Sociedad

EL NEGOCIO DE LA SANIDAD PRIVADA

La Comunidad de Madrid paga el triple que Andalucía a la sanidad privada por camas y UCIs

Los datos de la Junta de Andalucía indican que pagan entre tres y cuatro veces menos a la sanidad privada por los servicios de UCI y de camas por enfermos de Covid frente a los gastos que esto produce a la Comunidad de Madrid.

Roberto Bordón

@RobertoBordon13

Sábado 6 de febrero de 2021 | 10:25

La Junta de Andalucía ha acordado un precio con la sanidad privada para el traslado de algunos pacientes pluripatológicos de hospitalización convencional y en algunos casos para el traslado a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En los primeros casos, la Junta pagará 178 euros al día y en el segundo 750 euros. Unas cifras que han ganado peso al compararse con las de la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de Ayuso, protagonista de diversos escándalos sanitarios, entre los que destaca la chapuza del hospital Zendal. En este caso al comparar los gastos con Andalucía, se ha visto que los madrileños pagan el triple o el cuádruple a la sanidad privada por los mismos servicios que en Andalucía. Es decir, cada cama en la sanidad privada le cuesta 734 euros al día a la Comunidad de Madrid y en el caso de la UCI se eleva a 2.084 euros.

Unas cifras que son escandalosas en el caso de ambas Comunidades Autónomas, pero que en el caso de la capital del Estado se extreman hasta el absurdo. Y decimos absurdo porque en el caso madrileño, el gran proyecto de Ayuso, el hospital Zendal, se encuentra inserto en una serie de casos más propios de una telenovela que de unas instalaciones preparadas para afrontar una pandemia mundial, mientras la presidenta se dedica a atacar a las trabajadoras y trabajadores sanitarios para cubrir su nefasta politica. El PP madrileño parece estar más atento a precarizar aún más las condiciones de las trabajadoras de la sanidad que a resolver una crisis sanitaria de la que todavía no se ve la luz al final del túnel.

Y es que se cree el ladrón que son todos de su misma condición, ya que mientras Ayuso acusa a las trabajadoras de robar material sanitario y boicotear su proyecto estrella, el hospital Zendal, la realidad es que el Ejecutivo madrileño estaba más pendiente de desviar beneficios al sector privado, tratando de privatizar aún más servicios relacionados con la Sanidad Pública. Una política que no es nueva en el PP madrileño ni que es ajena a la ejercida por la burguesía española en el conjunto del territorio. De hecho, en Andalucía la política a seguir a excepción de estas transacciones no ha distado mucho del PP madrileño, centrándose en las multas más que en reforzar a la sanidad pública. Teniendo escándalos también como en Granada, donde culpaban a las estudiantes de la expansión de la pandemia mientras protegían a la hostelería y la libraban de cualquier responsabilidad.

Ni un euro para la privada: La solución se encuentra en manos de la clase trabajadora

A única política favorable a las clases populares en esta situación es no ni un euro a la sanidad privada, sino su expropiación y control bajo organismos de auto-organización de las trabajadoras. Esa debería haber sido la política y la noticia desde marzo de 2020.

Los distintos gobiernos a nivel estatal y autónomico han tenido una gestión de la crisis del Covid-19 que ha respondido de principio a fina a los intereses de los capitalistas, es decir, la protección de los beneficios privados que a una gestión científica y sanitaria de la pandemia mundial.

Esto revela que más allá de la maldad o estupidez de ciertos individuos en cargos de dirección política, el sistema capitalista en su conjunto es incapaz de gestionar este tipo de situaciones de forma que la mayor parte de la población no sea víctima de sus políticas. Por tanto, es necesario levantar un programa alternativo desde la clase trabajadora, que ponga la salud en el centro de las políticas y que plantee una serie de medidas para afrontar la crisis sanitaria, social y económica a la que nos enfrentamos.

Un programa que revierta la lógica del beneficio privado y la acumulación del capital y ponga sobre la mesa una serie de medidas de emergencia como el refuerzo de la sanidad pública, la prohibición de despidos y de desahucios, una renta de emergencia o una mejora del transporte público, así como la liberación de las patentes y la expropiación de las grande empresas farmacéuticas, entre otras medidas, que sí sirvan para mejorar las condiciones de vida de la población al mismo tiempo que se plantea la organización social en manos de las trabajadoras.

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