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REFORMA LABORAL

Hay que tirar abajo urgentemente las reformas laborales del PP y el PSOE

Pese al crecimiento de la economía española en el entorno del 2%, la patronal viene endureciendo últimamente la aplicación de la reforma laboral con fuerte incremento de despidos por bajas por enfermedad, descuelgues de convenio, o ERES impuestos con chantajes mafiosos como en Ryanair.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 17 de diciembre de 2019 | 16:54

El recorte de derechos laborales esenciales de los trabajadores, consecuencia de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero, dio un salto cualitativo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

La máxima autoridad judicial en el Estado español avaló legalmente, el pasado 29 de octubre, el despido de una empleada de Barcelona por faltar al trabajo, debido a una incapacidad temporal por enfermedad que estaba perfectamente justificada.

Por otra parte, ante esta sentencia los sindicatos CC.OO y UGT no han planteado medidas de fuerza y de lucha combativa más allá de alguna manifestación aislada, pero sin plantear una escalada de movilizaciones para derogar las reformas laborales, limitándose a las negociaciones por arriba y en despachos para ver si el posible nuevo Gobierno de coalición PSOE-Podemos les ofrece algo que les permita salvar la cara ante los trabajadores.

Todo ello con el antecedente reciente de que tras meses de negociación con el Gobierno en funciones de Sánchez y con compromisos muy licuados firmados, ni siquiera se llevaron a cabo al ser bloqueados por el mismo Pedro Sánchez.

Despidos fáciles y baratos por enfermedad de los trabajadores

El despido de la trabajadora se produjo por faltar solo nueve días en un período total de 40. Algo que puede sucederle a cualquier trabajador con algo tan cotidiano, por ejemplo, como una simple gripe. Añadiéndose, además el caso de que durante el resto del año había faltado algunos días más por otra dolencia. Lo que también sucede con facilidad. Simplemente con alguna otra baja corta por una gastroenteritis, un mero lumbago o alguna cefalea persistente, por ejemplo. Así, ya se cumplía lo que establecieron las reformas laborales de Rajoy y Zapatero para proceder al despido procedente y acabar en la calle y con una indemnización de miseria.

Lo cierto es que ambas reformas del Estatuto de los Trabajadores, la de Zapatero y Rajoy, abrieron la posibilidad de despedir con bajas por enfermedad justificadas faltando solamente más de un 20% de las jornadas en dos meses consecutivos, y con al menos un 5% de faltas justificadas en los 12 meses anteriores.

La única diferencia es que las bajas anuales en un caso se referenciaban al conjunto del absentismo de la empresa y con Rajoy, endureciéndola aún más, simplemente a las faltas individuales anuales. Dejando así de depender el despido de las bajas que hubiera en el conjunto de la empresa que hacían algo más difícil que se produjera el despido con carácter procedente.

Pero de fondo, la filosofía de atacar el mal denominado absentismo laboral, entendiendo que una baja por enfermedad justificada es un absentismo culpable por parte del trabajador y merecedor del despido, está en ambas reformas laborales. Lo que supone una agresión infame del binomio PP-PSOE al derecho humano básico de no perder el trabajo por haber enfermado.

Tras esa sentencia y como una auténtica cascada de despidos en las últimas semanas, se ha echado a la calle también por bajas justificadas por enfermedad a varias decenas de trabajadoras: trabajadoras de H&M, teleoperadoras de Adeco y Unísono, Limpiezas Sirkari, ICSA (una empresa del sector aeronáutico), Campofrío, etc. Es decir, despidos que afectan a empresas de distintos sectores, tanto de servicios como industriales y con personal precarizado o no, dado que hasta se ha despedido a delegados sindicales por estas circunstancias.

Además, estos despidos, tal y como señaló un voto particular contrario de una magistrada del Constitucional, afectan gravemente sobre todo a mujeres por sus propias condiciones de vida y de trabajo, doméstico y laboral, que incrementan estadísticamente sus dolencias físicas y mentales que les acarrean mayor nivel de bajas laborales.

También habría que añadir el posible incremento de despido por estas vías a los trabajadores de más edad, en general con más derechos y costes para el empresario, con lo que la patronal lo puede utilizar para “soltar lastre” y contratar trabajadores más jóvenes, más precarios y más baratos. Con el cinismo, añadido, en este caso que supone pretender extender la edad de jubilación mientras, por otro lado, se facilita el despido de estos trabajadores que acabarán siendo desempleados con edades avanzadas, lo que atacará duramente sus posibles pensiones, convirtiéndose al final de su vida laboral en parados de larga duración.

Incremento de descuelgues de los convenios

Otros ataques están viniendo también por la vía del incremento de los descuelgues de los convenios vigentes en muchas empresas. Lo permite el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Así, se pueden producir los incumplimientos de convenio colectivo por parte del empresario para las denominadas “condiciones sustanciales de trabajo”.

