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La CUP insiste con reconstruir una “unidad estratégica” con un procesismo que ya es parte de la restauración autonómica

La CUP tiende la mano a un procesismo cada vez más inserto en el proceso de restauración autonómica impuesto desde el Estado. La necesidad de una hoja de ruta de independencia de clase que ligue la lucha por el derecho a decidir con un programa para que esta crisis la paguen los capitalistas.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Jueves 1ro de octubre | 10:31

Un intento de consolidar la restauración autonómica

Cuando se cumplen 3 años del referéndum del 1 de octubre, las tendencias restauradoras del orden autonómico en Catalunya han vivido esta semana un importante paso adelante. La inhabilitación del president de la Generalitat afianza los intentos de cerrar y enterrar la que ha sido la principal afrenta al Régimen del 78, el movimiento democrático catalán.

La Judicatura liquida el Govern independentista salido de aquellas elecciones impuestas por el golpe del 155, las del 21D, en las que la apuesta del régimen salió derrotada. Esperan ahora que de las elecciones previstas para febrero de 2021 pueda salir un nuevo Govern que cristalice el nuevo orden posprocesista.
Bien sea mediante una coalición soberanista que abandone definitivamente, hasta en la retórica, la defensa del derecho a decidir, o bien mediante un nuevo gobierno con la etiqueta de “progresista” que con la ayuda de ERC y los Comunes sellen el fin de una década de reivindicaciones democrático-nacionales.

El procesismo se prepara para ser parte de esta restauración

La inhabilitación es pues una pieza clave de este proyecto restaurador. Es un golpe más, y no cualquier golpe, de la escalada represiva que arrancó con fuerza hace ahora 3 años y que se ha convertido en un nuevo “consenso” de los partidos del régimen, incluido Unidas Podemos que acata la sentencia desde el Consejo de ministros.

Pero el rol que los partidos “procesistas” han jugado, y siguen jugando, es también un elemento fundamental para este retorno a la normalidad autonómica, por más que hoy sean ellos el objeto de la represión o que Torra, en sus discursos de despedida, vuelva con frases y sentencias grandilocuentes que en nada se corroboran con sus casi tres años como president.

La CUP insiste en tender la mano a quienes se han demostrado un obstáculo insalvable

La CUP viene denunciando este curso, pero más allá de las críticas correctas a los dirigentes procesistas y su acatamiento sin resistencia de este último golpe, se sigue manteniendo una política de mano extendida que se concreta en la oferta de encontrar un nuevo marco común que restablezca una “estratégica compartida” del independentismo, como planteó su diputado Carles Riera en la sesión extraordinaria de este miércoles en el Parlament.

Riera defendió que hace falta un “acuerdo nacional y político”, para construir una nueva unidad de acción del independentismo que lleve a un nuevo embate que “fuerce al Estado a aceptar una resolución democrática”.

Este retorno a la mano extendida se hace en el momento en que estos agentes son hoy los responsables directos de la catástrofe social que está golpeando a la clase trabajadora y los sectores populares. Unos partidos responsables del vaciamiento de la sanidad, que han tratado con guantes de seda a la patronal sanitaria y de las residencias, responsables de miles de muertos, que se niegan a garantizar recursos para un retorno seguro a las aulas, envían a los Mossos para desahuciar familias vulnerables y que dejan hacer a las empresas para que se descargue esta crisis sobre nuestros hombros, como hemos visto en Nissan.

Pero además parece como si se olvidaran que tanto ERC como el PDECAT jugaron un rol fundamental en hacer fracasar el embate de 2017, trabajando conscientemente para que la enorme movilización social que hizo posible el 1-O y la huelga del 3-O quedara desactivada y paralizada. O que los tres años que nos separan que aquel otoño han sido una sucesiva escalada de retorno y aceptación de la legalidad autonómica recortada.

La destitución de Torra y su aceptación sin la menor resistencia, asumiendo la vicepresidencia Pere Aragonés y preparándose las próximas elecciones autonómicas de febrero, es parte de esta aceptación. Una aceptación que es compartida por las principales entidades soberanistas, que ni si quiera, a pesar de ser un ataque que tenía fecha de ejecución, han preparado el más mínimo plan de movilizaciones para enfrentarlo.

No habrá derecho de autodeterminación de la mano de la burguesía independentista

Acatamiento de la represión y desmovilización, estas son las dos claves en las que el procesismo viene moviéndose desde el otoño de 2017. Más allá de discursos encendidos y gestos simbólicos, tanto los herederos de los convergentes como los republicanos vieron con pavor la posibilidad de que la lucha por el derecho de autodeterminación pudieran encender un proceso de movilización social que llevara a un choque con el Estado y abriera la posibilidad de una conquistas “por abajo” este derecho democrático.

