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Juan Carrique: “La nueva reforma laboral no mejorará la situación de la clase trabajadora”

El Consejo de Ministros aprobó poco antes de fin de año el decreto ley de la nueva reforma laboral acordada entre el Gobierno, las patronales de la CEOE y CEPYME y las burocracias de CCOO y UGT. Desde entonces hemos oído tanto voces críticas como en defensa de la nueva norma. Conversamos con Juan Carrique, abogado laboralista y asesor jurídico del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de CGT, quien nos ha dado su opinión sobre un tema que preocupa a la mayoría social.

Redacción Izquierda Diario

Viernes 7 de enero
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¿Cuál es tu valoración de la reforma laboral acordada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos?

El Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros supone una modificación del Estatuto de los Trabajadores, pero no deroga la reforma impuesta al mismo por la reforma laboral de 2012 aprobada por el Gobierno del PP, sólo modifica parcialmente algunos artículos del mismo. Tras el anuncio de la publicación se ha calificado el acuerdo como un “avance histórico” (CCOO) o un “cambio de ciclo” (PCE), pero realmente es difícil poder calificarlo así partiendo del contenido de dicho acuerdo, donde ya hace mucho tiempo, diríamos desde la constitución del primer Gobierno de Pedro Sánchez, ya se había renunciado a la opción de la derogación de la reforma del 2012 y se había sustituido por la anulación de sus aspectos más regresivos.

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Si la cuestión era la derogación de la reforma por considerar que la misma era lesiva para los trabajadores, el eliminar algunos aspectos de la misma no puede considerarse una victoria, ya que no se alcanza lo que pretendía y además se siguen manteniendo otros puntos igualmente lesivos.

Si hiciéramos una comparación entre el contenido de la nueva norma y la reforma laboral del PP en 2012, ¿existen diferencias destacables?

Es una buena pregunta, porque a la hora de valorar el alcance del contenido de la nueva reforma laboral debe partirse justamente de los objetivos que se alcanzaron en la reforma del 2012 y ver si la actual los ha desvirtuado o no. Y la realidad es que, visto globalmente, no lo ha hecho. La reforma del PP tenía tres objetivos básicos: abaratar el despido, devaluar los salarios y permitir la flexibilidad interna (cambios unilaterales de las condiciones laborales) y externa (despidos colectivos). Veamos cada uno de ellos:

En relación con el primer punto, el abaratamiento del despido, prácticamente no se ha tocado, salvo la derogación del despido objetivo por bajas médicas cortas, que fue eliminado al inicio de la legislatura, pero que numéricamente tiene escasa incidencia. No se ha vuelto a la cuantía de los 45 días por años de servicio del despido sin causa ni al pago de los salarios de tramitación, desde que se efectúa el despido hasta que se notifica al trabajador la sentencia declarativa de la improcedencia.

Respecto a la devaluación de los salarios, la reforma de la negociación colectiva, dos han sido las modificaciones acordadas: por un lado, la ultraactividad de los convenios, que había sido derogada pero parcialmente recuperada por la interpretación del Tribunal Supremo de la “contractualización” de las condiciones laborales derogadas por la finalización de la vigencia del convenio; y por el otro, la prioridad aplicativa de los convenio sectoriales respecto a los convenios de empresa exclusivamente respecto a los salarios. El resto de las modificaciones que introdujo la reforma laboral de 2012 se mantienen sobre la negociación colectiva, haciendo especial referencia a la vigencia de las cláusulas de descuelgue salarial; mecanismo que puede permitir que la prioridad aplicativa del salario fijado en el convenio sectorial quede en agua de borrajas, pues la empresa puede acudir al mecanismo de dicho descuelgue para que no se aplique ese salario y se mantenga en la práctica el del convenio de empresa.

Por último, respecto a la flexibilidad interna, no se ha hecho ninguna modificación en esta materia. Se mantienen la posibilidad unilateral de las empresas para imponer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o movilidades geográficas, sin haber restringido las causas en las que se permiten estos cambios unilaterales. Respecto de la movilidad externa, los despidos colectivos no han sido reformados, ni respecto a las causas ni respecto a los procedimientos para aplicarlas, siendo éste el principal mecanismo usado por las empresas para despedir a los trabajadores en la actualidad.

Lo único que habría que hacer referencia es la reforma de los ERTEs, mediante la introducción de los procedimientos y causas que ya se estaban aplicando en la legislación especial dictada por el Covid, y una nueva modalidad de ERTE, el “mecanismo RED” de flexibilidad estabilización, que se aplica para las empresas de sectores en crisis. Mediante este mecanismo lo que va a pasar es que se va a financiar el saneamiento de las empresas que se acojan a este tipo de ERTE con fondos públicos: las prestaciones de desempleo. Una de las grandes “lecciones” que sacaron la patronal y el Gobierno de su utilización masiva durante la pandemia.

