%, intentando calibrar la fuerza de trabajo real de personas que están interesadas en trabajar y no lo logran pero que acaban normalmente dentro del cajón de sastre de la denominada población inactiva.

Sobre esta cifra Eurostat considera 1,1 millones de personas que actualmente se encuentran trabajando a tiempo parcial porque no encuentran otra cosa, si bien están disponibles para realizar trabajos a tiempo completo que mejoren sus retribuciones y salir así de las condiciones de precariedad en las que se hallan. Y las añade al grupo de análisis porque es un claro desaprovechamiento de la fuerza laboral. El organismo de la UE trata de cuantificar el infraempleo para medir la situación social de las personas que aun trabajando es como si estuvieran desempleadas dado que no pueden vivir de su trabajo y de hecho, en mucho casos, compatibilizan el sueldo con otros ingresos derivados de prestaciones y ayudas públicas. Un análisis que, por otra parte, se queda corto, dado que habría que integrar a aquellas personas trabajadoras que por tener un sueldo paupérrimo aun trabajando la jornada completa se encuentran en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social, un fenómeno que se viene denunciando por multitud de organizaciones sociales y que cada vez resulta una circunstancia más extendida entre la clase trabajadora.

En el Estado español la precariedad desborda la realidad de los datos dado que en muchos casos integra una situación de muy bajos salarios, a la que hay que añadir jornadas parciales y contratos temporales, todo ello en un cóctel que nos empuja hacia cifras que hacen que encabecemos el ranking de países europeos con los mayores niveles de subempleo. En el caso español en concreto el 40% de los trabajadores a tiempo parcial según Eurostat son subempleados, personas que quieren trabajar más horas de lo que lo hacen. España cerró 2022 con un porcentaje de trabajadores subempleados del 5,4% sobre el total de ocupados, la tasa más alta de la UE e idéntica a los Países Bajos. Además el trabajo temporal, pese a la reforma laboral y la reducción de 7 puntos hasta el 17,7%, es el segundo más elevado tras los Países Bajos, aunque con la trampa de no incluir a un colectivo que ha crecido venciendo a la supuesta precariedad laboral y que es el de los fijos discontinuos, que aunque fijos en realidad son absolutamente precarios, dado que solo cobran su salario los meses que trabajan al año, que no son muchos, el resto cobran el desempleo, o nada si han agotado las prestaciones por estar en paro.

El Estado español encabeza el ranking de desaprovechamiento de la fuerza laboral ampliada con un porcentaje total de 20,2%, siendo el segundo Italia con un 18,7% y Grecia el tercero con 16,9%. La media de la UE de los 27 está en un 11,3%, nada menos que casi 7 puntos por debajo de la situación en el Estado Español. Esta situación nos lleva a una afectación grave sobre 5,2 millones de personas trabajadoras en términos absolutos y una tasa consecuente del 21,2% de la totalidad de la población activa, la más elevada de la Unión Europea.

La temporalidad ha bajado en 2022 en el Estado español del 25% al 17,9%, aunque sigue muy por encima de la media europea, mientras los contratos a tiempo parcial suponen el 13,6% del total. Sumando ambos registros nos delatan una realidad que sigue suponiendo una profunda precariedad. Mientras el Gobierno de coalición presume de haber reducido estas cifras, pero a costa de ocultar una nueva precariedad en expansión: la de los fijos discontinuos. Que no figuran como parados en las estadísticas del INE, aunque se hallen en el período en que no trabajan y en consecuencia sin cobrar ningún sueldo de la empresa, los más afortunados cobrando el desempleo que termina agotándose. En definitiva, pan para hoy y hambre para mañana.

Hace falta un plan de lucha y un programa de independencia de clase ante la crisis

Sobran los motivos para plantear y exigir un plan unitario de lucha en las calles, comenzando por los sindicatos de la izquierda sindical, para agrupar fuerzas y poder hacer extensiva esta exigencia a CCOO y UGT. Porque es necesario imponer el fin de la precariedad, el aumento de salarios con cláusulas de revisión salarial según el IPC, además del control de los precios frente a la especulación de los capitalistas, entre otras medidas que formen un plan de emergencia obrero y popular ante la crisis.

Sobran los motivos. Sin embargo, CCOO y UGT se encuentran en un pacto social con el gobierno y las patronales, sin mover ni un pelo. Mientras en Francia, los trabajadores ya llevan 10 jornadas de huelgas y movilizaciones masivas en las calles, junto a huelgas duras en algunos sectores como las refinerías y los recolectores de basura, aquí los grandes sindicatos no llaman una huelga general desde hace una década. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Es necesario superar a estas direcciones burocráticas, autoorganizándonos de forma democrática, desde las bases. Para empezar a debatir y organizar las próximas peleas, impulsemos asambleas en los centros de trabajo y estudio. El ejemplo de lucha de los trabajadores de Francia es el camino a seguir.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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