Riera dice que 2017 demostró que hará falta una “revuelta popular” para conseguir la “ruptura democrática”. Lo que parece no registrar es que precisamente es ese escenario el fantasma que rehuyen a toda costa los representantes históricos de las grandes familias y empresas catalanas. Consecuentemente, concebir que no hay otra vía que reeditar una alianza estratégica con ellos, es tanto como asumir que volverán a jugar el mismo papel de obstáculo y desvío que entonces.

La respuesta represiva a las movilizaciones contra la sentencia, con los Mossos d’Esquadra actuando codo a codo con la Policía Nacional, fue la mejor constatación de que hay una voluntad firme de retornar a una normalidad institucional dentro del régimen y, desde ahí, intentar conseguir por arriba una relajación de la represión que, ni con esas, llega.

Que ante este curso restauracionista la izquierda independentista siga insistiendo en una política de alianza y conciliación con uno de los agentes de la misma, la incapacita para poder poner los cimientos para una alternativa a la bancarrota del procesismo.

Si algo dejo claro el 2017 y la década de reemergencia de la cuestión catalana, es que los representantes políticos de la burguesía y pequeñoburguesía independentista no son aliados para la ruptura con el régimen, la conquista del derecho a decidir, ni mucho menos para resolver los grandes problemas sociales de los que ellos son los responsables directos en Catalunya.

Hace falta una alternativa de independencia de clase

Es imprescindible construir una alternativa que parta de la más absoluta independencia política y de clase. Se necesita una izquierda dispuesta a pelear hasta el final por las demandas democráticas pendientes, y que sepa distinguir algo tan elemental como quien son aliados y quienes obstáculos.

Es necesaria una izquierda que rechace todas las ilusiones en la conquista del derecho a decidir de la “ley a la ley, la negociación con el Estado o la intervención de la comunidad internacional. Que asuma que para poder conquistarlo efectivamente será necesario hacerlo sobre las ruinas del Régimen del 78, y que esto requiere poner en marcha una movilización social con la clase trabajadora al frente y aliada a la del resto del Estado.

Estas coordenadas, que aparecen relativamente en el discurso de la CUP, no se corresponden con una hoja de ruta para hacerlas posibles. Una hoja de ruta así es incompatible con la búsqueda de una nueva “unidad estratégica” con quienes han demostrado temer mucho más a una movilización de este tipo que a la misma represión del Estado, aún cuando ésta recae sobre ellos mismos.

Si hoy la movilización está bloqueada, no es por la falta de voluntad de las clases populares catalanas de continuar luchando por el derecho a decidir, sino por la pasivización impuesta por estas mismas direcciones frente a la represión del Estado central, traicionando las demandas del 1O y acatando las principales decisiones e imposiciones del búnker del 78.

No es con los partidos procesistas con quienes se debe buscar la alianza, sino pensar en qué política y con qué programa se puede lograr lo que faltó en 2017, una intervención central y hegemónica de la clase trabajadora catalana y la solidaridad y lucha en común del resto de sectores obreros y populares del Estado.

La CUP defiende que el nuevo embite por el derecho a decidir debe estar íntimamente ligado a resolver los grandes problemas sociales derivados de la crisis económica y sanitaria. Critican la gestión del govern de JxCat y ERC, responsables del aumento de la precariedad y la desigualdad. Pero entonces ¿cómo pueden ser ellos socios necesarios para reprender la lucha por el derecho a decidir junto a un programa que haga pagar esta crisis a los capitalistas?

Ligar la lucha por el derecho a decidir y acabar con el régimen heredero del Franquismo, con imponer un programa que ataje la crisis sanitaria, social y económica sobre los beneficios y privilegios de los capitalistas, no puede hacerse desde ningún “acuerdo nacional” con los partidos que defienden abiertamente los intereses de las grandes empresas y familias catalanas.

La CUP se prepara para concurrir en las elecciones de febrero y está en una disyuntiva definitoria. O lleva hasta el final las lecciones del 2017, rechaza el retorno a las ilusiones de la “unidad popular” con todo el independentismo y se propone construir un polo de independencia de clase y anticapitalista, o bien insiste en la política de la “mano extendida” que, en el marco restaurador del que el procesismo quiere participar, puede conllevar a un curso similar al recorrido ya por la izquierda abertzale, hoy ubicada como la pata izquierda del régimen autonómico vasco y dispuesta incluso a ser parte de un gobierno “progresista” vasco con el PSE y Podemos.






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