Muchos defensores del Gobierno ponen de ejemplo la limitación a la temporalidad del empleo que implica la nueva norma. ¿Es esto así?

La temporalidad en el empleo ha sido una de las justificaciones de esta reforma laboral y a la que se dedica el grueso del articulado del Real Decreto. Pues bien, en esta materia hay una reforma de las modalidades de contratación temporal y de las normas que regulan el fraude de ley en este tipo de contrataciones. Es quizá donde se establecen normas jurídicas con mayor probabilidad de favorecer a los trabajadores temporales y perjudicar a las empresas, especialmente con la desaparición del contrato de obra o servicio determinado. Aunque ese tipo de contrato estaba siendo cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no por sentido social, sino porque permitía una competencia desleal de las empresas subcontratadas con otras, tesis que además habían sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en España.

¿Pero la precariedad laboral continúa?

Efectivamente. La reducción de los plazos para los contratos de circunstancias de la producción y la nueva regulación de los contratos fijos discontinuos refuerzan la situación del trabajador que los contrata, aunque sigue manteniendo una situación de inferioridad respecto a los trabajadores indefinidos, que no elimina la situación de precariedad.

La lucha contra la precariedad necesita de reformas legislativas y de la dotación de medios a la Inspección de Trabajo, pero sobre todo la implicación de los comités de empresas y secciones sindicales, pues sin implicación de éstos no se puede superar la situación de vulnerabilidad de los trabajadores temporales. Ello implica una actitud y ánimo de defender especialmente a estos trabajadores porque son los más expuestos a la arbitrariedad empresarial.

Y hay que reseñar que no hay ninguna medida práctica relativa a la brecha de género en materia de contratación temporal, cuando todos los indicadores muestran que son las más afectadas por este tipo de modalidades de contratación.

¿Pero habrá una mejora para la mayoría de la clase trabajadora con la nueva reforma o no?

Sin negar las mejoras respecto a la situación de los trabajadores temporales y fijos discontinuos, los más precarizados, respecto a los trabajadores fijos la nueva reforma laboral supone pocas mejoras concretas en sus derechos laborales. Pero ningún cambio legislativo va a cambiar la situación de los trabajadores si no es con la implicación y movilización de los mismos y, sobre todo, de las organizaciones sindicales, porque las empresas tienen múltiples mecanismos para impedir su efectiva aplicación.

Dicho de otro modo, es imposible hacer efectivos los escasos derechos recuperados si no hay un cambio de actitud por parte de las burocracias sindicales que dirigen los grandes sindicatos de este país. Y esto es algo que hace falta imponer “desde abajo”, porque es evidente que no va a cambiar “desde arriba”.

El carácter limitado y restringido de la reforma aprobada tiene que ver con el clima de paz social y desmovilización en el que la misma se ha fraguado. Sin movilización y presión a la patronal y al Gobierno es imposible negociar derechos y mejoras para los trabajadores. O sea, no se puede atraer a la patronal mediante el consenso. La experiencia de años de acción del movimiento obrero demuestra que la patronal no acepta más acuerdos favorables a los trabajadores que los que se le imponen por la lucha en la calle y en los centros de trabajo.

Visto desde esa óptica, la batalla contra la reforma laboral ni siquiera ha comenzado aún…

¡Claro! No se puede dar por terminado el episodio la lucha por la derogación de la reforma laboral porque el Gobierno PSOE-UP Podemos haya aprobado una nueva reforma laboral, ya que estrictamente no ha habido ninguna lucha ni se ha derogado nada. Lo que se impone es que todos los sectores que consideran que la reforma no cumple los objetivos, tanto de la izquierda sindical como los sectores disconformes dentro de CCOO y UGT, deberían hacer una fuerte campaña de información sobre la misma y sus limitaciones, exigiendo a las burocracias sindicales mayoritarias que llamen a la movilización para derogar de verdad la reforma del 2012.

En mi opinión, el día que tenga lugar la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, los sindicatos que se reivindican combativos como CGT y otros de la izquierda sindical deberían llamar a concentrarse frente al Congreso exigiendo la derogación completa de la ley.

Y una última cuestión, creo que también debería exigirse a ERC y Bildu, que formalmente se pronunciaron a favor de la derogación de la reforma del 2012, que presenten enmiendas explicitas de derogación y que en caso de no ser recogidas por el Gobierno -que es obviamente lo que va a suceder- que se posicionen en contra de la estafa que representa la nueva reforma.

Todo esto lo planteo no porque tenga ninguna confianza en que desde esa cueva de ladrones que es el Parlamente pueda salir una norma a favor de la clase trabajadora, sino como parte de la necesaria tarea de desenmascarar esta democracia que funciona solo para los ricos y los empresarios, para que la clase trabajadora vuelva a confiar solo en sus propias fuerzas.


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