Es decir, el tuétano de los derechos laborales: salarios, jornadas, funciones, etc. todo ello por razones económicas, técnicas u organizativas. Un mero cambio en la organización de la empresa, por ejemplo, algo muy habitual simplemente por una modernización tecnológica, puede acarrear una modificación drástica de las “condiciones sustanciales de trabajo” de manera absolutamente unilateral y totalmente favorable a los intereses del empresario.

Lo cierto es que en las últimas semanas también se ha producido un incremento de estos incumplimientos de convenio, lo que es la primera vez que ocurre desde 2013 cuando nos encontrábamos en plena crisis económica. Aunque no se alcanzan ahora los 160.000 incumplimientos de 2013, sí que se incrementa progresivamente el número de descuelgues, todo ello en un período de crecimiento económico del 2% , uno de los mayores de la UE. Por cierto, que la reforma laboral de 2010 de Zapatero también abrió esta posibilidad, no solo la reforma iniciada posteriormente por Rajoy.

Según un estudio de CC. OO entre octubre de 2010 y febrero de 2019 hubo casi 10.000 descuelgues de convenio que afectaron a unos 350.000 trabajadores.

Todo ello, teniendo en cuenta que de algo más de 16 millones de asalariados que hay en el Estado español, solo 9,2 millones disponen de convenio colectivo. Es decir, que muchos trabajadores viven prácticamente en un régimen de incumplimiento permanente de sus derechos más esenciales.

Prácticas mafiosas laborales de Ryanair

El caso de Ryanair es muy significativo a este respecto. Este caso ha saltado a los periódicos recientemente por el comportamiento desvergonzado y mafioso de los gestores de esta famosa empresa de vuelos low cost.

Ha sido en Girona donde se ha impuesto, unilateralmente y mediante la amenaza de despido a los trabajadores, la renuncia a su antigüedad, cambios de la categoría laboral rebajándosela y, en consecuencia, aminorando el salario. Incluso, se les ha cambiado el contrato para pasarlos de fijos a tiempo completo a contratos fijos discontinuos. O lo que es lo mismo, nueve meses trabajando y tres cobrando el paro (el que tenga derecho a ello), con lo que eso implica de fuerte reducción salarial.

Además, todo bajo la amenaza de despido por un ERE y despido individual para el que no aceptase esas condiciones. Algunos, aunque aceptaron el chantaje, trataron de añadir una cláusula en el contrato de garantías jurídicas, por si luego iban a defender sus derechos a los tribunales, pero se les obligó a renunciar a esa posibilidad bajo amenaza de despido inmediato.

Todo ello, con la supuesta promesa de mantener la estación de Ryanair en Girona, como si eso fuera garantía de algo, visto lo sucedido en Canarias donde han dejado de ofrecer el servicio por completo. Y siendo Ryanair una empresa que se beneficia de cientos de millones en subvenciones públicas por mantener su actividad en muchos aeropuertos.

El Gobierno PSOE-Podemos: crónica de una decepción anunciada

La perspectiva de un Gobierno de coalición PSOE-Podemos en el que podemos está lavando la cara del social-liberalismo del PSOE, haciendo abstracción de toda su historia de ataques a los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo los últimos perpetrados por Zapatero, no aventura ninguna perspectiva favorable de fondo. Ni la derogación inmediata de las dos reformas laborales ni la recuperación efectiva de derechos laborales esenciales perdidos, no digamos a un posible avance de los mismos, parece encontrarse en su hoja de ruta.

Más allá de sus vagas promesas de un Sánchez que pasó de reivindicar la derogación inmediata de la reforma laboral de Rajoy sí llegaba al Gobierno, algo que no ha cumplido ni siquiera en los aspectos más suaves aludiendo a la “derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral”, no ha movido un solo dedo en esa dirección. El previsible nombramiento de Nadia Calviño como vicepresidenta económica, que se ha manifestado en todos los foros reacia a modificar ninguna reforma del Gobierno del PP en materia económica, también avalan esta imposibilidad.

Pero es que, además, el propio Podemos ha bajado las exigencias en este campo, como en otros muchos, para buscar el acuerdo, de modo que también desde el propio Podemos ya no hablan de derogar ninguna reforma laboral sino tan solo de los aspectos más lesivos de las mismas. Algo que alcanza un cinismo político inconmensurable puesto que, en todo caso, habría que derogar todos los aspectos lesivos de las reformas laborales, no solo los más lesivos.

Por todo ello, no se puede confiar en que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, ni en que los planes de las cúpulas sindicales de CC.OO y UGT, vaya a ofrecer una alternativa favorable a los trabajadores, derogando en su totalidad las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Por el contrario, consideramos que solo la lucha firme y unitaria de los trabajadores con un programa continuado de movilizaciones y huelgas, al ejemplo francés , permite abrir esa perspectiva de un modo más factible y permitirá revertir estos ataques a las condiciones y derechos esenciales de los trabajadores.






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