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Juicio del procés: el Tribunal pretende no leer públicamente la sentencia

La Sala es partidaria de no hacer una lectura pública de la sentencia, inicialmente programada para el 16 de octubre, sino dar a conocer el resultado antes sin dar las razones de la sentencia. El tribunal cierra filas en torno a la represión al derecho a decidir del pueblo catalán.

Jorge Remacha

Lunes 9 de septiembre de 2019
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La ley española permite mantener al reo en prisión provisional durante dos años sin juicio previo. El 16 de octubre de 2019 es la fecha límite para la celebración del juicio de procés, al cumplirse dos años del encarcelamiento de los presos políticos catalanes. Así mismo, la ley tampoco obliga a comunicar la sentencia a los propios condenados o a hacerla pública.

Junto al sinfín de irregularidades jurídicas que ha hilado el juicio al procés durante meses, el Régimen del 78 tiene en su ADN pleno fundamento legal para reprimir el derecho de autodeterminación, la protesta social o los derechos laborales. Se trata de una sentencia tomada de antemano contra las libertades democráticas de forma ejemplarizante para todo el Estado español.

No habría lectura pública de la sentencia, pero ¿a qué temen los jueces del TS? Los delitos de sedición o rebelión no tienen jurisprudencia ni antecedentes en la justicia española, por lo que el tribunal tendría que explicar la sentencia. Y es que la propia explicación de la sentencia es la explicación detallada de un atropello múltiple a las libertades democráticas, en base a extractos seleccionados de forma arbitaria.

Además del traslado de los presos políticos, el juicio podría desencadenar la emisión de nuevas euroórdenes de detención para los exiliados, incluyendo a Puigdemont. El pasado 12 de junio quedaban vistos para sentencia por el Tribunal Supremo los casos del exvice president de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, junto a los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía los acusaba a de delitos de rebelión y malversación por la celebración del referéndum del 1-O y los días previos, y pide para ellos penas que van de los 16 hasta los 25 años de cárcel.

Antes de que el tribunal dictara sentencia, el juicio había durado 52 sesiones en las que han pasado por el tribunal más de 600 personas entre testimonios y técnicos, dando por concluido un juicio que desde su inicio se ha demostrado como una farsa en la que, sistemáticamente, Fiscalía y abogacía del Estado se han ridiculizado a sí mismas intentado meter con calzador las acusaciones de rebelión y sedición durante el 1-O y los días previos, así como también en el caso de la proclamación de la república el 27-O, y del que sólo falta saber si las penas serán por uno u otro delito; pero, sin duda, la sentencia de prisión para la mayoría de los acusados ya está tomada.

En estos cuatro meses hemos asistido a la judicialización del mayor conflicto que ha tenido el Régimen del 78 sobre su mesa desde su instauración, y que lo único que ha buscado en todo momento ha sido la desarticulación del movimiento democrático catalán por la vía penal.

Pero este juicio es solamente la cúspide de una ofensiva españolista reaccionaria contra las aspiraciones democráticas de millones de catalanes que se inició mucho tiempo atrás, y que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española se agravó exponencialmente.

Un juicio que, a su vez, pone en la picota los derechos y las libertades democráticas, puesto que las detenciones de activistas independentistas y sus consiguientes causas judiciales siguen abiertas, o están aún por llegar.

Si llamar a la calma a las masas movilizadas, tal y como hicieron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20S de 2017, sienta precedente como delito de rebelión o de sedición, ¿qué no les puede pasar a los pensionistas, al movimiento feminista o a la juventud precarizada cuando se manifiestan en las calles? La sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas presos está ya tomada y afectará, sin duda, al conjunto de las libertades democráticas.

A escasas semanas de que se dicte la sentencia del Tribunal Supremo contra el independentismo catalán tendrá lugar la manifestación de la Diada. El movimiento democrático catalán afronta esta tradicional fecha de movilización en el mismo marco represivo instalado por el Estado desde el otoño de 2017. Pero llega también atravesado por la crisis y división en el seno de la dirección procesista y una importante desmovilización.

Es por ello que es necesario que el movimiento independentista catalán levante una hoja de ruta totalmente independiente de los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía catalana; pero también se torna sumamente importante que se ligue la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya con el resto de las demandas sociales más sentidas, y que, junto a los diferentes sectores populares y la clase trabajadora de Catalunya y el resto del Estado, enfrentemos el curso reaccionario de este Régimen podrido.

Es urgente el desarrollo de una movilización social independiente poniendo al servicio de ésta todas las posiciones institucionales de la izquierda independentista y avanzar en constituir un polo que agrupe a todos los sectores que quieren combatir por el derecho a decidir, pero también contra la precariedad, los despidos, el problema de la vivienda o la lucha por los servicios públicos.


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Jorge Remacha

Nació en Zaragoza en 1996. Graduado en Historia en la Universidad de Zaragoza. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español y en la agrupación juvenil Contracorriente.

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