Cultura

LEY MORDAZA

Juicio contra César Strawberry de Def con Dos, continúa la caza de Brujas

Tras el escándalo de los Titiriteros y la investigación contra los raperos granadinos Ayax y Prok, la Audiencia Nacional abre juicio oral contra Cesar Strawberry, cantante de Def con Dos, por “enaltecimiento del terrorismo” y "humillación a las víctimas"

Clara Mallo

Madrid | @ClaraMallo

Viernes 12 de febrero de 2016 | 20:13

La fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el cantante veinte meses de cárcel, ocho años de inhabilitación absoluta y dos de libertad vigilada por el contenido de seis tuits y un retuit lanzados por el artista desde su cuenta personal de twitter. La Fiscalía, dirigida por Javier Zaragoza, es la misma desde la cual se reabrió la querella contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, también debido a unos tuits, y la misma que pidió la prisión incondicional para los titiriteros.

Estos casos constituyen operaciones contra la libertad de expresión que buscan de manera masiva e indiscriminada acusar sin la existencia de un delito previo. Muchos de estos casos son archivados tras la declaración de los acusados. Pero ahí entra en juego la fiscalía que trata de manera selectiva de llevar algunos de ellos hasta sus últimas consecuencias. Una auténtica caza de brujas que primero lanza la red y luego elije el mejor pescado. Es el caso de lo que ha sucedido con el cantante de Def con Dos que fue detenido en mayo de 2015 en Madrid dentro de la tercera fase de la Operación Araña de la Guardia Civil contra el "enaltecimiento del terrorismo" y la "humillación a las víctimas" en Internet. El cantante quedó en libertad tras declarar, pero ahora la Audiencia Nacional acaba de dictar la apertura de juicio oral a petición de la fiscalía.

La primera Operación Araña tuvo lugar en abril de 2014, la segunda en noviembre del mismo año y con la tercera van más de setenta detenidos. Estas operaciones tienen como objetivo detener a personas que expresan supuesto ’enaltecimiento del terrorismo’ en internet, pero no solamente eso. En la acusación a Strawberry también se incluía un tuit sobre la corona, aunque finalmente su inclusión fue desestimada. Una operación ílegal incluso para el derecho democrático burgués que prohibe ’la caza’, o investigación prospectiva. A través de este tipo de operaciones buscan reprimir a amplias capas de la sociedad.
El ’enaltecimiento del terrorismo’ es la principal acusación aparecen en este tipo de operaciones masivas. Una acusación de ’provocación indirecta’ que abre paso a jueces, policía y demás fuerzas represivas y coercitivas para que generen ’a la carta’ el propio enemigo del sistema. El aparato judicial al servicio del Estado despliga todas sus herramientas, hasta las más absurdas, para construir este enemigo, o mejor dicho, para legalizar su represión. Todos somos enaltecedores de algo para este sistema represivo, lo que da la posibilidad de acusar, juzgar, reprimir y encarcelar a cualquiera que exprese su descontento con el régimen y las políticas que descargan la crisis sobre los trabajadores y sectores populares.

Los casos de Títeres desde Abajo, César Strawbery y los raperos de Granada no son los únicos. Desde que la juventud, los trabajadores y demás sectores populares irrumpieron contra este Régimen político, el gobierno del PP ha iniciado una brutal campaña represiva y de criminalización que tiene como principal objetivo alimentar y justificar sus políticas represivas. En este contexto, el uso de ’enaltecimiento del terrorismo’, acusación que comparten muchos de los acusados en los últimos años, es el perfecto comodín para el estado aunque no el único.
La represión no es algo nuevo en el sistema capitalista pero hoy vivimos un momento en el que el Régimen del 78 está siendo cuestionado por amplios sectores de la juventud y de los trabajadores. Ante esto el gobierno ha desplegado una política abiertamente represiva y contra toda libertad de expresión.

Vivimos en una suerte de Gran Hermano que busca crear un enemigo contra el que justificar su política represiva y así salvaguardar los intereses del régimen en el que el derecho cumple la función de proteger las condiciones que aseguran la continuidad del propio sistema capitalista.






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