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EXTREMA DERECHA

¿Ilegalizar a VOX? ¿Pedirle al estado burgués que luche contra la extrema derecha?

Mientras la ultraderecha pone el turbo y los sobres hacia el 4M, se multiplican las propuestas de ilegalizar a VOX. No hay nada más peligroso que creer que puede utilizarse el poder punitivo del estado burgués para enfrentar a la extrema derecha. Toda medida que fortalezca al estado y su poder represivo contra las libertades democráticas, aunque pueda causarles molestias temporales a los fachas, será más temprano que tarde utilizada contra la clase trabajadora y sus organizaciones.

Martes 27 de abril | 23:30

Porque “no son demócratas”, por la Ley de Partidos, porque “en Alemania no se podría”, etc. La idea se extendió esta última semana entre voces de izquierda por redes y medios: ilegalizar a VOX.

El contexto es significativo: mítines de provocación con cargas en barrios obreros de Madrid en los que la policía actuaba como seguridad privada de VOX; envíos de cartas con amenazas de muerte en las que se colocaron balas de uso militar para el exvicepresidente Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y una navaja ensangrentada para la ministra de Industria, Reyes Maroto; o la salida del debate en cadena SER, después de que la candidata de VOX cuestionara la veracidad de las amenazas de muerte.

Este tipo de propuestas no surgen únicamente de los últimos días, sino que han sido objeto de debate durante décadas sobre cómo enfrentar a la extrema derecha y qué papel tiene el estado al respecto. Toda la izquierda “institucional”, desde el neorreformismo de Podemos e Izquierda Unida, hasta los social liberales del PSOE, plantean el debate en términos de oposición entre “democracia o fascismo”, frente a la cual el estado (neutral, sin apellidos ni adjetivos) sería garante de la democracia (neutral, sin apellidos ni adjetivos) frente a “los extremistas”, y el combate se daría a base de votos a partidos “democráticos”. Pero la realidad no es un libro de Ciudadanía de 3º la ESO.

No hay democracias ni estados neutrales sin apellidos, ni extremistas neutrales sin adjetivos que los califiquen. El estado y sus apariencias democráticas tiene de nombre Régimen del 78 y de apellido capitalista y heredero del franquismo. Y un estado no es neutral, es la herramienta fundamental que estructura, organiza y defiende los intereses de una clase sobre otra a través del monopolio de la fuerza.

Las apariencias democráticas que esconden el dominio de un puñado de capitalistas se pueden rasgar cuando hace falta usar la fuerza, cargar contra un piquete, torturar a un detenido, financiar el terrorismo de estado o alimentar a la extrema derecha. Cuando ya no se sostienen las tres verdades de la democracia burguesa, Libertad, Igualdad y Fraternidad; y llegan las de verdad: Artillería, Infantería y Caballería. Entonces, ¿a cuál de las tres últimas les quieres pedir que ilegalice a la extrema derecha, pero a ti no?

La vía para combatir a esta extrema derecha no pasa pues por el refuerzo de la capacidad punitiva del Estado que la integra como una de sus alas. Pasa por desarrollar un movimiento independiente que combata todas sus expresiones. Cuando se invoca que “en Alemania estaría prohibido” se olvida la importancia e impunidad de AfD y el terrorismo doméstico hacia refugiados que sacude el país en impunidad.

Sin embargo, cuando se pide el uso de la Ley de Partidos contra VOX es necesario un ejercicio de olvido del tamaño de 20 años de ilegalización de partidos políticos de izquierda en Euskalherria mientras se repartían palmaditas en la espalda a organizaciones neonazis. Si hacemos memoria de forma aún más corta en 2018 y 2019 primero el PP y luego VOX y Ciudadanos pidieron el uso de la Ley de Partidos para prohibir partidos como JxC, ERC, CUP, Bildu y todo el espectro político independentista.

Las medidas que fortalecen la capacidad punitiva del Estado terminan volviéndose contra la clase trabajadora y los sectores populares. En 1935 en Francia se aprobaron los decretos para la disolución de las organizaciones paramilitares. Se presentaron como una ley contra las ligas fascistas y contaron con el apoyo de los diputados estalinistas y socialdemócratas.

Esa ley se aplicó realmente contra los grupos de autodefensa de las organizaciones obreras, como los piquetes de huelga. De hecho, las leyes contra las ligas fascistas de 1935 fueron el corpus legal empleado por el general De Gaulle para la ilegalización de los grupos de extrema izquierda el 12 de junio de 1968. Ese día aprobó un decreto que ordenaba su disolución y comenzó la detención de sus principales dirigentes. Cuatro días más tarde desalojaba la Sorbona, epicentro del mayo francés, y entre el 17 y el 24 de junio lograba acabar con las últimas empresas en huelga ocupadas por sus trabajadores.

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Uno de los grandes peligros que abren las formaciones que se dicen de izquierdas y aplican políticas para salvar a los capitalistas de la crisis, no son sólo esas políticas, sino la desmovilización que generan, minando la confianza de la clase trabajadora en sus propias fuerzas y allanando así el camino a la extrema derecha. El objetivo de la extrema derecha no pasaría únicamente por conseguir cada vez más votos en las elecciones y gobernar, es una forma de contrarrevolución preventiva armada por la burguesía y con importantes bases en las fuerzas policiales y militares.

Estos días hemos visto como la extrema derecha avanza cuando se balancean hacia la derecha las políticas de la izquierda para evitar que les dispute el terreno, marcando así la agenda y generando una subjetividad que escora hacia la derecha y que, oh sorpresa, beneficia a la derecha. También avanza cuando es capaz de excitar a la parte de sus bases que usaría las balas en vez de enviarlas en cartas y no perder a los seguidores, pactadores y equidistantes que condenarían públicamente “la violencia” aguantando la risa y entre una nube de “peros”.

Mientras se desarma a la clase trabajadora de la movilización, se generan ilusiones de derrotar a la extrema derecha por la vía pacífica y electoral, y no mediante la lucha de clases, que es lo que hace falta. En tanto no avancemos en terminar con toda esta impunidad, la extrema derecha seguirá campando a sus anchas.

Los fascistas no sólo votan y no se frenan votando ni pidiendo que se ilegalicen. Cuando ante cada ataque y provocación ultraderechista la izquierda reformista llama a votar y desmovilizarse están llamando a esconderse y dejar vía libre. No todo el mundo puede esconderse mientras aumentan las agresiones racistas, LGBTIfóbicas y ultraderechistas. No todo el mundo cree que haya que desmovilizarse.

Si queremos frenar a la extrema derecha, debemos construir una izquierda que no respete punto por punto la orden del día de los capitalistas, una izquierda radicalmente distinta que pelee con una estrategia y un programa radicalmente distinto.

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